Es probablemente uno de los trimestres más convulsos vividos en el sector energético. No sólo por el insólito apagón sufrido el pasado 28 de abril sino por los efectos que aún arrastra, por el impacto económico que ha generado -y aún puede generar-, los cambios en la red que desde entonces ha impuesto y el reseteo normativo parcial con el que ha concluido el mes de julio. La presentación de las cuentas de resultados de las grandes compañías energéticas del primer semestre de este año ha reflejado que el ‘cero energético’ ha tenido impacto en sus resultados reduciendo, principalmente, sus beneficios, así al menos lo han reconocido muchas de ellas.

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De entre las grandes compañías, solo Repsol ha llegado a cuantificar cuánto le ha supuesto el apagón y otros dos episodios de interrupción de suministro que asegura haber sufrido en sus plantas de Cartagena y Puertollano: 175 millones de euros. En el caso de Iberdrola o Endesa también han señalado que la incidencia se ha dejado notar en sus resultados, pero sin llegar a poner cifras a su perjuicio económico.

Pese a que los beneficios han sido la nota dominante en todos los casos, finalmente han sido menores de lo esperado. Y la razón, en gran medida, se fija en lo ocurrido el día que España se quedó a oscuras. En su conjunto, las cuatro compañías energéticas que han presentado resultados semestrales lograron de enero a junio de este año 6.353 millones de beneficio. Se trata de un volumen muy relevante pero un 16% inferior a lo que esperaban. Esos alrededor de 1.264 millones de euros menos de beneficio obtenido corresponden en gran medida al mal comportamiento de Repsol, que ha visto cómo sus 603 millones de beneficio suponen casi un 63% menos que el beneficio que logró el primer semestre del año pasado. También Iberdrola ha visto reducir un 13,8% sus beneficios, pese a ganar unos nada desdeñables 3.562 millones de euros.

En el lado de quienes han mejorado resultados este semestre en comparación al primero del año pasado figuran Naturgy, con un 10% más de beneficios -1.147 millones de euros- y Endesa, con un 30% más -1.041 millones de euros-.  

Evitar ser sospechoso

Pero sobre estos resultados continúa sobrevolando el temor a una posible cascada de reclamaciones e indemnizaciones que pueda llegar en el futuro. La clave estará en determinar quién fue el responsable del apagón del 28 de abril. Los primeros informes han repartido culpas. El de la Comisión de Seguimiento habló de causas “multifactoriales” que asigna tanto a las energéticas como a Red Eléctrica. Unas por no cumplir con sus obligaciones y la otra por una mala programación de la red. En el operador del sistema, en cambio, insisten en que ellos actuaron con “absoluta diligencia” y que sobre su modo de proceder aquel día no se pueden establecer responsabilidades. Desde el organismo que preside Beatriz Corredor la culpa la sitúan en los operadores que se desconectaron de la red: “Nosotros actuamos con diligencia, otros no pueden decir lo mismo”, aseguró el CEO de red Eléctrica, Roberto García el pasado miércoles. 

Mientras aún quedan investigaciones por concluir, -la del operador europeo y la de la Audiencia Nacional-, nadie quiere presentarse por ahora como posible sospechoso. Red Eléctrica y algunas de las energéticas ya han avanzado que no piensan en fijar provisiones financieras para hacer frente a un posible escenario de reclamaciones en su contra. Públicamente ninguna de ellas señala que contemple que tenga que hacer pagos en forma de indemnizaciones por daños provocados por el apagón. El operador del sistema, Red Eléctrica, no ve necesario situarse en ese posible escenario para la compañía “porque cumplimos los requerimientos técnicos y procedimentales, por eso no entendemos que haya que asumir ningún tipo de provisión ni ningún tipo de compensación, dado que nuestra actuación fue absolutamente diligente”.

En Endesa tampoco lo contemplan. Su consejero delegado, José Bogás, considera que no hay razones para prepararse financieramente ante posibles demandas: “Cumplimos totalmente con las instrucciones del operador del sistema”, aseguró en referencia a las indicaciones de Red Eléctrica: “Las desconexiones se produjeron una vez superados los límites establecidos en los protocolos de seguridad”.

