Con el marco de negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de fondo, imposibles a priori por la negativa de Junts, que este jueves lanzaba un nuevo órdago al Gobierno bloqueando 25 leyes en el Congreso, Izquierda Unida, dio a conocer también desde la Cámara Baja una propuesta individual, no de la confluencia que mantiene con Sumar, para abordar una reforma fiscal "ambiciosa". En su presentación, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, afirmó que este plan permitiría cambiar el sistema de recaudación y orientarlo a una perspectiva "más justa".

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Sobre el papel, IU busca que las arcas estatales puedan incrementar su recaudación y contar con hasta 111.000 millones de euros, lo que supondría una cifra similar al 7% del PIB nacional. Aunque Maíllo, que compareció sobre el asunto por la mañana junto al economista Carlos Sánchez Mato, integrante del partido, recalcó que el objetivo de este incremento de los ingresos del Estado para el sostenimiento y el cuidado de los servicios sociales no pasa por sobrecargar más al contribuyente medio o de las clases populares. IU mira hacia las rentas más altas.

La reforma fiscal que sugiere IU dista de la pactada y finalmente ejecutada por el Gobierno a finales del año pasado, diluida por las reivindicaciones económicas y los frenos de partidos como Junts. Supone un toque, además, al Gobierno de coalición del que forma parte a través de Sumar, para afrontar el proceso de composición de Presupuestos con una perspectiva muy de izquierdas. Algo que, a su manera, también pedían explorar otros socios semanas atrás. En todos los ámbitos posibles a abarcar con las nuevas cuentas.

Se centra en dos objetivos. Primero, en modificar impuestos que ya existen, pero de forma progresiva de acuerdo a la renta, para aumentar con creces las aportaciones de los que más tienen. Algo que se extiende a las grandes empresas, a las que se subiría la tributación. Se quiere eliminar igualmente las exenciones fiscales como el IVA en la sanidad privada o en la educación privada. Respecto a las energéticas, se plantea una bajada al 5% del IVA la factura.

Segundo, se aboga por crear nuevos impuestos. Es el caso de un nuevo tributo a las grandes herencias y donaciones para aquellos casos de más de un millón de euros, que sería del 1,5% y permitiría recaudar 11.415 millones de euros. Asimismo, un impuesto ecológico ligado a esas grandes rentas -porque "contaminan más" al tener más propiedades o actividad, se justifica-, y un tributo a las grandes propiedades inmobiliarias. Por otro lado, y para conseguir la devolución del rescate bancario de la crisis, IU plantea un impuesto a los depósitos bancarios, elevando el tipo impositivo del 0,03% al 1%. Se quiere acabar con las ventajas de las socimis, algo que no prosperó en la anterior reforma fiscal.

IU quiere romper la apreciación social que se refleja en barómetros como el del CIS, de que la carga fiscal no es justa y no está bien repartida. Los de Maíllo creen, al contrario, que la recaudación es menor a la media europea, quieren ir más allá, pero que tenga mayor responsabilidad una renta alta o una gran empresa que una familia media. Esperan que el resto de socios avalen su propuesta.

En declaraciones a los medios, coincidiendo con el órdago de Junts y precisamente preguntado por la escasa viabilidad de los PGE, Maíllo cree que hay "una ventana de oportunidad" para incorporar alguna de estas propuestas en el proyecto y esperar condicionar a Junts a cambiar su negativa por un apoyo explícito. "Cuando en los PGE se afronten inversiones en Rodalies, por ejemplo, ¿Junts va a decir que no?", afirmó. La clave del Gobierno, cree, pasa por presentar "una propuesta que no se pueda rechazar".

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