La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha asegurado este jueves que los tipos de interés se encuentran "en una buena posición" para afrontar posibles crisis futuras, descartando así una rebaja en el corto plazo. Sin embargo, esta postura plantea un desafío particular para España. Mientras que la inflación del promedio de la zona euro se ha moderado hasta el 2,2% en septiembre —en línea con el objetivo del 2% marcado por el BCE—, el Índice de Precios al Consumo (IPC) en España ha repuntado hasta el 3%.

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Desde septiembre de 2024, la inflación española ha superado al promedio de la zona euro en los periodos de repunte. “Esto significa que nuestros servicios y productos crecen más rápido que la media de competidores y clientes y, por tanto, lastra nuestra competitividad”, advierte el catedrático de economía aplicada en la Universidad CEU San Pablo, Rafael Pampillón.

¿Por qué ha subido la inflación?

En parte, el diferencial responde a la subida del precio de la energía, tan solo la electricidad se ha elevado un 16,8% en el último año. No obstante, también se han sumado otras circunstancias de carácter político que han encarecido el coste de la vida y han añadido más presión sobre los precios. Entre ellas, la eliminación de la rebaja del IVA en los alimentos básicos o la reducción progresiva de las ayudas al transporte público, que han hecho subir el coste del transporte combinado un 26,7%. En esta misma línea, la subida de la tasa de basuras, aunque todavía desigual entre municipios, por el momento ya ha elevado la factura un 30,2% y la ha convertido en el componente del IPC que más se ha encarecido.

Además, el peso del turismo en la economía española también ha amplificado las tensiones inflacionarias. Luces y sombras de un sector que, si bien entre 2021 y 2024 ha explicado el 52% del crecimiento total del PIB, consolidándose como el gran motor de la recuperación, también ha elevado la presión sobre los precios nacionales. La llegada de más visitantes ha impulsado el consumo y la demanda de bienes y servicios, lo que se ha traducido en subidas notables en sectores directamente vinculados al turismo. En el último año, los vuelos nacionales se han encarecido un 6,7%, los servicios de alojamiento un 7,4% y los hoteles un 4,7%. De hecho, estos últimos acumulan un incremento de su precio del 63,8% desde septiembre de 2021.

Este aumento de los precios, extensible a otros sectores, refleja cómo la inflación se ha ido trasladando progresivamente a toda la economía. Cada vez más negocios se ven obligados a repercutir esos gastos en sus productos y servicios, ante la imposibilidad de absorberlos indefinidamente. Según el Barómetro del tercer trimestre de 2025 de ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos), el 65,1% de los encuestados reconoce haber tenido que elevar los precios este año debido al aumento de sus gastos, frente al 57,7% registrado en septiembre de 2024. Además, uno de cada dos —el 52,1%— prevé volver a hacerlo antes de que acabe el año si la situación no mejora.

En paralelo, el Índice de Comercio Minorista (ICM) del INE, que mide la evolución de las ventas en el comercio al por menor, se situó en agosto en el 4,5%. “El hecho de que las ventas crezcan más rápido que los precios muestra que la demanda interna sigue siendo fuerte, y eso alimenta la persistencia de la inflación”, concluye Pampillón.

¿Y el poder adquistivo?

Todo esto conduce a que el bolsillo del ciudadano se resienta. Y es que desde 2022 y hasta septiembre de 2025, el IPC ha avanzado un 17,8%, mientras que los salarios lo han hecho un 13,76%, según la Estadística de Convenios Colectivos del Ministerio de Trabajo. Esta diferencia de algo más de cuatro puntos refleja la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde 2022 y, aunque en 2025, los salarios han crecido más que la inflación —un 3,5% y un 3%, respectivamente—, el desfase persiste y continúa limitando la capacidad de compra de las familias, especialmente marcado en un contexto de bienes y servicios cada vez más caros.

En el caso de las pensiones, la inflación tiene un efecto distinto. Al estar vinculadas al IPC, su poder adquisitivo se mantiene intacto, a diferencia de los salarios. No obstante, esta actualización automática también incrementa el gasto público. Con una inflación media estimada del 2,6% para 2025, según el panel de expertos de Funcas, la revalorización de las pensiones supondrá un desembolso adicional de unos 6.800 millones de euros para la Seguridad Social. Además, esta cifra no contempla a los nuevos pensionistas que se incorporarán al sistema en 2026, lo que previsiblemente elevará el gasto final de la Seguridad Social, una institución que ya opera con un endeudamiento de 126.000 millones de euros.

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