La detención y posterior traslado de Nicolás Maduro a Estados Unidos ha provocado un auténtico revuelo internacional. Las opiniones sobre la actuación de Donald Trump en este asunto van desde quienes que celebran la caída del venezolano hasta aquellos que entienden que la imposición del presidente estadounidense supone una flagrante violación del derecho internacional.

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Sea como fuere, las acusaciones que pesan contra el dirigente latinoamericano son extremadamente graves. EE.UU. acusa a Maduro de liderar una red de narcoterrorismo, facilitando desde su posición de poder el envío de grandes cantidades de cocaína a territorio estadounidense. La acusación formulada por el fiscal de Nueva York, ya en 2020, señalaba que el régimen ha convertido Venezuela en un narcoestado que se ha beneficiado de prácticas corruptas como el tráfico de drogas, el blanqueo de capitales y malversación aprovechando su posición en el Caribe y su relación con otros líderes internacionales.

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Los lazos de la corrupción en Venezuela se extienden no sólo por Latinoamérica, sino que llegan hasta territorio europeo y, por supuesto, a España. En nuestro país son varias las causas judiciales que se han instruido contra actores vinculados al régimen de maduro y que tienen un fuerte vínculo con los hechos investigados ahora por la justicia estadounidense.

EE.UU considera que Maduro lidera un gobierno "corrupto e ilegítimo que, durante décadas, ha utilizado su poder para proteger y promover actividades ilegales, incluido el narcotráfico".

El 'Pollo' Carvajal

La acusación formulada en el año 2020 incidía en el papel de las élites venezolanas, que se han enriquecido durante años con el narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes. Las ganancias de esta actividad ilegal, insistían las autoridades estadounidenses, se canalizaban hacia funcionarios civiles y militares corruptos. Entre estos últimos destaca el nombre de Hugo Armando Carvajal Barrios, alias "El Pollo", quien fuera detenido en Madrid en el año 2021.

El ex director de Inteligencia Militar venezolano permaneció en España hasta el año 2023, cuando se formalizó su extradición a Estados Unidos. Carvajal podría ser una de las piezas clave para poner el último clavo en el ataúd político de Nicolás Maduro, pues en 2025 se declaró culpable y prometió colaborar con la justicia estadounidense con nuevas pruebas contra el régimen chavista.

Según la acusación estadounidense, la cocaína producida Colombia se transportaba a Venezuela bajo la protección de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), y era recibida por el propio Carvajal Barrios, aliado cercano de Maduro. Se le vincula con un cargamento de 1,3 toneladas de cocaína desde el país vecino.

Durante su estancia en España, Carvajal ya tiró de la manta. En concreto, el exmilitar venezolano apuntó a la existencia de un presunto entramado de pagos irregulares vinculados a la petrolera venezolana PDVSA de los que se habrían beneficiado varios políticos españoles.

En su declaración ante el juez Manuel García-Castellón apuntó por su presunto papel en estas operaciones irregulares al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Incluso llegó a asegurar que el exlíder socialista poseía una mina de oro en Venezuela.

Investigación a Plus Ultra

La sombra de la corrupción del régimen de maduro ha amenazado en varias ocasiones al expresidente del Gobierno. Recientemente, el estallido de la investigación contra la aerolínea Plus Ultra ha vuelto a sacar a la palestra el nombre de Zapatero.

El exdirigente socialista ha sido vinculado como intermediario con el Ejecutivo y el país caribeño. Entre otros, el exsecretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha sido uno de los encargados de señalar al expresidente por sus vínculos con el régimen de Maduro y su interés por conseguir el rescate a Plus Ultra. Según la versión del exministro, el antiguo jefe del Ejecutivo habría presionado para que la SEPI concediera el rescate de 53 millones a la aerolínea.

La Fiscalía Anticorrupción investiga a la compañía aérea por un presunto delito de capitales. La investigación dirigida por el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid parte de otra investigación iniciada en Suiza y Francia a una presunta organización criminal en la que se investiga el blanqueo de "fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela".

El departamento dirigido por Alejandro Luzón investiga si la compañía española utilizó parte de los 53 millones de euros recibidos como parte del rescate del Gobierno de Pedro Sánchez para la devolución de préstamos concedidos por otras empresas de la trama. Eso constituiría un presunto delito de blanqueo de capitales que se extiende a través de varios países europeos.

Otro de los focos de la corrupción en Venezuela y que ha derivado en investigaciones judiciales en España es el petróleo venezolano. La acusación estadounidense aseguró que se usó un avión propiedad de PDVSA para "cargar grandes paquetes envueltos en cinta adhesiva que, según el capitán, eran drogas". En España, se han instruido varias causas judiciales vinculadas a la empresa estatal venezolana y al presunto blanqueo de fondos y ocultación de capitales procedentes de la petrolera estatal venezolana. En concreto, la Audiencia Nacional investigó si se desviaron fondos públicos de PDVSA a España a través de sociedades pantalla y cuentas bancarias, especialmente en el caso del exembajador Raúl Morodo y su hijo.

Delcy Rodríguez y el 'caso Koldo'

El nombre de la petrolera venezolana también ha salido a la luz en una de las causas judiciales más mediáticas de los últimos años en España, el conocido como el 'caso Koldo'. Cabe recordar que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) hizo alusión en uno de sus informes a la existencia de un sobre con documentación sensible en el que podía verse el logo de la empresa estatal venezolana. El empresario Víctor de Aldama aseguró que en dicho sobre había información que comprometía al Gobierno y, en concreto, de Zapatero.

El sobre estaba dirigido a Delcy Rodríguez, quien ha asumido la presidencia en funciones tras la detención de Maduro. La que hasta ahora había sido la vicepresidenta de Venezuela tenía una estrecha relación con el empresario español, hecho que ha quedado acreditado a través de diversos mensajes intervenidos por la UCO.

Se han localizado mensajes entre Aldama y Rodríguez en los que ambos hablan de un contrato de compraventa en el que el Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela (FONDEN) ofrecía 104 barras de oro a BANCASA SA por valor de 68,5 millones de dólares. Dichos fondos son objeto de investigación en el conocido como 'caso Plus Ultra'.

La relación entre ambos era tan estrecha que, incluso, el propio empresario ha defendido en varias ocasiones que él fue la persona encargada de diseñar la agenda de Rodríguez para su viaje a España en enero de 2020. Según Aldama, alquiló un chalé para su estancia en Madrid y el Gobierno de Sánchez estaba al tanto, ya que él mismo había organizado una "cena con M" (cena con ministros) para esos días. El conocido como el 'Delcygate' ha sido uno de los fantasmas más presentes en la legislatura de Sánchez y en la administración de José Luis Ábalos.

Además del papel del exministro de Transportes, la causa por la que Ábalos permanece en prisión también sacó a relucir la relación del régimen de Maduro con Koldo García. Entre las evidencias recopiladas por la Guardia Civil destacan varios mensajes que el exasesor ministerial envió a la mano derecha de Maduro. El objetivo era reunirse con la dirigente venezolana. Los mensajes son de octubre de 2021, fecha en la que José Luis Ábalos ya había cesado como ministro.

Con estos y otros ejemplos han quedado acreditados los vínculos de Venezuela con España. Dichos lazos están bajo la lupa de la justicia desde hace ya varios años. Ahora solo queda esperar si la investigación iniciada por EE.UU. saca a relucir nuevos nombres.