Las asociaciones de fiscales llevan meses pidiendo una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que garantice la independencia del Ministerio Público frente al Gobierno. Actualmente, el mandato del fiscal general del Estado coincide con el del Ejecutivo que lo nombra, lo que limita su independencia. Por ello, vienen reclamando que se reforme la ley para desvincular ambos mandatos y garantizar que el cargo tenga más autonomía frente al poder ejecutivo.

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Tanto la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, como la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), han denunciado reiteradamente la falta de independencia real de la Fiscalía. Especialmente críticos se han mostrado con el todavía fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado por un delito de revelación de datos reservados, quien cederá su puesto a Teresa Peramato, cuyo nombramiento fue anunciado este martes. A la nueva mandataria le piden recuperar el "prestigio" y la "posición institucional" del Ministerio Público.

Aunque el Gobierno de Pedro Sánchez se ha mostrado dispuesto a desligar el mandato del fiscal general de la legislatura de cara al futuro, sostienen que esta medida es insuficiente, porque "los fiscales siguen sin ser independientes". La polémica se ha reavivado tras el fallo del Tribunal Supremo sobre García Ortiz, aunque el debate sobre la naturaleza y el funcionamiento interno de la Fiscalía lleva varios meses sobre la mesa.

Hace un mes, el Ministerio de Justicia presentó una reforma integral del Estatuto del Ministerio Fiscal, presentada como una ley que dotará de más independencia a la institución. Sin embargo, las asociaciones se mostraron críticas, calificando la reforma de "maquillaje" y asegurando que no garantiza la independencia efectiva, sino todo lo contrario: es una norma destinada a fortalecer la influencia del Gobierno sobre la Fiscalía.

No obstante, no toda la carrera piensa de la misma forma: la otra asociación de fiscales, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) —que Peramato llegó a presidir— se ha mostrado a favor tanto de la reforma propuesta por el Ministerio como del nombramiento de Peramato como nueva fiscal general del Estado.

Cristina Dexeus, presidenta de la AF, ha advertido a este periódico que la reforma no es lo suficientemente profunda, puesto que lo único que contempla, respecto de la relación del fiscal general con el Gobierno, es desvincular el mandato del Ejecutivo que lo nombra y fijarlo en cinco años. "Pero eso por sí solo no garantiza independencia", añade, subrayando que hacen falta medidas adicionales, como autonomía presupuestaria y reglamentaria frente al Ministerio de Justicia.

En la misma línea se manifestaron tres de las cuatro asociaciones de jueces: Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI), que mostraron su desacuerdo con varias cuestiones esenciales de la reforma, como entregar la instrucción de las causas a los fiscales o limitar las acusaciones populares, además de criticar el momento elegido para abordar una reforma de semejante calado.

Muchas voces del ámbito político y judicial cuestionan que el Ministerio Público, en última instancia, defiende siempre las tesis e intereses del Gobierno, que es quien nombra al fiscal general. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emite un informe sobre su idoneidad, pero no es vinculante, y el Ejecutivo, siempre que se cumplan ciertos requisitos, puede nombrar a quien estime oportuno. Así lo fijan tanto la Constitución Española como el Estatuto de la Fiscalía.

El nombramiento del fiscal general del Estado está regulado en el artículo 124.4 de la Carta Magna, que establece que el cargo lo designa el Rey a propuesta del Gobierno, previa audiencia del CGPJ. Esta fórmula se reproduce en el artículo 29 del Estatuto, que desarrolla el procedimiento y confirma que la iniciativa corresponde al Ejecutivo. Este es el marco normativo que las asociaciones consideran insuficiente y que reclaman reformar para garantizar una verdadera independencia del Ministerio Público frente al poder político.

El CGPJ dará luz verde a Peramato

El Consejo General del Poder Judicial emitirá este miércoles un informe favorable a que Teresa Peramato sea nombrada nueva fiscal general del Estado, tras la salida de García Ortiz, el único candidato al que el órgano de gobierno de los jueces ha declarado "no idóneo" para el cargo.

El CGPJ celebrará un Pleno extraordinario para despachar el informe requerido legalmente para poder nombrar al jefe del Ministerio Público, donde debe examinar si el candidato propuesto por el Gobierno cumple los requisitos legales: ser un jurista de reconocido prestigio con 15 años de experiencia.

El informe del Consejo siempre ha sido favorable al aspirante designado por el Ejecutivo, salvo en el caso de García Ortiz. En su primera designación obtuvo el visto bueno, pero de cara a su renovación fue declarado "no idóneo". El anterior CGPJ se opuso a la continuidad de García Ortiz en el puesto basándose en otra sentencia del Tribunal Supremo, que apreció que había incurrido en "desviación de poder" al ascender a su predecesora inmediata, Dolores Delgado, a la máxima categoría de la carrera fiscal.

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