El distanciamiento entre el Gobierno y Junts sigue siendo patente en materia laboral. Después de la reunión de este jueves en el Ministerio de Trabajo y Economía Social entre la vicepresidenta segunda y ministra del ramo, Yolanda Díaz, y la portavoz parlamentaria de los neoconvergentes, Míriam Nogueras, para abordar la posibilidad de que los catalanes retiren su enmienda a la totalidad contra el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral, fuentes de Junts trasladaron que ambas posiciones siguen estando "en las antípodas". Ello impediría que el próximo 22 de julio en un pleno extraordinario del Congreso de los Diputados, donde se abordarán otros asuntos, se pueda dar el primer paso para tramitar la reducción de 40 a 37,5 horas la jornada semanal como pretende Trabajo.

PUBLICIDAD

Sin renunciar a sentarse próximamente con la vicepresidenta y su equipo negociador, desde Junts trasladan que si se sigue insistiendo en las mismas posiciones, carece de sentido seguir negociando. Esas fuentes consultadas aseguran que no ha habido ofrecimiento de nuevas contrapartidas. Ya se habló en su momento de la posibilidad de que Díaz pusiese sobre la mesa ayudas directas a las pequeñas y medianas empresas, cuyo futuro le preocupa a Junts si se llega a aprobar esta ley. "Es complicado convencernos", insisten.

En Junts, como también se indica en la exposición de motivos de su enmienda a la totalidad, se considera que los autónomos y las pymes catalanas van a ser especialmente afectadas si se legisla la nueva norma. Los de Carles Puigdemont determinan que "el registro de control horario es un problema" porque "limita al autónomo y a las pymes", a diferencia de las grandes empresas que no son tan mayoritarias en la región. Este asunto es el principal para Sumar, más allá de la propia reducción de la jornada, que ya lo aplican desde hace tiempo multitud de empresas por sus propios convenios.

Junts considera que el registro de control horario para evitar las horas extra no remuneradas entorpecen a las pymes y las empujan al cierre en Cataluña

En Junts cuestionan que al Gobierno, al menos a la parte de Sumar, le interesa diferenciar a los trabajadores de los propietarios de las propias empresas. "Ellos también son trabajadores". Aseguran que el escenario que dibuja la ley está muy alejado de la realidad catalana. Y, además, desde el partido independentista se arremete contra Díaz por no haber negociado el asunto no solo ya con la patronal catalana, sino con todos los agentes sociales de la comunidad. "Se ha limitado a los agentes sociales españoles, se ha hecho una ley sin tener en cuenta a Cataluña". De haberlo hecho, creen, se habría advertido que la limitación horaria para que no se acumulen horas de más no retribuidas "empuja al cierre" a muchas empresas como pueden ser los comercios. La ley "es nociva" para el tejido de producción catalán, sentencian.

Optimismo en Sumar

También en las antípodas se situó la vicepresidenta Díaz a la salida del último pleno del Congreso en este ciclo ordinario de sesiones, y solo con la comparecencia de Pedro Sánchez sobre corrupción y la agenda internacional el día 9 de julio, así como ese pleno del 22, por delante. La líder de Sumar en el Gobierno aseguró que el encuentro se enmarcó en la cordialidad y que resultó "muy positiva". Pese a la postura que manifiestan en Junts, la gallega está convencida en que puede aprobarse para seguir su tramitación parlamentaria.

Díaz está en disposición de llevar a ese pleno extraordinario la votación independientemente de si cuenta con los apoyos o no. En su partido también lo contemplan así, y aunque remarcan que hay total convicción por parte del PSOE, fuentes socialistas y en el entorno del Gobierno se valora la posibilidad de retirarla si se acredita el veto de Junts, para no tirar a la basura el trámite, seguir negociando de cara a septiembre y evitar una derrota parlamentaria antes de las vacaciones de verano. Junts, se limita a esperar a que se confirme esa jornada como fecha de la votación. Sobre si Sumar está en disposición de someterla a voto en el pleno, afirman que "ellos sabrán si están en condiciones, si tienen los votos o no".

Como publica este jueves El Independiente, en Sumar ya preparan el terreno discursivo para enfrentarse a la posibilidad de que el texto decaiga y se tenga que volver a registrar. De ser así, se apostará por dar la batalla cultural a la derecha, y también cuestionar al PP por negarse a validar la ley cuando por otro lado apuestan por la "conciliación".

Díaz estudia una alternativa a la ley vía real decreto ley: incluir por ese mecanismo el endurecimiento del control del registro horario

Lo cierto es que los populares quieren que cualquier modificación de la realidad laboral se haga de la mano de la patronal, y no solo con los sindicatos. También lo pide Junts, que pese a todo cree que todo el texto debe desecharse. "Se debe empezar de cero, poniendo el foco en el abstencionismo laboral", ejemplifican en Junts. La ley cuenta con el apoyo de UGT y CCOO, que pidieron a Díaz acelerar el trámite para que se empiece a trabajar en ella desde septiembre en la Comisión de Trabajo. En contra están la CEOE y Cepyme.

De no prosperar, en Trabajo valoran la posibilidad de recurrir a la figura del real decreto ley para sacar adelante de inmediato una de las tres patas del proyecto, además de la rebaja horaria y la desconexión digital. En concreto ese refuerzo del control horario y el aumento de las sanciones por incumplirlo. Díaz ya abrió la puerta a ello hace tres semanas. Sumar tiene el apoyo de los sindicatos para ello, para combatir las horas extra no remuneradas.

PUBLICIDAD