La nueva defensa de José Luis Ábalos ha remitido un escrito al Tribunal Supremo en el que solicita la expulsión de los partidos políticos personados en el conocido como 'caso Koldo'. El letrado del exministro de Transportes, el exfiscal Carlos Bautista, defiende que el ejercicio de sus funciones, "conlleva ciertos privilegios" que no son aplicables al resto de entidades públicas y privadas.

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En el escrito, al que ha tenido acceso El Independiente, el abogado sostiene que "el ejercicio por los partidos políticos de la acción popular acaba fagocitando la iniciativa ciudadana y arrinconando el ejercicio por los particulares de la acción popular". En este sentido, añade que más que un derecho de acción popular se acaba convirtiendo en un "instrumento de combate" contra adversarios políticos.

"Muestra de lo anterior es que, en las comisiones de investigación, los partidos políticos que no están personados en las causas penales manifiestan estar en inferioridad de condiciones frente a aquellos que sí lo están", reza el escrito. La defensa insiste en que los partidos políticos participan en este tipo de causas judiciales con objetivos "extraprocesales".

Subraya que utilizan la difusión que los medios hacen de la información obrante en la causa para impulsar acciones penales para "erosionar" la imagen del "partido adversario". "Se trata de ganar, en el proceso penal, el juicio de la opinión pública que, como se ha dicho, equivale siempre a una condena", anota.

Este tipo de estrategias contravienen, a juicio de la defensa, el "diseño constitucional" de la finalidad de los partidos políticos. Añade que el ejercicio de la acción popular no sirve para el cumplimiento de los dos elementos clave recogidos por la Constitución: "servir de instrumento fundamental de la participación política y de formación de la voluntad popular".

En la causa dirigida por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente las acusaciones populares están lideradas por la dirección letrada del Partido Popular. Además, los de Feijóo también encabezan la Comisión de Investigación del 'caso Koldo' en el Senado.

Obligación de informar al Congreso

Entre las diligencias solicitadas recientemente por el abogado Carlos Bautista destaca un escrito fechado el 17 de octubre en el que recordaba al juez la "obligación de comunicar a la Cámara Baja los autos y sentencias que se dicten y afecten personalmente al diputado o diputada".

En la línea de lo defendido por la letrada de Koldo García, Leticia de la Hoz, la representación legal de Ábalos hacía alusión al Reglamento del Congreso por el que se acordaba la necesidad de informar a la Cámara presidida por Francina Armengol sobre las diligencias acordadas en el curso de una investigación criminal cuando "se inmiscuyan o coarten los derechos fundamentales y libertades públicas" del aforado.

La defensa del exescolta pidió la nulidad de la causa al considerar que el Congreso de los Diputados sólo autorizó la investigación al exministro por los contratos de mascarillas. De la Hoz sostenía en su escrito que la Cámara Baja debía haber dado luz verde a investigar cada uno de los hechos incluidos en la causa. Según la defensa, "la jurisdicción establece que la Cámara autoriza la persecución de unos hechos, no de una persona".

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