Desde 2019 se han exhumado en España casi 9.000 cuerpos de fosas comunes de la Guerra Civil y la dictadura franquista, pero apenas 70 han podido ser identificados, según datos ofrecidos esta semana por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. La cifra supone apenas un 0,7 % del total.

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Torres detalló tras el Consejo de Ministros del martes que de los 8.941 cuerpos recuperados desde la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez, solo 70 han sido entregados a sus familias tras la verificación genética. La baja tasa de identificación responde a múltiples factores, como la degradación del ADN con el paso del tiempo o la dificultad de localizar descendientes directos.

El médico forense Francisco Etxeberria, que lidera actualmente los trabajos en el Valle de Cuelgamuros, explica a EFE que se trata de un problema "universal" en este tipo de procesos. Señala que, además del deterioro del material genético por causas ambientales, muchas víctimas no dejaron descendencia directa, lo que obliga a recurrir a sobrinos o nietos de hermanos para las comparaciones, con la dificultad añadida de que han pasado más de ocho décadas desde los hechos. "Si hablamos de un individuo varón y joven que no tuvo descendencia, a veces tienes que recurrir a nietos del hermano de la víctima", apunta.

Objetivos irreales

En el caso de Cuelgamuros, donde comenzaron las exhumaciones en junio de 2023 a petición de unas 200 familias, se han localizado más de un centenar de cuerpos y 29 han sido devueltos a sus lugares de origen, 21 de ellos tras identificación genética. Etxeberria defiende la continuidad de estos trabajos aunque no se logre identificar a todas las víctimas: "Hay que sacar estos restos del lugar en donde estaban tratados indignamente y reconocer oficialmente que aquello ocurrió".

Cuando se confirma una identidad, los restos se entregan a los familiares para que decidan sobre su destino. Si no hay posibilidad de identificación, la normativa establece que se inhuman en el cementerio de la localidad a la que pertenece la fosa, con la opción de instalar una placa que señale el origen de esos restos.

Un estudio realizado en 2019 por un grupo de expertos calculaba que, con una intervención oficial del Estado, podrían recuperarse entre 20.000 y 25.000 cuerpos, con entre 5.000 y 7.000 identificaciones posibles. Es decir, un 20% del total, una cifra muy superior al 0,7% logrado ya con una muestra significativa de 9.000 fallecidos. Las cifras actuales muestran que los objetivos de identificación son irreales, aunque el Gobierno ha continuado con las ayudas, como los 2,4 millones de euros aprobados recientemente para la Federación Española de Municipios y Provincias, ayuntamientos y diputaciones.

Críticas de las asociaciones de memoria

Andalucía es una de las comunidades con más fosas, entre ellas las del barranco de Víznar, donde se calcula que reposan centenares de víctimas y donde se ha especulado con la presencia del poeta Federico García Lorca. Allí se han exhumado hasta ahora 166 cuerpos y se han identificado siete. El sociólogo Francisco de Asís Carrión, miembro del equipo en la zona, recuerda que incluso si se hallara el cuerpo de Lorca sería "muy difícil saber si es él", ya que no se conservan muestras genéticas de familiares.

Muchos descendientes siguen esperando noticias. Antonio María García, que busca a su abuelo en Víznar, afirma: "No sabemos dónde está mi abuelo pero tengo mucho interés en que se siga exhumando, aunque no aparezca, porque todos los cuerpos que se exhumen es como si fueran familiares míos también".

Desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), su presidente Emilio Silva critica que hasta ahora no se haya hecho pública la cifra de identificados y denuncia que sea tan baja. "El Gobierno ha subvencionado exhumaciones donde no hay un solo familiar, es incomprensible", señala. A su juicio, lo adecuado sería crear una oficina de atención a las víctimas y centrar las excavaciones en las fosas con más posibilidades de lograr identificaciones.

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