Lo que patronal y sindicatos exigen a Rajoy: abordar las pensiones y la precariedad

Las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CC.OO. y UGT escucharon muy atentos al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante el debate de investidura, cuando avanzó con énfasis que les convocará sin dilación para dar un nuevo impulso al diálogo social y tratar en este foro los retos más importantes que deberá encarar España en la legislatura que empieza. Ahora, los representantes de los empresarios y de los trabajadores piden diálogo con mayúsculas y esperan que la oferta de pactos de Rajoy sea un hecho. A la espera de la llamada del Gobierno, sus líderes han avanzado a El Independiente las reivindicaciones que pondrán sobre la mesa tanto en materia de pensiones, como de salarios, presupuestos o formación. Esto es lo que le espera al Gobierno en esa primera reunión.

¿Cómo afrontan la nueva etapa del diálogo social?

Presidente de CEOE, Juan Rosell: Estamos convencidos que la oferta de diálogo del Gobierno es una apuesta sincera en la que nosotros tenemos muchas cosas que aportar, ya que representamos a todas las empresas de España, sujetos fundamentales de uno de los principales retos que tenemos de futuro: la creación de empleo.

Presidente de Cepyme, Antonio Garamendi: El diálogo a todos los niveles es siempre positivo y en la nueva etapa política que ahora iniciamos va a ser más necesario que nunca.

Secretario general de CC.OO, Ignacio Fernández Toxo: En el período anterior, lo cierto es que Rajoy no escuchó a nadie. Deberá demostrar con hechos el catálogo de pactos que ha ofrecido en materia de empleo, pensiones, educación, ley de financiación autonómica, déficit, corrupción... El diálogo que ofrece Rajoy no puede ser un decorado, necesita materializarse en acuerdos concretos con efectos reales.

Secretario general de UGT, Pepe Álvarez: Valoramos la disposición expresada por el presidente del Gobierno, pero creemos que este cambio de posicionamiento se debe al debilitamiento parlamentario del PP, más que a su confianza en las ventajas de una fórmula de actuación que ha practicado escasamente en los últimos años. Confiamos en que el compromiso se materialice desde la buena fe y una sincera y leal voluntad de acuerdo en el diálogo social.

El presidente de CEOE, Juan Rosell Europa Press

¿Cuáles serán sus prioridades?

Rosell: Son diversas las cuestiones que han de ser resueltas con la máxima urgencia, pero después de un análisis profundo y con el máximo de consenso. Por solo citar tres: la creación de empleo, la mejora de la educación y de la formación, con la consiguiente mejora de la empleabilidad, y la apuesta por el desarrollo de las empresas.

Garamendi: Hay varias cuestiones pendientes: la profundización en la reforma del mercado laboral y las consecuencias de la reciente sentencia sobre los contratos temporales; la formación, cuya reciente reforma ha resultado fallida y claramente perjudicial para atender las necesidades de empresas y trabajadores en este ámbito; el impulso de la negociación colectiva; la reforma de las pensiones; la continuidad de los procesos de mediación y solución de los conflictos laborales, etc…

Toxo: El diálogo social debe servir para revertir las reformas laborales y reducir las insoportables tasas de desempleo y precariedad. También para combatir la pobreza en sus múltiples expresiones, impulsar la igualdad entre mujeres y hombres y recomponer los sistemas de protección social.  Además, hay que recuperar la calidad de los servicios públicos y sociales y garantizar a futuro el sistema público de pensiones.

Álvarez: España necesita, de manera prioritaria y urgente, un plan de empleo para crear trabajo con derechos, mejorar el sistema de protección social y combatir la pobreza creciente incluso entre la población trabajadora.

¿Qué proponen en pensiones?

Rosell: Es fundamental actuar tanto sobre los ingresos como los gastos del sistema de pensiones, de manera que sea compatible la competitividad de las empresas, no penalizándolas por  la vía de las cotizaciones a la Seguridad Social o los impuestos, con una pensión que cumpla su función de reemplazo de rentas para los ciudadanos.

Garamendi: Plantear modificaciones en el sistema público de pensiones es una prioridad inmediata dentro de un diálogo transparente y realista, siendo conscientes de que resulta imprescindible llevar a cabo actuaciones concretas en la Seguridad Social sobre los gastos y los ingresos. Todo ello sin olvidar el esfuerzo realizado por parte de los empresarios, que soportan los costes salariales derivados del mantenimiento de los tipos de cotización, a pesar del compromiso del Gobierno de rebajarlos.

 Toxo:  El sistema de pensiones es sostenible. Somos partidarios de reformas paramétricas que actúen sobre los ingresos y gastos del sistema de pensiones, así como sobre los comportamientos inadecuados de cotización, para garantizar su calidad y viabilidad. No estamos de acuerdo con la rebaja de las cotizaciones y apostamos por un conjunto de medidas que van desde la mejora de la progresividad de las cotizaciones a la financiación de las pensiones de viudedad y orfandad con impuestos, reforzando la contributividad del sistema y avanzando en la separación de fuentes de financiación.

