Lo que en mayo parecía un punto de inflexión para los familiares de españoles de origen saharaui, tras una circular de la secretaría de Estado de Migraciones al hilo de una información de El Independiente, se ha terminado convirtiendo en un nuevo obstáculo. Las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en España, con algunas excepciones, están concediendo autorizaciones de residencia por arraigo familiar a hijos de ciudadanos españoles de origen, pero ahora son los consulados los que están bloqueando la entrada al país al negar los visados necesarios para formalizar esas residencias.

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El argumento empleado por las autoridades consulares es siempre el mismo: “no se acreditan los fines del viaje”. Una frase genérica que vacía de efecto las resoluciones firmes dictadas por la administración española y deja a las familias atrapadas en un limbo burocrático. “Resulta incongruente que una administración dicte una resolución favorable y otra la deje sin efecto”, denuncia en conversación con este diario la abogada Fátima El Galia, que representa a varias familias afectadas. “Tenemos dos denegaciones recientes del Consulado de Argel pese a que las delegaciones de Gobierno ya habían concedido la residencia. Todas están recurridas, pero el bloqueo es evidente”.

Autorizaciones concedidas, visados denegados

El procedimiento es claro: cuando un ciudadano español solicita desde España la residencia de sus hijos que permanecen en los campamentos saharauis, la Delegación o Subdelegación del Gobierno evalúa la petición y, si es favorable, emite una resolución administrativa que concede la autorización de residencia por arraigo familiar. Para que esa resolución pueda hacerse efectiva, los beneficiarios deben obtener en el consulado correspondiente un visado de entrada a España. Y es en ese punto donde se ha producido el nuevo atasco.

Se están denegando visados de manera arbitraria, utilizando un formulario genérico. No hay motivación alguna

“Nunca habían tardado tanto en tramitar recursos. Se nota un trato distinto en este tipo de autorizaciones”, sostiene El Galia. “Algunos casos llevan casi tres meses sin respuesta. No es normal”. Los casos se han acumulan en las últimas semanas. En uno de ellos, la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia concedió el pasado julio una autorización de residencia por arraigo familiar, válida hasta julio de 2026 y con permiso de trabajo. La misma Subdelegación también emitió una resolución idéntica en junio, con vigencia de un año. En ambos supuestos, los solicitantes —hijos de españoles de origen— residen en los campamentos saharauis y acudieron al Consulado de España en Argel para solicitar el visado que les permitiría viajar a España. En los dos casos, el consulado denegó la solicitud alegando la falta de acreditación de los fines del viaje.

“Se están denegando visados de manera arbitraria, utilizando un formulario genérico. No hay motivación alguna”, explica la letrada. “El padre español tiene derecho a solicitar la residencia de sus hijos; la delegación la concede, y el consulado debería limitarse a tramitar el visado. No lo hace”.

Un nuevo muro tras la rectificación de mayo

El bloqueo en los consulados llega apenas unos meses después de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones rectificara una situación similar que afectaba a decenas de familias saharauis. En mayo, este medio reveló una cascada de denegaciones en oficinas de Extranjería que cuestionaban la validez de la nacionalidad española de los progenitores saharauis, pese a estar reconocida judicialmente y registrada en el Registro Civil Central. Tras aquella información, la Secretaría de Estado de Migraciones envió una instrucción urgente a las oficinas de extranjería para que se reconociera a los saharauis con nacionalidad española “a todos los efectos”.

Esa circular permitió que muchos expedientes se resolvieran favorablemente, aunque no todos, porque aún hoy se producen denegaciones de algunas subdelegaciones del Gobierno como la de Lugo. Sin embargo, según los documentos consultados, el problema se ha desplazado: ahora ya no es Interior ni Migraciones quien bloquea, sino Asuntos Exteriores. “Lo que antes era un muro en Extranjería ahora lo es en los consulados”, resume El Galia. “Es una maniobra que deja sin efecto resoluciones españolas plenamente válidas”.

La Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, junto con el Reglamento de Extranjería (Real Decreto 557/2011), establece en su artículo 124.3.c la posibilidad de conceder autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales a los hijos de españoles de origen.

Las resoluciones de Bizkaia aplican exactamente ese precepto y reconocen que la autorización “produce plenos efectos frente a la administración y frente a terceros”, incluso antes de que el beneficiario obtenga la tarjeta de residencia. El visado, por tanto, es un acto meramente instrumental, no una nueva valoración de fondo. Su denegación contradice la jerarquía administrativa y viola el principio de eficacia de los actos firmes, señalan fuentes legales.

Los casos de las viudas pensionistas

A este bloqueo se suma otro frente que afecta a viudas saharauis de antiguos militares españoles, beneficiarias de pensiones de viudedad reconocidas por el Ministerio de Defensa. Estas mujeres —que residen en los campamentos y pagan impuestos en España— necesitan viajar periódicamente para acreditar su fe de vida ante los bancos. Según la abogada El Galia, el Consulado de Argel ha comenzado también a denegarles los visados necesarios para realizar ese trámite.

Si España reconoce a estos ciudadanos como españoles de origen, sus hijos no pueden ser tratados como extranjeros de segunda

En al menos tres casos, las viudas no han podido viajar a España después de que se le denegase el visado a los hijos que las debían acompañar. “Una de ellas está en silla de ruedas y sin acompañante no puede viajar. Son personas de muy avanzada edad que no se valen por sí mismas. Una de ellas con requerimiento del banco al no hacer fe de vida, paralizan la cuenta y consecuentemente deja de cobrar la pensión, todo por las trabas consulares que ni respetan el derecho a tener un visado de entrada ni por razones humanitarias permiten que se les acompañe a pesar de sus circunstancias”, agrega El Galia.

“Ya lo vivimos antes de 2018, cuando Defensa denegaba las pensiones y hubo que litigar hasta que cambió el criterio. Ahora vuelven los obstáculos, pero esta vez desde Exteriores”, lamenta la abogada.

Una política errática

El bloqueo consular se produce en un contexto marcado por el giro copernicano del Gobierno de Pedro Sánchez en el contencioso del Sáhara Occidental, alineándose con la propuesta marroquí de autonomía. Desde entonces, organizaciones saharauis y juristas denuncian una discriminación administrativa sistemática hacia ciudadanos de origen saharaui, incluso aquellos con nacionalidad española o vínculos directos con ciudadanos españoles.

Estas denegaciones no son un error, son una intencionalidad administrativa para prolongar el limbo jurídico en el que vivimos

“Cada vez que un saharaui acude a una ventanilla, surge un obstáculo nuevo”, resume El Galia. “Estas denegaciones no son un error, son una intencionalidad administrativa para prolongar el limbo jurídico en el que vivimos”.

Los afectados reclaman al Ministerio de Asuntos Exteriores que dirige el socialista José Manuel Albares que alineen los criterios consulares con las resoluciones dictadas por Extranjería y que se instruya a los consulados —en especial el de Argel— para expedir los visados sin obstáculos adicionales.

También piden que se respeten los principios de motivación y proporcionalidad en las resoluciones negativas, y que se garantice la unidad familiar reconocida por la legislación española y los tratados internacionales suscritos por España.

El bloqueo de los visados a familiares de españoles de origen saharaui abre un nuevo capítulo en la larga cadena de discriminaciones administrativas hacia un colectivo que lleva décadas reclamando igualdad de trato. Ahora se enfrentan a una nueva incoherencia: el mismo Estado que reconoce su residencia en España les impide entrar en el país. “No pedimos favores”, concluye El Galia. “Solo que se cumplan las resoluciones. Si España reconoce a estos ciudadanos como españoles de origen, sus hijos no pueden ser tratados como extranjeros de segunda”.

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