Gobernar sin Presupuestos tiene coste. Este lunes, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha publicado las Cuentas Generales del Estado, correspondientes con el ejercicio de 2024. La prórroga del Presupuesto General del Estado de 2023 para el siguiente año supuso arrancar el ejercicio con unas cuentas heredadas, lo que obligó al Gobierno a adaptar el gasto sobre la marcha. En total, el Ejecutivo ha tenido que aprobar modificaciones de crédito por valor de 77.342 millones de euros. No obstante, ha habido una gran protagonista: la deuda pública.

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Las modificaciones de crédito de esta partida han ascendido en 2024 hasta los 25.399 millones de euros, lo que supone un incremento del 488% respecto de las realizadas en 2023 (4.870 millones), provocada por el aumento del gasto vinculado a los intereses. De hecho, se trata de la partida que más recursos adicionales ha necesitado. La siguiente partida que ha requerido más refuerzo ha sido la del pago de pensiones, con 16.197 millones adicionales, a gran distancia de los más de 25.000 millones asociados a la deuda.

Así, aunque el grueso del refuerzo presupuestario se ha concentrado al final de 2024, los datos de este año reflejan una dinámica todavía más intensa. Hasta septiembre de 2025, las modificaciones de crédito vinculadas al pago de la deuda pública han ascendido hasta los 4.509 millones de euros, casi el doble que en el mismo periodo de 2024 (2.323 millones). Sin embargo, la mayor parte del ajuste del pasado ejercicio no se produjo durante los primeros nueve meses, sino en el tramo final. En octubre se aprobaron 8.981 millones y en noviembre, otros 14.094 millones, lo que elevó el total anual hasta los 25.398 millones. Un patrón que apunta a que buena parte del esfuerzo financiero volverá a concentrarse en el cierre del presente ejercicio.

Además, según el último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), esta dinámica se mantendrá en 2026, fruto del elevado volumen de la deuda en circulación y del coste de su refinanciación. La Autoridad Independiente ha estimado que "se incrementará el peso del gasto en intereses". Una proyección que realiza "sin considerar el impacto de la posible condonación de deuda prevista en el anteproyecto de ley (...), mientras no se apruebe por las Cortes y sea aceptado por las comunidades autónomas en la comisión bilateral", lo que podría modificar todavía más, al alza, las necesidades de financiación si la medida termina prosperando.

Segunda protagonista: la Seguridad Social

Por otro lado, casi la mitad de todas las modificaciones de créditos realizadas durante 2024, concretamente el 47,9%, se han destinado a reforzar la Seguridad Social. El pago de las pensiones ha requerido 16.197 millones extra, a los que se han sumado otros 7.315 millones para otras prestaciones económicas —como las incapacidades temporales o el Ingreso Mínimo Vital—, 2.550 millones para financiar políticas de servicios sociales y promoción social (dependencia, autonomía personal, envejecimiento activo o programas sociales del Plan de Recuperación) y otros 3.505 millones para los gastos de gestión y administración del Ministerio, incluyendo tesorería, sistemas informáticos y gastos estructurales asociados a la modernización de los servicios.

En conjunto, más de 37.000 millones (37.070 millones) se han añadido para garantizar el pago de las prestaciones sociales en un año marcado por la ausencia de Presupuestos Generales. Además, la comparativa con el ejercicio anterior vuelve a ser significativa. En 2023, estas partidas requirieron 7.390 millones adicionales, lo que representa un incremento en la modificación de créditos de 2024 del 402%.

El PP denuncia el uso de las modificaciones de crédito

Junto a las ampliaciones de crédito necesarias para atender mayores necesidades de gasto, el Gobierno ha recurrido también a las reasignaciones de fondos entre ministerios, una práctica permitida por la normativa vigente, pero que está siendo cuestionada desde la oposición. El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, avanzó el pasado viernes que su partido presentará una iniciativa para impedir que el Gobierno pueda seguir trasladando fondos entre ministerios en ausencia de nuevos Presupuestos.

Según explicó Nadal en un mensaje remitido a los medios de comunicación: "El Gobierno consigue actuar presupuestariamente, entre otras cosas, porque se dotó de un instrumento marcadamente irregular que permite al Consejo de Ministros modificar los fondos de un ministerio y dedicarlos a otro. Es decir, lo que el Parlamento aprobó para el Ministerio de Sanidad lo puede dedicar para el Ministerio de Defensa". Por ello, ha anunciado que el PP registrará una propuesta para impedir esta práctica, que, a su juicio, "es contraria a la Ley General Presupuestaria y a cualquier práctica de control parlamentario en cualquier democracia", ya que permite al Ejecutivo reorganizar las partidas presupuestarias sin la autorización de las Cortes.

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