Álvarez: Es necesario y urgente abrir un debate con medidas a corto y a largo plazo. UGT propone tres medidas urgentes: acabar con las bonificaciones a la contratación de las empresas, financiar los gastos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social desde los Presupuestos y no desde el propio sistema y destopar las bases de cotización. Tres medidas que ahorrarían 15.500 millones de euros a la Seguridad Social y podrían acabar con su déficit. Por otra parte, hay que abordar un sistema de financiación de todas las pensiones que aumente los ingresos de la Seguridad Social por la vía de los impuestos. De esa forma, se podrían subir las pensiones un 1,2% en 2017, en línea con el IPC.

El secretario general de CC.OO. Europa Press

 ¿Y en materia de salarios?

Rosell: Los negociadores en cada empresa o sector son los máximos conocedores de su realidad y, por tanto, de sus necesidades. Son ellos los que han de continuar gestionando los salarios. Desde CEOE nos hemos de limitar a establecer recomendaciones de modernización, de reordenación y de reglas subsidiarias, especialmente en relación a la moderación salarial.

Garamendi: Es preciso que cada sector y cada empresa considere las posibilidades de incrementos salariales primando la productividad, siempre teniendo en cuenta que las circunstancias son todavía difíciles, especialmente para muchas pequeñas y medianas empresas.

 Toxo: Es urgente dejar atrás la devaluación salarial y, por tanto, los sueldos reales deben volver a crecer. Rebajar los índices de pobreza y la creciente desigualdad pasa por mejorar las oportunidades de empleo de los parados de larga duración y aumentar el salario mínimo interprofesional (SMI) un 40%, de acuerdo con la Carta Social Europea, hasta los 900 euros mensuales, frente a los 654 euros que alcanza en la actualidad. Este incremento podría aplicarse de manera paulatina a lo largo de la próxima legislatura.

Álvarez: Para activar el consumo y lograr que la reactivación económica y la creación de empleo sean una realidad es imprescindible potenciar las rentas y las prestaciones de los ciudadanos. Trasladaremos al Gobierno la necesidad de que haya crecimientos reales de los salarios y que crezca el SMI hasta los 800 euros en 2017 y al 60% del salario medio antes del final de la legislatura (en torno a los 1.000 euros aproximadamente).

¿Qué medidas urge adoptar para reducir el desempleo?

Rosell:  España tiene un problema de desempleo que urge resolver, ya que hay demasiadas personas que están en esta situación y no son pocos los que se ubican en el denominado desempleo de larga duración.  Desde CEOE hemos propuesto dos muy evidentes: resolver las disfunciones del mercado de trabajo y apostar por la formación.

Garamendi: Es preciso flexibilizar los sistemas de contratación y simplificar los actuales modelos de contratos. Además, hay que facilitar la contratación indefinida, pero también la temporal y a tiempo parcial, que en el modelo económico español tienen una utilidad incuestionable. Por otro lado, el coste del despido sigue siendo un elemento determinante en la dualidad entre la contratación temporal e indefinida, por lo que debe equilibrarse. Y es preciso reducir las cotizaciones empresariales, que están entre las más altas de los países de nuestro entorno y cuya rebaja contribuiría a impulsar la creación de más empleo y de más calidad.

Toxo:  Hay que abandonar la política de fomento del empleo mediante la devaluación salarial y la precarización de las condiciones de trabajo. El objetivo no puede ser rebajar el desempleo estadístico a costa de destruir la cohesión social. Las prioridades deben ser un plan de choque contra el desempleo, centrado en los jóvenes, los parados de larga duración y las mujeres; aumentar los recursos públicos para las políticas de empleo; revisar las políticas de bonificaciones a la contratación; revertir la reforma laboral; y reconsiderar el conjunto del sistema de protección al desempleo a la luz de sus escasos resultados.

Álvarez: En primer lugar, hay que derogar las reformas laborales y restablecer el equilibrio entre patronal y sindicatos. Es urgente y necesario acometer un plan de choque por el empleo, aumentar la cobertura a los desempleados, ampliando el Plan de Activación por el empleo; recuperar el contrato relevo como fórmula para facilitar el trabajo a los jóvenes; tender un puente para la jubilación a los desempleados mayores de 55 años y el desarrollo de una estrategia de Estado de política industrial que apueste por la reindustrialización del tejido productivo español.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez Europa Press

¿Qué plantearán al Gobierno en materia de formación?

Rosell: En relación al tema de la formación profesional para el empleo desde CEOE hemos tenido las ideas muy claras: es una herramienta estratégica, que bien utilizada podría ser muy útil para incrementar la empleabilidad de los trabajadores, tanto de los ocupados, como de los desempleados. La formación la pagan esencialmente las empresas y se realiza en su seno, por lo que deberían ser ellas las que decidieran qué necesitan y cómo se hace.