En el caso de Repsol, la compañía de Josu Jon Imaz, lejos de pensar en provisiones financieras estudia la posibilidad de reclamar a otros agentes de la red eléctrica por los daños ocasionados a su actividad.

Medidas antiapagones y nueva normativa

El que ahora ha concluido ha sido un semestre en el que el insólito apagón abría y aceleraba una oportunidad para resetear el sistema, para implantar mejoras que en muchos casos venían siendo reclamadas por el sector. El decreto ‘antiapagones’ que planteaba el Gobierno contaba con el visto bueno de gran parte del sector. Incluso ejercieron presión los días previos a su posible convalidación para que saliera adelante. Pero la política se impuso y la propuesta decayó.

El malestar en entidades como AELEC (Asociación de Empresa de Energía Eléctrica), a la que pertenecen Iberdrola EDP y Endesa o la UNEF (Unión Española Fotovoltaica) fue evidente. Aseguran que el decreto incluía medidas que aportarían mayor resilencia al sistema, que daba respuesta a la demanda de almacenamiento energético, que contribuía a atraer inversiones en materia de energías renovables o que incorporaba medida para actualizar y modernizar la red eléctrica española.

Por el momento, el Ministerio de Sara Aagesen no se ha dado por vencido. El pasado jueves el Gobierno tramitó por la vía de urgencia un Real Decreto en el que incorpora muchas de las medidas del fracasado ‘decreto antiapagones’. Se trata de acciones que puede promulgar y que, al tener un menor rango normativo, no requieren la aprobación de la Cámara Baja. Entre ellas figuran algunas de las más importantes que refuerzan el papel de control y supervisión sobre la red eléctrica de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de Red Eléctrica.  

Así, una de las medidas plantea que la CNMC evalúe la obligación de control de la tensión que tienen los sujetos que participan en la generación eléctrica. Deberá elaborar un informe cada tres meses. A Red Eléctrica se le capacita para llevar a cabo una inspección extraordinaria de las capacidades de reposición de las generadoras de energía. También se le encomienda que haga propuestas sobre posibles mejoras para dar respuestas a futuras oscilaciones de potencia. En la lista de medidas que ahora se quieren aprobar –y contra las que se pueden presentar alegaciones hasta el 11 de agosto- también se incluyen medidas para mejorar la capacidad de almacenamiento energético en nuestro país –hasta alcanzar los 22,5 GW en 2030-. Las medidas incluyen revisiones de los procesos de ejecución de proyectos energéticos, impulso a las instalaciones de recarga para vehículos eléctricos y la redefinición de la normativa para facilitar una repotenciación de instalaciones de aerogeneración.

Retribución de las redes

El último de los frentes de decepción con el que el sector afronta el verano es la falta de acuerdo en torno a la retribución financiera de las redes. La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) la sitúa en un 6,46%, por encima del 5,58% actual, pero por debajo de lo que reclamaban las energéticas. Endesa ya ha asegurado que se trata de una propuesta “discriminatoria y asimétrica” respecto a otros sectores regulados en España. El presidente de Iberdrola incluso ha apuntado que con medidas así se está enviando señales “claramente negativas” al mercado y se laminan los incentivos para invertir en nuevos activos.

Inversiones que la propia Iberdrola ya empieza a reorientar hacia otros países. Coincidiendo con la presentación de sus resultados del primer semestre del año la compañía anunció una ampliación de capital por 5.500 millones de euros que los mercados completaron sin problemas. La energética de Sánchez Galán recibió más del triple de demanda para participar en esa ampliación de capital. Inversiones de las que España no se beneficiará ya que irán destinadas íntegramente a proyectos en EEUU y Reino Unido, donde Iberdrola quiere reforzar su presencia en redes.   

A partir de ahora, se abre un impasse estival para afrontar un otoño e invierno intensos en los que las consecuencias del ‘cero energético’ seguirán sobrevolando. Los informes e investigaciones pendientes y la posible presentación de las primeras reclamaciones pueden suponer un hito relevante de la actividad del sector en los próximos meses. A ello se sumará la presentación del plan estratégico que para antes de fin de año anuncia Red Eléctrica y en la que los cambios normativos que el Gobierno intenta rescatar de su fallido decreto podrían verse de algún modo reflejados.

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