Es un termómetro social, un indicador de la economía doméstica de nuestro país. La pobreza energética muestra con claridad cómo evoluciona la renta en los hogares y cómo el coste de la energía se puede convierte en un factor determinante para el bienestar. Encender la luz o poner la calefacción cuando se desea puede ser un gesto que no siempre está al alcance de todas las economías. En España actualmente algo más de 1,7 millones de personas reciben el llamado ‘bono social eléctrico’, una ayuda en forma de descuento de la factura eléctrica. En apenas dos años la cifra se ha disparado en casi 153.000 beneficiarios más.  

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Esta ayuda pública para sufragar los gastos eléctricos de los hogares está contemplada no sólo para colectivos con dificultades económicas y de renta, sino también para familias numerosas. En este último caso la renta familiar no es un elemento que determine la percepción del bono.

Un dato destaca en la evolución de los datos. Desde 2023 el incremento de beneficiarios se ha concentrado entre los demandantes que han visto perjudicados sus ingresos. En los dos últimos ejercicios ha aumentado en 130.000 los ciudadanos que han recibido este descuento por razones de renta, un número muy superior al del resto de parámetros.

Así, el número de familias numerosas que a 30 de septiembre –últimos datos aportados por el Ministerio de Transición Ecológica-  recibían la ayuda se ha incrementado en casi 52.000 nuevos beneficiarios. En el caso de los perceptores de otra ayuda social como es el Ingreso Mínimo Vital el incremento ha sido de casi 26.000 personas. Tan sólo entre los pensionistas con rentas más bajas la mejora en este periodo es evidente. El incremento de la cuantía de las pensiones ha permitido sacar de este colectivo de perceptores del bono social eléctrico a otros casi 26.000 pensionistas que en 2023 cobraban una paga mínima y hoy se ha visto incrementada y por tanto ya no son susceptibles de obtener esta ayuda.

El 25%, familias numerosas

El ritmo de aumento de perceptores está siendo importante en lo que vamos de año. Sólo en los nueve primeros meses la bolsa de beneficiarios de esta ayuda ha aumentado en algo más de 49.000 perceptores.

Actualmente las familias numerosas representan el 25% del total de beneficiarios. En septiembre sumaban un total de 432.347 personas. En estos casos la mera condición de familia numerosa da derecho a percibir este bono que supone un ahorro importante en la factura eléctrica. Descuento que, desde el pasado mes de julio, sin embargo, se ha reducido. Para casi la mitad de los perceptores, englobados dentro del grupo de consumidores ‘vulnerables’, el descuento era del 50% de la factura, si bien a partir de julio ese ajuste se redujo al 42,2%. Para otro colectivo en situación más precaria, los considerados consumidores vulnerables severos, que hasta julio se beneficiaban de un recorte del 65%, el descuento se limitará hasta final de año a un 57,5%.

A esta ayuda, que se financia con los peajes que las compañías energéticas incluyen en las facturas del resto de consumidores, se suma el llamado ‘bono social térmico’. En este caso se trata de una ayuda destinada a sufragar parte del consumo de calefacción. Es el Estado a través de los presupuestos generales quien financia estas ayudas que gestionan directamente las Comunidades Autónomas de modo independiente. El presupuesto para este año ronda los 140 millones de euros.

En términos absolutos es Andalucía la Comunidad Autónoma con más perceptores. Hasta septiembre de este año sumaban algo más de 346.000 beneficiarios, seguida por la Comunidad Valenciana, con 222.276, Madrid con 187.198 y Cataluña con 185.743.

El 'cheque energético'

Creadas en 2009, este tipo de ayudas ha abierto en algunos colectivos un debate sobre el modo en el que deberían gestionarse. Las empresas suministradoras aseguran que en muchos casos existen dificultades para identificar a los consumidores vulnerables. En algunos casos se reclama poder incorporar a los Servicios Sociales en la identificación de estos colectivos que en muchos casos no se benefician de las ayudas por desconocimiento o dificultades para tramitar su solicitud.

El sector viene denunciando que ambas ayudas, la relativa al consumo eléctrico y la referida a la calefacción, se aplican de modo incoherente. Recuerdan que en el caso de la ayuda eléctrica su coste se descuenta en la factura y está financiado por las empresas –y estas lo repercuten al resto de consumidores- mientras que en el caso del bono térmico la ayuda se ingresa sin verificar el uso real de energía. Por ello, abogan por impulsar medidas como ‘cheque energético’ o la aplicación de deducciones fiscales que permitan una protección más eficaz y equitativa.

A todo ello reclaman una vieja reclamación que pasa por la reducción de la carga fiscal que soporta la factura eléctrica. Recuerdan que los recargos fiscales pueden representar hasta un 40% del coste, muy por encima del que soporta el gas.    

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