Este martes, el Consejo de Ministros aprobó el Decreto para abonar la subida salarial de los empleados públicos correspondiente a 2025 y 2026. Los más de tres millones de funcionarios que hay en España verán en su nómina de diciembre un incremento del 2,5%, que se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero del presente ejercicio. Y para 2026, está prevista una subida fija del 1,5%, a la que podrá añadirse un 0,5% adicional si la inflación de ese año iguala o supera el 1,5%. En caso de ser así, este medio punto extra se abonaría en el primer trimestre de 2027, también con carácter retroactivo. Por tanto, en total, la subida de 2026 podría alcanzar el 2%.

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Estas subidas salariales forman parte del nuevo Acuerdo Marco para 2025-2028, cuya negociación ha sido especialmente intensa durante las últimas semanas. Pese a ello, el Ministerio de Función Pública ha esquivado la que podría haber sido la primera huelga general de empleados públicos desde que gobierna Pedro Sánchez, al lograr que los tres principales sindicatos entre los empleados públicos —CCOO, CSIF y UGT— firmasen el pasado jueves el pacto que contemplaba una subida acumulada de hasta un 11,4% a distribuir a lo largo del periodo. Desde CSIF comunicaron que con este acuerdo, los funcionarios alcanzarían "una recuperación del poder adquisitivo del 2,9%".

Sin embargo, este lunes, la presidenta de la Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca), Ana Ercoreca, criticó precisamente lo contrario. Según sus cálculos, los empleados públicos habían perdido más del 44% de poder adquisitivo desde 1982, una erosión que no se había compensado con las revalorizaciones de los últimos años. Además, la presidenta quiso recordar que el Banco de España prevé una inflación del 2,5% para 2025, exactamente la subida salarial aprobada para este año, lo que implicaría que los salarios públicos no ganarían poder adquisitivo. De hecho, señaló que no se habían tenido en cuenta factores como el encarecimiento de la energía, los alimentos o el precio de la vivienda, por lo que el nuevo Acuerdo Macro "se quedará en nada".

Los funcionarios, ¿ganan o pierden poder adquisitivo?

La divergencia entre los cálculos de Fedeca y CSIF se produce porque cada uno ha tomado un año de referencia distinto. Ya que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) solo cuenta con valores del Índice de Precios al Consumo (IPC) hasta el año 2002, para calcular si los empleados públicos han ganado o perdido poder adquisitivo, se ha tomado 2001 como año de referencia. Pues bien, mientras que la inflación acumulada desde el inicio del siglo ha crecido un 67,44%, los incrementos salariales lo han hecho un 43,58%, lo que refleja que los funcionarios acumulan una pérdida de poder adquisitivo de 23,9 puntos desde 2002.

En 2009, la brecha entre la inflación y los salarios de los trabajadores públicos logró cerrarse, respaldada por la buena marcha de la economía en los años previos a la crisis financiera de 2008. Durante este periodo se aplicaron algunas de las mayores subidas salariales de la serie —por encima del 2,7% anual, salvo en 2002, cuando el incremento fue del 2%—, lo que permitió compensar el encarecimiento del coste de la vida hasta 2009. Sin embargo, el estallido de la crisis tensionó las cuentas públicas y, en 2010, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero recortó el sueldo de los funcionarios un 5% y, hasta 2015, sus sueldos se mantuvieron congelados, lo que reabrió y amplió la brecha de poder adquisitivo acumulado.

Entre 2016 y 2020, la inflación media se situó en el 0,8%, lo que facilitó una cierta recuperación de los salarios públicos, ya que empezaron a recuperarse gradualmente: un 1% entre 2015 y 2017, un 1,75% en 2018, un 2,5% en 2019 y un 2% en 2020. Pero la irrupción de una nueva crisis, esta vez motivada por la pandemia y agravada por los cuellos de botella de los suministros y la invasión rusa en Ucrania, disparó la inflación hasta niveles históricos: un 6,5% en diciembre de 2021 y un 5,7% en el mismo mes de 2022. Por su lado, el Acuerdo Marco 2022-2024 fijó subidas del 3,5% para 2022 y 2023 y del 2,5% para 2024 —las subidas más altas registradas desde 2002—, pero insuficientes para cerrar la brecha. Como resultado, en 2024 la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos se situó en un 23,86%.

El nuevo acuerdo salarial ampliará la brecha

El pacto firmado entre el minsterio dirigido por Óscar López y los sindicatos ha fijado un incremento que podría alcanzar un 11,4%, a distribuir entre 2025 y 2028. No obstante, aunque la subida salarial del año 2027 registrará el mayor incremento desde 2002, no logrará reducir la pérdida de poder adquisitivo. De hecho, crecerá hasta el 24,1% al final del periodo.

En 2025, el acuerdo fija un aumento del 2,5%, insuficiente para compensar el avance de los precios, ya que el último dato disponible del INE (de noviembre) sitúa la inflación en el 3%, lo que representa más pérdida de poder adquisitivo. Y en 2026, la situación será la misma. Aunque el incremento salarial podría llegar al 2%, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que el IPC alcanzará el 2,6%, lo que volverá a erosionar el poder adquisitivo de los trabajadores públicos.

Será únicamente en 2027, con la subida extraordinaria del 4,5%, cuando los funcionarios recuperen poder adquisitivo por primera vez en años, casualmente el año en el que se celebrarán Elecciones Generales en España. Pero este avance será coyuntural. En 2028, el incremento previsto del 2%, en un contexto de inflación estabilizada según las previsiones de la AIReF, solo permitirá neutralizar la pérdida, sin contribuir a cerrar la brecha acumulada durante las dos últimas décadas.

Así, en conjunto, el nuevo Acuerdo Marco no reducirá la brecha, sino que la ampliará ligeramente: si en 2024 el diferencial entre inflación y salarios era de 23,9 puntos, al cierre de 2028 alcanzará los 24,1 puntos, siempre que se cumplan las previsiones de la AIReF y no se produzcan nuevos shocks que disparen la inflación.

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