La fecha en el horizonte era clara, el próximo miércoles 23 de julio se celebrará un pleno monográfico para terminar de dar un empujón a la treintena de nombramientos que quedan pendientes en la cúpula judicial. Entre ellos, hay dos que son especialmente sensibles y que llevan encallados desde hace más de siete meses: la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo --que investiga a los políticos aforados y revisa todas las causas penales de España-- y la Sala de lo Contencioso-Administrativo --que respalda o revoca decisiones y nombramientos del Gobierno. Los miembros conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dieron un golpe en la mesa en las últimas semanas y amenazaron con romper cualquier tipo de negociación a la vuelta de verano si los progresistas no cedían en estos dos puestos. La renuncia de las magistradas Ana Ferrer y Pilar Teso allana el camino del pacto, aunque nadie lo da por hecho.

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Este jueves la primera jueza en integrar la Sala Segunda del Tribunal Supremo remitió una carta a la presidenta del CGPJ y del alto tribunal, Isabel Perelló, en la que anunciaba su intención de dar un paso a un lado para evitar el descrédito de la justicia ante el prolongado bloqueo. "Dado el tiempo transcurrido sin que la convocatoria se haya resuelto y ante la incapacidad de ese Consejo para aunar los consensos necesarios a favor de algunos de los dos candidatos en liza, el mismo interés de servicio público que me animó a presentarme a la convocatoria, me anima ahora a renunciar", rezaba la misiva. "Ninguna de las Salas de este Tribunal, pero menos aún la Sala Segunda dada la naturaleza de los asuntos que conoce, merece perpetuar su funcionamiento con una presidencia en funciones", añadía.

La decisión, en realidad, estaba tomada desde la noche anterior, según aseguran fuentes conocedoras de esta intrahistoria. Por eso, no fue casualidad que la candidata progresista a la Sala Tercera eligiera el mismo camino y aunque no lo formalizó el jueves con una carta, ella misma confirmó que se retiraría también.

Los vocales negociadores de cada grupo se habían reunido la noche anterior y los conservadores habían reiterado su oposición cerrada a apoyar ninguna de las dos candidaturas. "Dimos de plazo hasta el 23 y si no rompíamos la baraja", explican citadas fuentes. "No podíamos llegar al verano sin esos nombramientos. Es un acto de sentido común".

El grupo de los dos miembros del CGPJ elegidos por el PP había transmitido a la presidenta Perelló que si no había acuerdo pondrián las cosas muy difíciles en septiembre cuando hubiera que renovar, por ejemplo, todas las comisiones de las que se compone el Poder Judicial. Al inicio de su mandato el pasado año todos convinieron en que los grupos de Asuntos Económicos, Igualdad, Calificación, Disciplinaria, etc. estuvieran presididos por un vocal conservador si había mayoría progresista en la Comisión o progresista si, por el contrario, la mayoría era conservadora.

Así el equilibrio se mantenía en un pacífico trato que los conservadores advirtieron que podían alterar si sus colegas no cedían con este paquete de nombramientos que queda pendiente.

A su juicio, los candidatos que apoyan en la Sala Segunda y Tercera, es decir, Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas, respectivamente, son los mejores de manera objetiva. El primero, porque es el más antiguo de la Sala, el número uno del escalafón y muy respetado entre los demás togados; el segundo, porque su prestigio y crédito está fuera de toda duda dentro y fuera del Supremo. Entendían, además, que era la posición más centrada para el órgano puesto que ninguno de los dos pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), considerada de corte más conservadora, mientras que Ana Ferrer sí es integrante de la asociación progresista Jueces y Juezas para la Democracia (Jyjpd).

Los progresistas, en cambio, defienden el mérito y la capacidad de ambas magistradas y respaldaban sus candidaturas para aplicar la ley de paridad, que entró en vigor en agosto del año pasado, y establece que ningún sexo puede tener una representación inferior al 40% "en los puestos de representación y decisión". Actualmente sólo una de las cinco Salas y conforman el Tribunal Supremo está presidida por una mujer (la Sala Cuarta -Social- con Concepción Ureste al frente), pero los vocales del PP se escudaban en un informe de los Servicios de Estudios e Informes del Consejo que concluyó que la norma debe aplicarse para el conjunto de los nombramientos que asigne el pleno hasta el final de su mandato de cinco años.

Transmitieron, por tanto, su intención de prorrogar el mandato de los dos presidentes, Arrieta y Lucas, que están en funciones desde hace meses sine die. El siguiente paso fue la renuncia de Ferrer y Teso, algo que todos los miembros del Poder Judicial valoran muy positivamente y alaban la generosidad de ambas. "Servidoras públicas absolutamente comprometidas", inciden. "Ha sido muy generosa", refleja un miembro conservador.

La presidenta Perelló también ha jugado un papel importante porque había advertido que si después de votar el próximo miércoles pasaba lo que ya ocurrió el pasado 7 de mayo cuando se votaron por primera vez estas presidencias, retiraría la convocatoria y el procedimiento tendría que volver a empezar. Con su voto no bastaba para desenredar la situación porque la votación requiere de 13 posiciones favorables.

Ahora, nadie da por cerrado el pacto y los miembros del comité negociador se volverán a reunir este martes para terminar de cerrar todos los flecos, puesto que en juego hay, además, presidencias de audiencias provinciales y otros cargos de importancia. Todos, eso sí, creen que el acuerdo está más cerca de lo que lo estaba hace unos días.

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