Garamendi: Hay que modificar el actual modelo de formación profesional para el empleo aumentando el protagonismo de las empresas y de los trabajadores, que son quienes mejor conocen las necesidades específicas en este ámbito y quienes la sufragan con sus cuotas. Necesitamos una oferta integral y flexible de formación permanente, adaptada a las distintas situaciones de la población y a las demandas de las empresas.

Toxo: Impulsaremos un acuerdo social que revierta el decreto aprobado --que apartó a los agentes sociales de su gestión-- y establezca un sistema en el que se garantice una oferta de formación que ponga en valor la cualificación de los trabajadores. Este acuerdo debe asegurar la participación de las organizaciones sindicales y empresariales en los órganos de gobierno del sistema de formación.

Álvarez: Es necesario retirar recursos de las bonificaciones a la contratación y destinarlos a implantar como un derecho la orientación personalizada de los desempleados. También cambiar la ley de formación para el empleo, que es totalmente ineficaz, y sustituirla por un sistema en el que las comisiones paritarias determinen las materias a impartir en formación para el empleo entre los sectores productivos, porque los agentes sociales somos quienes conocemos las necesidades de cualificación de los trabajadores y los requerimientos de las empresas.

¿Qué Presupuestos se necesitan para 2017 y cómo debería reducirse el déficit?

 Rosell: Los Presupuestos para el próximo año deberían seguir siendo una herramienta de gestión de la riqueza, dentro de las exigencias de reducción de déficit que nos piden, por lo que es fundamental que se apueste por la inversión y se reduzcan aquellos gastos que no sean estrictamente necesarios. Desde CEOE estamos convencidos que hay mucho camino que se puede andar en cuanto a la mejora de la gestión del gasto público.

Garamendi:  El ahorro sobre el gasto público debe provenir de una mejora de la eficiencia en la asignación de los recursos públicos, de un análisis en profundidad para que se eviten duplicidades entre las diferentes administraciones, de la mayor provisión de servicios públicos por parte del sector privado, así como de la reducción de organismos, agencias y empresas públicas que prestan servicios y que no obedecen ni a criterios de necesidad ni de mejora de la eficiencia.

Toxo: Los próximos presupuestos deben servir para alinear la economía con las necesidades de las personas. El recorte del gasto publico de los últimos años ha significado duros retrocesos en sanidad, educación, vivienda e infraestructuras. También en políticas activas de empleo y en el sistema de protección por desempleo. Son partidas todas ellas que deberían recuperarse, junto a la deuda social (salarios, empleo, condiciones de trabajo...) contraída con los empleados públicos. Para ello, España necesita al menos un año adicional para reducir el déficit público al 3%.

Álvarez: Los Presupuestos no pueden traducirse en menos gasto público, menos inversión y más recortes. Las obligaciones derivadas del cumplimiento del déficit no deben trasladarse de nuevo a los ciudadanos y trabajadores. El Gobierno debe renegociar esos compromisos con Bruselas al tiempo que se lleva a cabo una revaloración de las pensiones, del SMI y de los salarios de los empleados públicos, fundamental para apuntalar el crecimiento económico y reducir las desigualdades sociales. También es necesario abrir un debate inmediato sobre fiscalidad con el objetivo de diseñar una política fiscal que permita a España crecer de forma estable y sostenida en el tiempo.

Presidente de Cepyme, Antonio Garamendi Europa Press

¿Qué debe cambiar en la educación?

Rosell: Es evidente que necesitamos un sistema educativo que sea estable, que no sea modificado en cada legislatura, que sea de la máxima calidad y que se fundamente en la máxima libertad. En cuanto a las cuestiones más concretas, creemos que debe apostar por fomentar los aspectos del emprendimiento y conectar los centros educativos y las empresas, desde todos los puntos de vista posibles.

Garamendi: La educación debe ser una prioridad de la política de Estado. Se trataría de corregir los desequilibrios del sistema educativo, tanto entre niveles como entre especialidades formativas, estimulando particularmente la formación profesional para adecuar la cualificación de la población a las necesidades y retos del sistema productivo.

Toxo: Exigimos la retirada de la LOMCE y la reversión de los recortes que han afectado a todos los ámbitos del sistema educativo, especialmente a todo aquello que debía contribuir a compensar las desigualdades de origen. Debe iniciarse un proceso de diálogo con la comunidad educativa en aras a acometer algunas cuestiones apremiantes como la formación profesional dual para garantizar una adecuada inserción de nuestros jóvenes en el mercado laboral.

Álvarez: Apostamos por la derogación de la LOMCE y la apertura inmediata de una mesa de diálogo en el ámbito educativo que permita recuperar el consenso y construir una política de Estado en este ámbito.