Los despachos de abogados especializados en la defensa del consumidor no han tardado en arremeter contra el Decreto Ley pactado este martes por PP y PSOE sobre cláusulas suelo. «El Gobierno y el principal partido de la oposición ponen al lobo a cuidar a las gallinas», estalla José Baltasar Plaza, del Bufete Rosales. Todos los letrados esperan a conocer la letra pequeña del acuerdo, cuyas líneas maestras ya se conocen aunque está sujeto a cambios de aquí al próximo Consejo de Ministros.

«Por lo que hemos leído, los bancos no tienen la obligación de informar de todo, como por ejemplo notificar fidedignamente cuánto han quitado ilegalmente a sus clientes mientras las cláusulas suelo estaban en vigor», lamenta Jesús María Ruiz Arriaga, director de Arriaga Asociados, el bufete número uno de la especialidad. «Tampoco tienen la obligación de devolver todos los intereses porque la oferta la presentan las entidades financieras», añade Arriaga. «Esto va a crear falsas esperanzas a mucha gente que cree que va a recuperar todo el dinero perdido y se va a llevar un chasco. Será una pérdida de tiempo».

«Mucha gente cree que va a recuperar su dinero y se va a llevar un chasco»

España lleva un mes sobresaltada por la sentencia del tribunal europeo que ordena retroactividad total a la hora de devolver lo perdido por las cláusulas suelo, el recargo ilegal que los bancos colaron de tapadillo en las hipotecas de los deudores: los bufetes estiman que hay ocho millones de hipotecas con este tipo de productos abusivos, los bancos rebajan la cifra a menos de la mitad.

Los abogados creen que el decreto acordado pretende cubrir a la banca acreedora de una cascada de demandas masivas que anticipe un posible colapso financiero. «Mi problema con el borrador del PP y del PSOE es que el que decide si devolver y cuánto dinero devolver es el banco, no el afectado», deplora Ruiz Arriaga.

«¿Van a enviar los bancos una carta a todos los afectados? Yo no he leído esa obligación»

El preacuerdo del Gobierno y los socialistas pivota sobre 10 ejes y refuerza la vía extrajudicial, aunque no todo son parabienes para los bancos. Según el borrador, el camino pactado por ambos partidos «no exime con carácter general a las entidades de crédito del pago de costas si la reclamación termina en los tribunales». «¿Van a enviar una carta a todos sus clientes perjudicados los bancos?», se pregunta Baltasar Plaza. «¿Están obligados a ello por el decreto ley? Yo no he leído tal cosa», destaca el director del despacho Rosales, el segundo en cuanto a número de demandantes.

«Mientras dure la vía extrajudicial, el consumidor no podrá acudir a los tribunales», insiste este abogado. «La opción de la Justicia estará paralizada. Y nosotros buscamos la satisfacción completa de los demandantes, no la solución parcial que ofrece el camino extrajudicial». Dicho camino tiene un límite temporal de tres meses, como ya adelantara este medio. De vencer ese plazo, la siguiente vía ya es la judicial.

«Mientras dure la opción extrajudicial, la judicial estará paralizada»

Los despachos entienden que el Ejecutivo no puede obligar a la banca a devolver lo sustraído ilegalmente por las cláusulas. Pero no comprenden esta injerencia que, opinan, afecta a sus intereses y a los de los consumidores y beneficia a los de las entidades. El ministro de Economía Luis de Guindos ha abundado sobre este punto en el foro de Davos (Suiza), recalcando que al Gobierno sólo le toca “establecer un cauce” pero deja la potestad de cómo realizar la devolución a los bancos porque el primero “no puede meterse en medio de una negociación entre particulares”.

Precisamente esa es la clase de negociación que prefieren los bufetes, que suelen cobrar las costas de los litigios vencidos. En el caso de las cláusulas suelo y tras la sentencia del 21 de diciembre del TJUE, la probabilidad de un afectado de ganar el juicio es, afirman, «del 99,99%». «La solución más satisfactoria para los perjudicados con las preferentes fue la que se produjo tras un juicio. Es decir, caso a caso», explica Plaza.

«La solución más satisfactoria con las preferentes llegó tras un juicio: caso por caso»

Otros despachos de abogados prefieren aguardar a la publicación del decreto. “Estamos a la espera de la decisión del gobierno y de la lectura total del decreto para leer la letra pequeña del mismo”, señalan escuetamente por correo en Triviño Abogados, otro de los bufetes expertos en derechos del consumidor.

En la rueda de prensa en el Congreso para anunciar el pacto, la diputada socialista Margarita Robles ha subrayado que una de las razones de este pacto con el PP es la de agilizar los procesos para evitar, en caso de que el afectado así lo desee, una espera que va de un año y medio a dos años de media, o incluso más. “El consumidor siempre va a estar protegido”, ha asegurado Robles, una de las críticas con la gestora precisamente por pactar la presidencia de Mariano Rajoy. Ahora la diputada anuncia el último pacto de la Gran Coalición.