Invertir en la red eléctrica española, ¿un mal negocio?

La red eléctrica española necesita una puesta a punto. Lo dice el sector y lo reconocen Red Eléctrica y el Ministerio de Transición Energética. Diseñada tiempo atrás para otro modelo productivo y energético, la antigüedad de algunos de sus sistemas, la insuficiencia de su capacidad para absorber nueva demanda y la necesidad de blindarse ante posibles riesgos de apagones la convierten en una infraestructura necesitada de actualización urgente. El diagnóstico está hecho, los planes se han anunciado por parte del Ejecutivo y las prioridades sectoriales se han identificado: centros de datos, electrificación de la movilidad, desarrollo de vivienda…

Demanda nueva de energía que la red eléctrica ahora no puede absorber. Los nudos están casi colapsados y con escasa capacidad para aceptar nuevas conexiones. Actualizarla, ampliarla y modernizarla requeriría de inversiones millonarias por parte de las compañías distribuidoras. Contar con un marco normativa capaz de atraer esas inversiones es ahora el motivo que enfrenta a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) y al sector energético.

La llamada Tasa de Retribución Financiera (TRF) por la que se establece el porcentaje de retorno sobre el coste de las inversiones que se lleven a cabo en la red está ahora en fase de revisión. La tasa actual es del 5,58% y la CNMC plantea elevarla sólo hasta el 6,58%. Un porcentaje que incluso ni siquiera es el que inicialmente planteó, que se quedaba en el 6,46%. Para las energéticas es insuficiente y poco atractiva como para decantarse por invertir en la red eléctrica española.  

El sector ha lanzado la voz de alarma. Si ese porcentaje no se equipara al que se contempla en el resto de Europa, donde oscila entre el 7% y 8%, las inversiones no llegarán. Invertir en países como Irlanda, con un TRF del 8,8%, o Incluso Finlandia, con un 7,3%, será mucho más atractivo. Por eso las energéticas insisten estos días en que la propuesta de la CNMC debe ser reconsiderada y aumentar al menos hasta el 7,5%.

Retrasar inversiones y descarbonización

Sin una red adecuada, actualizada, digitalizada y moderna y con capacidad para suministrar energía, muchos proyectos empresariales podrían reconsiderar instalarse en nuestro país. “Si la retribución del capital es insuficiente y si existe un elevado nivel de incertidumbre y riesgo sobre el marco regulatorio, las empresas no podrán atraer capital”, advierte Jorge Fernández, coordinador del área de energía de Orkestra, el Instituto Vasco de Competitividad. Apunta que otra consecuencia que tendría retrasar el refuerzo de la robustez de la red por falta de inversiones sería elevar el riesgo a sufrir nuevos apagones: “Necesitamos redes robustas, capaces de operar en situaciones con gran penetración de energías renovables, múltiples recursos energéticos distribuidos y flexibles y una red suficientemente mallada y moderna”.   

El foco está puesto en sectores con alta demanda de energía como los centros de datos, en proyectos relacionados con la electrificación de la movilidad, el desarrollo de las energías renovables como el hidrógeno o la promoción de viviendas. Proyectos que en caso de no disponer de garantías de acceso a la red y a la potencia necesaria podrían no llevarse a cabo: “No sólo eso, podrá incluso retrasarse la descarbonización de muchas empresas o los objetivos de las políticas energéticas y climáticas”. Fernández señala que las distribuidoras no sólo están en desventaja respecto a las tasas que se abonan en otros países, sino que también sufren una retribución menor que “otros sectores regulados como el de las telecomunicaciones, con un 6,98%, o el 8% de las infraestructuras aeroportuarias”.

El sector energético trabaja con una estimación del impacto que tendría en la retribución que ahora perciben las compañías por este tipo de inversiones y que eleva hasta los 650 millones de euros de recorte sobre un total de 5.300 millones de retribución que perciben en la actualidad. En la factura de los consumidores el beneficio por esa reducción de costes que plantea la CNMC, según informes que maneja el sector energético, apenas alcanzaría los 1,8 euros al mes.

Un ahorro que las energéticas consideran que no compensaría el gran perjuicio que esa retribución acarrearía: dejar fueran una mejora de la red que permita la instalación y conexión de numerosa industria y proyectos de vivienda y electrificación en España. Recuerdan que supondría un paso importante en forma de desarrollo económico y de país, además de generación de empleo y actividad económica que se perderían si se ahuyentan las inversiones con una baja TRF. Además, subrayan que captar más actividad, más industria también supondría a largo plazo un incremento en el número de clientes y consumo y por tanto una reducción en el coste de los ‘peajes’ que se pagan en las facturas.  

Triplicar la inversión

El sector energético denunció recientemente el colapso del 83% de los nodos de la red que impedían la conexión de nuevos proyectos empresariales o los incrementos de potencia solicitados. Apenas el 10% de las solicitudes pueden satisfacerse actualmente. Se estima que esta incapacidad de la red para absorber la demanda está generando una fuga de inversiones y proyectos. Las solicitudes de conexión a la red que fueron denegadas el año pasado alcanzaban proyectos por valor de entre 60.000 y 100.000 millones de euros.

Según EY la inversión que requeriría la red de distribución española sería de alrededor de 4.300 millones al año, frente a los 1.800 millones que se dedican actualmente. El propio Ministerio de Sara Aagesen reconoció que sería necesario triplicar las inversiones.

“La tasa de remuneración debe ser competitiva”, asegura Oscar Barrero, experto de PWC, “si no, no habrá inversiones, se irán a otros países, las redes deben ser un catalizador para atraerlas”: “La CNMC plantea un modelo conservador en el que viene a decir que las empresas se gasten lo mínimo. No termina de creerse que estemos ante un escenario de demanda creciente como el que sí ven las empresas”, apunta. Asegura que el temor que refleja la CNMC es que se lleven a cabo inversiones “y que luego la demanda esperada no llegue o los proyectos se retrasen”: “Esos costes los asumirían los consumidores y no quiere que eso ocurra, por eso mantiene una posición más conservadora de controlar las inversiones”.

Un marco regulatorio "que aporte certidumbre"

No es lo que proyecta el Gobierno, que en su plan de desarrollo de la red ya habla de la necesidad de triplicar las inversiones y de actualizar una red con capacidad para atraer y poder conectar la nueva industria en desarrollo. ‘España verde y conectada’ es una plataforma que agrupa a empresas del ámbito industrial, tecnológico y energético, junto con la sociedad civil, que abogan por asegurar la competitividad de la economía española y acelerar su transformación verde y digital. Su portavoz, Alejandro Labanda, recuerda que el camino lo ha marcado el Ministerio de Transición Ecológica y pasa por habilitar la red para dar nuevos pasos en materia de evolución industrial, inmobiliario y de descarbonización del transporte.

“Lo que nosotros reclamamos es que exista un marco regulatorio que aporte certidumbre a quienes tienen que invertir. A las compañías distribuidoras se les debe ofrecer una tasa retributiva homologable a la del resto de países europeos y con lo que propone la CNMC es inviable impulsar las inversiones en los campos que plantea el ministerio”. Labanda subraya que el problema actualmente en la aprobación del modelo de retribución radica en que el Gobierno puede fijar la orientación del futuro de la economía “pero la metodología de cálculo de la retribución le corresponde a la CNMC, que creo que ahora está sobreponderando la suficiencia económica. Eso puede llevarnos a perder oportunidades industriales, de vivienda o de electrificación del transporte”: “Se puede compaginar reducir el coste para los consumidores con un modelo que no plantee un horizonte de inversiones descontroladas, se puede hacer con una lógica de eficiencia económica”, señala Labanda.