El auge del true crime como género mediático –con su promesa de relato basado en hechos reales, su tono confesional y su impacto emocional– ha convertido a asesinos y víctimas en materia prima narrativa. Pero ¿dónde está el límite? ¿Quién decide si un criminal puede contar su historia, y en qué condiciones? ¿Y qué papel deben tener las víctimas en esa decisión?

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Estas preguntas han centrado este lunes uno de los debates más tensos del curso de verano sobre true crime celebrado esta semana en San Lorenzo de El Escorial organizado por Newtral, con la participación del periodista Carles Porta, el guionista David Oriol y responsables de ficción de plataformas como Netflix y Movistar+. El detonante: la posible reforma del Código Penal que baraja el Ministerio de Igualdad para impedir que los asesinos por violencia vicaria difundan su versión de los hechos a través de libros o productos audiovisuales. En el fondo, una polémica aún abierta por el libro El odio, en el que Luisgé Martín reconstruye el caso de José Bretón, condenado por el asesinato de sus dos hijos en 2011.

Carles Porta, uno de los rostros más visibles del género en España gracias a Crims, ha advertido contra la tentación de legislar "al dedillo de alguien". "Vivimos en una época muy exagerada, muy visceral. Nos movemos demasiado a golpe de titular. Hay que calmarse y aplicar más sentido común", reclamó. Para Porta, el error de El odio no fue legal sino ético: "Alguien no tuvo en cuenta a la víctima. Eso es un error. Pero no podemos legislar sobre los errores".

"La ficción puede sanar"

Más matizado se mostró David Oriol, que abogó por algún tipo de regulación que ayude a clarificar los límites. "Los creadores vamos a perder una fuente, sí, pero hay casos en los que una legislación clara serviría de apoyo. Las víctimas tienen derecho a no sufrir más daño. Y la publicación del libro de Bretón puede entenderse como una forma de extender la violencia vicaria más allá del propio acto, que ya fue terrorífico", explicó. Oriol también llamó la atención sobre el riesgo de ocultar aspectos relevantes del caso si se prohíbe de forma tajante la voz del victimario.

Desde el ámbito de las plataformas, el discurso fue más enfático. Verónica Fernández, directora de ficción de Netflix España, aseguró que la compañía "nunca paga por el testimonio de un asesino" y puso como ejemplo el caso de Rosa Peral, condenada por el crimen de la Guardia Urbana e inspiración de El cuerpo en llamas. Según Fernández, existe un equipo interno que supervisa los contenidos sensibles y valora su impacto desde el punto de vista legal y ético.

El exdirector de ficción de Movistar+, Domingo Corral, resumió su postura con una máxima sencilla: "El true crime no puede causar más dolor del que ya han sufrido las víctimas". Y añadió: "La ficción puede tener un efecto sanador. Lo importante es no generar más sufrimiento. Si acaso, aliviar".

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