El Gobierno asegura haber culminado ya la "desconexión" militar de Israel. El plan para prescindir de cualquier tipo de tecnología empleada por nuestras Fuerzas Armadas con origen en el país de Oriente Medio concluyó el pasado julio, y ahora fuentes del Ejecutivo señalan que se está trabajando para sustituirla por productos "españoles, europeos o de nuestros socios".

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"El Ministerio de Defensa no tiene ninguna licencia activa de material procedente de Israel", inciden las mismas voces, que explican que se ha tratado de un esfuerzo "ambicioso", con el que España ha buscado llegar "lo más lejos posible" para tratar de presionar al Gobierno de Benjamin Netanyahu por lo que ya no dudan en calificar de "genocidio". Desde el Gobierno esperan que más países sigan el mismo camino y se sumen con iniciativas similares, "igual que sucedió con el reconocimiento de Palestina".

Lo cierto es que Israel tenía bajo licencia algunos componentes y tecnologías militares claves para España, algunas de las cuales se llegaron a calificar de "insustituibles" hace pocos meses pero que ahora, según Moncloa, la industria de nuestro país está preparada para reemplazar. Ponen el ejemplo del lanzacohetes Silam, un proyecto liderado por las españolas Escribano Mechanical & Engineering y Expal (filial de la alemana Rheinmetall) que tenía un componente concreto de la israelí Elbit Systems. "Las empresas están trabajando, ya tenemos alternativas y ya se está produciendo la reconversión del programa", comentan.

El Ejecutivo asegura que los contratos que se han roto no se han traducido, de momento, en ningún tipo de reclamación por parte de ninguna compañía israelí, aunque asegura estar "blindado jurídicamente". "Todas las negociaciones están siendo positivas, porque el plan de desconexión se basa en encontrar acuerdos, así que no tiene por qué producirse semejante eventualidad", responden al ser cuestionados sobre qué estimaciones han hecho sobre posibles indemnizaciones.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes ya se detalló que el Ministerio de Economía no ha hecho ningún cálculo sobre indemnizaciones. "Lo iremos viendo", indicaban desde el entorno del ministro Carlos Cuerpo a este periódico, aunque deslizaban que no esperaban un impacto muy grande porque los acuerdos comerciales militares con Israel apenas suponen el 0,4% de exportaciones y el 0,2% de importaciones.

Precisamente por eso, desde Moncloa no creen que se produzcan "cantidades reseñables" de sobrecostes derivados de sustituir algunas piezas de su armamento. "La dependencia de Israel era mínima", defienden, "y se limitaba más bien a determinadas tecnologías, no a conjuntos de sistemas de armas", añaden.

Incógnitas del real decreto ley

El real decreto ley aprobado este martes, no obstante, deja algunas incógnitas. Empezando por la disposición adicional que se ha incluido, que permite que el Consejo de Ministros autorice operaciones "de manera excepcional" y puntual, para atender "intereses generales nacionales".

Las fuentes del Gobierno no se atreven a poner ningún ejemplo que muestre de manera clara qué podría considerarse un caso de "interés nacional", y se limitan a replicar que el Consejo de Ministros estudiará cada caso y se pronunciará "cuando sea el momento" y considere que se han dado esas circunstancias. Aunque sí comentan que se podría utilizar la ley de exportaciones como marco jurídico de referencia. En cualquier caso, aseguran que cuando se dé un caso de interés nacional lo comunicarán con "la máxima transparencia" porque de manera trimestral todas las autorizaciones rendirán cuentas ante el Congreso.

Otra de las dudas es qué sucede en el caso del software espía Pegasus, desarrollado por firma cibernética israelí NSO. El programa se hizo conocido en España después de que el Gobierno admitiera que llegó a infectar los teléfonos de Pedro Sánchez y Margarita Robles -un ataque que, presuntamente, tuvo detrás a Marruecos- y el CNI lo utilizó para espiar a líderes independentistas catalanes como Pere Aragonès. Sobre este tema, las mismas fuentes se limitan a aclarar que "Defensa no utiliza tecnología israelí en ningún caso", pero no se manifiestan sobre el uso de Pegasus porque es una cuestión, dicen, que atañe a los servicios de inteligencia.

El tercer asterisco es cómo iba a afectar el decreto a, por ejemplo, las bases estadounidenses de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla). Algo que plantearía múltiples incógnitas, como qué sucedería si un avión cargado de armas con destino a Israel se detuviera a repostar allí. Sobre eso, las fuentes reiteran que aunque han ido "lo más lejos que se ha podido", deben acatar el marco normativo nacional, europeo e internacional. "Vamos a respetar la legalidad vigente", advierten.

Un embargo "total" con excepciones

Este martes, después del retraso por razones "técnicas", el Consejo de Ministros acordó el real decreto ley de embargo "total" de armas a Israel, que tiene la importante novedad de que el Ejecutivo se reserva la opción de aprobar operaciones "excepcionales" de carácter extraordinario por "intereses generales", una clausula que no gusta a Sumar. El texto completo debe pasar ahora al Congreso, que deberá convalidarlo en un plazo de un mes.

Junto al embargo, el decreto recoge la prohibición de las exportaciones e importaciones con Israel de cualquier material de defensa y productos o tecnología de doble uso. Pero también la denegación de la solicitud de tránsito para los combustibles de aeronave con posible uso militar en Israel; la prohibición de importación de productos originarios de asentamientos israelíes ilegales en territorio palestino ocupado y la prohibición de la publicidad de comercialización de bienes originarios de estos asentamientos ilegales y de servicios prestados en ellos. Además, incluye una disposición transitoria para cancelar los contratos que aún estaban vigentes o por resolverse.

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