El Frente Polisario ha presentado formalmente ante el Tribunal General de la Unión Europea un recurso contra el reglamento que da cobertura jurídica al nuevo acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos, una ofensiva legal que busca tumbar lo que Bruselas y Rabat consideran un pacto estratégico pero que para los saharauis representa una vulneración del derecho internacional y de sentencias previas de la justicia comunitaria. Un pacto al que se oponen también los agricultores europeos, que lo consideran una nueva estrategia de competencia desleal de Marruecos.

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El recurso fue presentado el 27 de diciembre de 2025, según han confirmado a El Independiente fuentes del propio movimiento saharaui. Se cumple así lo avanzado hace semanas a este diario por Oubbi Buchraya, asesor especial del secretario general del Frente Polisario para recursos naturales y asuntos jurídicos. "Vamos a recurrir la firma del acuerdo en su forma de aplicación provisional. Y cuando se concluya el acuerdo, mediante la ratificación y el voto de los estados y el voto de los parlamentarios, recurriremos el nuevo acuerdo en su forma final concluida. Según los procedimientos del tribunal, si se recurre el nuevo acuerdo concluido formalmente ya y ratificado por el Parlamento, decae el primer recurso y el tribunal examinará solamente el nuevo, que es en base al acuerdo final concluido", deslizó entonces.

El recurso contra un reglamento de la UE que ha entrado ya en vigor en aplicación provisional -con un etiquetado que sortea la denominación del Sáhara Occidental estipulada por el Tribunal de Justicia de la UE- supone, en opinión del Polisario, una reconfiguración del marco de relaciones entre Bruselas y Rabat que incluye de facto al Sáhara Occidental ocupado dentro del ámbito del acuerdo, violando de manera sistemática las decisiones judiciales que en 2024 determinaron que cualquier tratado que vincule al Sáhara Occidental debe contar con el consentimiento explícito de su pueblo.

En su presentación ante el tribunal europeo, el Polisario argumenta que el reglamento ha sido adoptado sin el consentimiento de la población saharaui y contraviene una jurisprudencia reiterada que considera al Sáhara Occidental como territorio separado y distinto del Reino de Marruecos, excluido del proceso de negociación bilateral entre Bruselas y Rabat a menos que exista autorización expresa de su legítimo representante.

Un barco pesquero en el puerto de El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos. | Efe

Una ofensiva judicial continuada

La acción judicial del Polisario no es nueva: desde 2024, tras la anulación de los acuerdos agrícola y pesquero por parte del TJUE —que cuestionó la inclusión del territorio sin el consentimiento previamente mencionado—, el movimiento saharaui ha venido advirtiendo que recurriría nuevamente la versión actualizada del pacto comercial si este mantenía una estructura que permita el acceso preferente de productos originarios del Sáhara Occidental al mercado comunitario.

Un comunicado del Polisario, difundido a principios de diciembre, anticipaba esta estrategia jurídica reiterando su rechazo “absoluto” a todos los acuerdos entre la UE y Marruecos que involucren al Sáhara Occidental, incluidos los sectores agrícola y pesquero.

Reacciones en Bruselas y en Rabat

La Comisión Europea, por su parte, ha defendido el marco acordado con Marruecos como necesario para estabilizar las relaciones económicas y geoestratégicas en el sur del Mediterráneo. Sin embargo, la postura comunitaria ha sido objeto de críticas dentro del propio Parlamento Europeo, donde buena parte de los eurodiputados ha acusado a la Presidenta de la Comisión de recompensar de facto la situación de ocupación ilegal del Sáhara Occidental.

Rabat, por su parte, ha mantenido que los acuerdos con la UE se ajustan al derecho internacional y que el etiquetado de productos viene a confirmar su soberanía sobre todo el territorio del Sáhara Occidental, una tesis rechazada tanto por la justicia comunitaria como por el Polisario y sectores del Parlamento Europeo.

Alcance jurídico

El recurso presentado el 27 de diciembre abre un nuevo capítulo en un litigio que ya ha marcado la agenda jurídica y política de Bruselas con Rabat en los últimos años. El TJUE deberá evaluar si el nuevo reglamento europeo respeta o no los principios y la jurisprudencia precedente, un proceso que podría prolongarse meses y que, en caso de anulación, obligaría a revisar o incluso cesar la aplicación del acuerdo en su forma actual.

Para el Polisario, esta batalla legal es también una pieza central de su estrategia política, en un momento en el que el régimen de Mohamed VI trata de impulsar las inversiones en los territorios ocupados del Sáhara: insistir en que cualquier tratado que incluya al Sáhara Occidental sin su consentimiento no sólo es ilegal, sino que perpetúa la ocupación del territorio e incrementa la explotación de sus recursos en detrimento del pueblo saharaui.

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