¿Qué hacer?

Vladímir Ilich Uliánov publicó en 1902 un texto que se titula ¿Qué hacer?, donde, a partir de una serie de reflexiones, formula cambios estratégicos con el fin de impulsar el proceso revolucionario en Rusia. Una de sus propuestas más relevantes apuesta por abandonar el "economicismo" que caracterizaba al movimiento obrero de esa época. Demasiado centrado en las reivindicaciones, como la mejora del salario, había dejado de lado lo que, según él, debería ser la auténtica tarea: crear conciencia de clase para que los trabajadores entendiesen de forma integral las causas y soluciones a sus problemas. En consonancia, para conseguir un verdadero cambio, plantea contar con un núcleo de personas dispuestas a revolucionar el sistema de relaciones de poder, un cambio político.

Estas cosas las sé gracias a que estudié Sociología en un país latinoamericano a inicios de los 90, y no porque haya corrido delante de los grises como Pablo Iglesias II. La crisis de fe que provocó la caída del Muro de Berlín —solo comparable con la que causó el Concilio Vaticano II en los seminarios— nos hizo denostar al viejo Lenin y creer que su lectura poco nos aportaría. Sin embargo ahora, pensando en frío, considero que su visión estratégica ayuda a entender el fracaso de los planes de control del tráfico de cocaína.

Si el error del Partido Socialdemócrata Obrero Ruso era el economicismo, el de los gobiernos afectados por el tráfico de cocaína sería, que han centrado su lucha en la securitización, la judicialización y la militarización; cuando lo que hace falta es un cambio -desde la política- en la concepción del problema. Además, las primeras son unas estrategias que no permiten a los "trabajadores" adquirir "conciencia" de que el verdadero problema de la droga es empresarial, político y de salud pública y que los problemas de seguridad son consecuencia de ellos. Si queremos que las cosas cambien, debería aparecer una "vanguardia revolucionaria" que lidere un giro táctico, puesto que el modelo actual no funciona y la mejor prueba de ello es que no se reducen ni el tráfico ni el consumo en Estados Unidos y ni los muertos, como se puede ver en el caso de Ecuador.

El verdadero problema de la droga es empresarial, político y de salud pública y los problemas de seguridad son consecuencia de ellos"

Empeora la situación que algunas de las medidas adoptadas, judiciales o policiales, se acaben convirtiendo en un grotesco show que desvía la atención y permite que el negocio siga facturando. No es sólo la ineficiente estrategia de matar moscas a cañonazos que Estados Unidos está llevando a cabo en el Caribe y las costas del Pacífico de América del Sur –cuya inoperancia ya he explicado en este mismo espacio–, también es lo que está pasando con las medidas adoptadas en contra del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Él, su familia y otras autoridades colombianas han sido incluidos en la llamada Lista Clinton al aplicarles la Ley Kingpin (Foreign Narcotics Kingpin Designation Act, 1999), que permite al gobierno estadounidense identificar, designar y sancionar a grandes narcotraficantes internacionales y a todas las personas o empresas que los apoyen.

Este procedimiento se basa en la idea de que personas o entidades de otros países pueden ser imputadas porque las leyes financieras de EEUU tienen alcance extraterritorial cuando las transacciones usan su sistema financiero o involucran bienes bajo su jurisdicción. A mayores, no es necesario juicio alguno y, por lo tanto, tampoco cabe el derecho a demostrar que no se es el brazo político de los cárteles. Se trata más bien de un mecanismo de presión a los gobiernos de los países que no quieren ser fieles soldados de su fracasada guerra contra las drogas, porque estar incluido implica bloqueo total de activos en EEUU, prohibición de hacer transacciones con ciudadanos o empresas estadounidenses y restricción de acceso al sistema financiero internacional, pues bancos de todo el mundo evitan operar con sancionados para no exponerse a sanciones penalidades. El resultado es un fuerte aislamiento económico y reputacional.

Ahora bien, me pregunto cuántos kilos de cocaína han dejado de ingresar en EEUU o Europa desde que los Petro son unos proscritos del sistema financiero internacional. Además, me parece un mecanismo un poco naif que ataca, de hacerlo, a los actores episódico y secundarios del narcotráfico, mientras los protagonistas están fuera del alcance de esta ley. No soy un experto en blanqueo de dinero, pero supongo que, cuando uno se dedica a este tipo de negocios y se sabe observado, lo último que hace es meter varios millones en la cartilla de la caja de ahorros y menos aún ponerlo a su nombre.

Además, más allá de complicar el pago de facturas a los implicados, la sanción ha servido para que nos enteremos de que el presidente se gastó 40 euros en un club de striptease en Lisboa, información a la que ha respondido así: "Hay dos cosas que he aprendido en la vida: a no acostarme con mujer de la que no nazca nada en mi corazón, y a no comprar el sexo cuando aún soy capaz de la seducción y de la poesía. Siempre hay que combinar la sexualidad con la cultura, eso se llama erotismo. Te lo aconsejo". Luego añadió que "algún día contará por qué se gastó 40 euros en ese sitio". Conociendo al personaje, nos saldrá con otra historia como la de su viaje a París. Cuenta que allí estuvo hablando de Marx con el sindicato de trabajadores sexuales, del que fue dirigente su ministro de Igualdad y Equidad, Juan Carlos Florián, quien por entonces vivía en Francia y era actor de porno gay. Es más, para dar verosimilitud a su historia, Petro adorna su relato dando detalles de que el libro estaba subrayado por él mismo.

Un caso reciente que ilustra la complejidad del problema del narcotráfico y no sólo la poca eficiencia del actual enfoque, sino también la arbitrariedad de mecanismos sancionadores como el mencionado, es la reciente captura en Málaga del delincuente Wilmer Geovanny Chavarría Barre, alias Pipo, líder de la organización criminal ecuatoriana autodenominada Los Lobos. Este personaje, que fingió su muerte y se sometió a varias operaciones de cirugía estética, ha vivido a caballo entre Málaga y Dubái, controlando desde allí los negocios de Los Lobos y la consecuente generación de violencia. Lo mejor de todo este caso es la estrategia de su defensa en el Ecuador, donde ha sido extraditado. Su abogado sostiene que, al haber un certificado de defunción expedido por el Registro Civil de Guayaquil, debería declararse la extinción de la pena.

Anécdotas aparte, sorprende que una dictadura como la de Dubái, que somete a sus trabajadores extranjeros a controles férreos y a regímenes de semiesclavitud, no detectara la presencia de un delincuente buscado internacionalmente. Pero si revisamos los informes que señalan a los emiratos del Golfo como grandes lavanderías del narcotráfico global, la sorpresa disminuye. Lo realmente extraño, y con ello abundo en la caprichosa aplicación de medidas como la Lista Clinton, es que, siendo un país feudal donde nada sucede sin el consentimiento del gobernante, Estados Unidos no haya incluido aún en la misma al mundialmente conocido maltratador de mujeres y jeque de su país, Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Francisco Sánchez es director del Instituto Iberoamericano de la Universidad de Salamanca. Aquí puede leer todos los artículos que ha publicado en www.elindependiente.com.