Los jubilados perderán poder adquisitivo en 2017 debido a que el IPC será positivo y se situará por encima de la previsible revalorización del 0,25% de las pensiones para ese año. Es la primera vez que los pensionistas afrontan una merma de su capacidad de compra desde la entrada en vigor de la última reforma del sistema en enero de 2014.

Para entender la importancia de esta cuestión cabe señalar que, según datos distribuidos por CC.OO. a propósito de la celebración el próximo 1 de octubre del Día Internacional de las Personas Mayores, las pensiones suponen la principal fuente de ingresos de más del 25% de los hogares españoles.

La revalorización de estas prestaciones se calculaba hasta 2014 con arreglo a la inflación de noviembre. Si el IPC era positivo ese mes, se aplicaba un pago compensatorio por el desvío en el año en curso y se actualizan las prestaciones con arreglo a ese dato para el siguiente. Con la nueva norma, esta vinculación, conocida como indexación, dio paso a la aplicación del Índice de Revalorización de las Pensiones.

Este índice es el resultado de una fórmula que tiene en cuenta los ingresos de la Seguridad Social, la evolución del número de pensionistas y la situación económica, entre otros factores. De acuerdo con estas variables, en el peor de los casos se puede fijar una mejora mínima de las pensiones del 0,25%, para evitar una pérdida nominal de su valor, y una máxima del IPC más el 0,5% en los tiempos de bonanza.

Con vistas a 2017, el vicesecretario sectorial del PP, Javier Maroto,  adelantó a finales del mes de julio que la subida de las pensiones para el próximo año no sería superior a ese mínimo, dado la esperada desaceleración de la economía y el déficit de las cuentas de la Seguridad Social. Fuentes del Ministerio de Empleo lo siguen dando por hecho y los expertos consultados también.

Aún está por saber qué vía legal será la elegida para concretar esta revalorización de cara a 2017, ya que cada año se incluye en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado del año siguiente y en esta ocasión solo cabe la posibilidad de prorrogarlo al estar el Gobierno en funciones.

En cualquier caso, el economista jefe de Economías Desarrolladas del BBVA e integrante del grupo de expertos que elaboró la reforma, Rafael Doménech, señala que “lo único que podría hacerse para asegurar una subida mayor a corto plazo sería aportar recursos estructurales a la Seguridad Social”. De esta manera se podría eliminar el déficit del sistema actualmente existente –del 0,55% del PIB hasta agosto– y lograr que los ingresos aumentasen por encima de los gastos, dejando margen a mayores subidas de las prestaciones.

La inflación vuelve al terreno positivo

La  aplicación del Índice de Revalorización de las Pensiones ha venido dando como resultado desde 2014 subidas anuales del 0,25%. Sin embargo, los pensionistas no han dejado de ganar por ello poder adquisitivo, ya que la inflación se ha mantenido en terreno negativo o neutro.

Según se recoge en el Informe sobre el Desarrollo del Pacto de Toledo 2011-2015, que remitió el Ministerio de Empleo a las Cortes el pasado mes de abril, las pensiones mínimas aumentaron en 2013 un 2%, mientras que, del resto, las inferiores a 1.000 euros lo hicieron en la misma proporción y las de cuantía superior, un 1%. El IPC de referencia ese año fue del 0,2%, con lo que la ganancia de poder adquisitivo osciló entre los 0,8 y los 1,8 puntos porcentuales ese año.

Con la reforma de las pensiones en vigor, en 2014 y 2015 se aplicaron revalorizaciones del 0,25%, pero el IPC a final de año fue del -1% y el 0%, respectivamente.  Además, la inflación se ha mantenido en terreno negativo la mayor parte de los meses hasta ahora. Así, los jubilados aumentaron su poder de compra en esos años en 1,25 y 0,25 puntos, es decir, 1,5 puntos porcentuales desde el cambio normativo.

Los datos que maneja el Ministerio de Empleo indican que el desfase a favor de los pensionistas ha sido de 1.106,2 millones de euros entre 2012 y 2015 y de 702 millones de euros hasta el 31 de agosto de este año.

Sin embargo, el indicador adelantado del IPC del mes de septiembre de este año, a falta de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publique el dato definitivo el próximo 14 de octubre, ha reflejado la primera tasa positiva del año, del 0,3%, ya superior a la previsible revalorización de las pensiones. No obstante, aún cifra en un -0,3% el IPC medio para el conjunto del año.

Para el próximo ejercicio, el consenso de analistas espera que la tasa de IPC se sitúe ya en el 1,2% en 2017. El Banco de España eleva esta previsión y estima que el indicador llegará incluso al 1,5% de media.  De cumplirse este pronóstico, solo en 2017 se habría perdido la mayor parte de la ganancia de poder adquisitivo de los últimos años. A futuro, todo depende de cuántos años queden de subidas de pensiones en mínimos y de IPC al alza.

Según Doménech, para que la revalorización de las pensiones sea similar a la tasa de inflación es necesario que el crecimiento nominal de los ingresos de la Seguridad Social sea igual al aumento del gasto en pensiones más la tasa de crecimiento del IPC. La Autoridad Indepdendiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) cree que el déficit de la Seguridad Social se estabilice en torno a los 1,5 puntos del PIB en los próximos cinco o seis años. Su presidente, José Luis Escrivá, indicó recientemente en un foro dedicado al sistema de pensiones que la «brecha» entre ingresos y gastos se cerrará «muy despacio», con lo que todo hace pensar que el golpe al bolsillo de los jubilados en 2017 no será el único.