Aunque no sirvió para evitar la suspensión de la última etapa de La Vuelta, el dispositivo policial desplegado este domingo en Madrid para tratar de controlar las protestas pro Palestina fue histórico. En total se movilizaron unos 2.300 agentes, un número mayor, por poner en contexto, que el que se activó en la Cumbre de la OTAN en 2022.

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Pero más allá del número de policías, a algunos manifestantes y usuarios de las redes sociales les sorprendió la presencia de lo que llamaron "tanquetas", que en realidad no se denominan así.

Como confirman desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) a este periódico, en realidad se trata de los BMR (Blindado Medio de Ruedas) de la Brigada «Almogávares» VI de Paracaidistas (BRIPAC). Unos vehículos 6x6 asignados para "tareas de seguridad ciudadana y protección de masas en grandes eventos públicos", que los agentes conocen por el nombre de VIPA (vehículo de interposición, protección y aproximación).

Las fuentes sindicales explican que este domingo se desplegaron dos BMR en Madrid, a pesar de que estos vehículos no se suelen emplear para este tipo de usos. "Solo se suelen utilizar en finales de partidos de fútbol o en algo más vistoso", recalcan.

Un dispositivo "insuficiente" para los agentes

Tras lo ocurrido en Madrid, el SUP emitió un comunicado en el que deslizaba que "ha quedado demostrado fehacientemente" que el dispositivo policial ha sido totalmente "insuficiente". "Se ha atado a los policías nacionales de pies y manos. En condiciones normales, la Vuelta nunca se hubiera cortado", aseguraron.

En esa línea, desde el SUP reconocían que las protestas en manifestaciones y concentraciones están amparadas en el artículo 21 de la Constitución Española. Pero a la vez, reclamaban que no debe olvidarse que conforme al mismo precepto tal derecho puede y debe ser limitado por la autoridad gubernativa cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes.

"Además, el ejercicio de ese derecho debe ser estrictamente pacífico. En definitiva, los derechos constitucionales, aun los más protegidos, tienen límites, y es responsabilidad de los gobernantes adoptar las medidas necesarias para que no se traspasen", defendían, antes de reiterar que este domingo se sintieron "abandonados" a su suerte por el Ministerio del Interior por lo que consideran que son "intereses políticos".

"Los políticos, con sus órdenes, han comprometido nuestra seguridad en la actuación. Se ha visto a grupos de compañeros totalmente rodeados, en una situación de riesgo intolerable. No podemos dejar en manos de intereses políticos la actuación de la Policía. Los criterios operativos y la seguridad ciudadana deben estar por encima de titulares y cálculos políticos. Hoy, de nuevo, se pliega la actuación de la Policía a intereses políticos, y eso pone en juego no solo la dignidad, profesionalidad e imagen internacional de los policías nacionales, sino también la seguridad de todos", zanjaron.

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