La mancha económica que dejó el hundimiento del Prestige en 2002 está tardando en desaparecer como el propio petróleo sobre las costas gallegas. Su rastro todavía se puede encontrar entre los datos oficiales flotando en forma de transferencias millonarias del Estado al Servicio Público de Empleo (SEPE), aunque sus márgenes son menos visibles que los del chapapote. Continuados informes del Tribunal de Cuentas han obligado a reflejar estas transferencias que el Ministerio de Empleo asegura que son, en realidad, un mero ajuste contable. Aún es la historia de un desastre.

Todo empezó hace casi 15 años. El 19 de noviembre de 2002, tras una semana de maniobras para evitar el desastre, se partía en dos un buque llamado Prestige, que navegaba al oeste del cabo de Finisterre con 77.000 toneladas de petróleo en su vientre. El fuel no tardó en contaminar al mar y teñir de negro las playas más cercanas.

El impacto ecológico en la zona alcanzó una dimensión difícil de calcular. Pero también salpicó a la actividad económica de las industrias locales, fundamentalmente pesqueras, y al propio Gobierno.

El 10 de diciembre de ese año, el entonces ministro de Interior y vicepresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparecía ante la prensa para calificar de “pequeños hilillos de plastilina” a una fuga de 125 toneladas de crudo diarios.

Para amortiguar el impacto económico del Prestige en la zona, el Gobierno aprobó el Real Decreto-Ley 7/2002, de 22 de noviembre, que incluía reducciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas correspondiente a ese ejercicio o una disminución de los módulos para la tributación por IRPF de los autónomos.

Además, para impulsar la contratación de trabajadores que se quedaron sin trabajo en las zonas afectadas a causa del vertido, incluía una bonificación del 100% en las cuotas de los empresarios a la Seguridad Social mientras durara la prohibición de pesca y marisqueo, considerándose dicho período como efectivamente cotizado.

En el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) causados por el accidente, se permitió que el tiempo en que se percibieran las prestaciones por desempleo no computara como consumido a efectos de los límites máximos de cobro establecidos; al mismo tiempo, se podrían percibir prestaciones por desempleo aún cuando se carecieran de los períodos de cotización necesarios para tener derecho a ellas.

Por último, el decreto establecía una bonificación del 100% en el pago de las cuotas de la Seguridad Social por todas las contingencias a los empresarios y trabajadores de los armadores, a tripulantes de buques y a marisqueros, entre otros, que hubiesen visto paralizada su actividad.

Todo ello obviamente tuvo un coste millonario para la Seguridad Social.

El Tribunal de Cuentas decide quién tiene que pagar

Fuentes del Gobierno no precisan cuál fue el impacto económico derivado del Prestige para el Servicio Público de Empleo (SEPE) y para la Seguridad Social. Sin embargo, sucesivos informes del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General del Estado elaborados en los años posteriores arrojan luz al respecto.

Según señalaba en la declaración correspondiente a 2013 -publicada en 2015-, el SEPE se aplicó a su presupuesto de gastos el coste de las bonificaciones del 100% de las cuotas de la Seguridad Social y las cantidades derivadas del incremento de la acción protectora en materia de desempleo, surgidas como consecuencia de la aplicación del Real Decreto-ley 7/2002, así como del Real Decreto-ley 8/2002, de 13 de diciembre, por el que se ampliaban las medidas reparadoras a las comunidades de Asturias, Cantabria y País Vasco.

Ya lo indicaban las declaraciones elaboradas entre 2003 y 2012. Al tratarse de actuaciones excepcionales y urgentes dirigidas a paliar y reparar unos hechos catastróficos y sus efectos perjudiciales, estas medidas deberían dotarse de cobertura financiera por parte de la Administración General del Estado (AGE).

El importe de las bonificaciones de cuotas aplicadas como consecuencia de estas medidas se elevó, a 31 de diciembre de 2013, a 14,56 millones de euros, y correspondían a los ejercicios 2003 y 2004, debiendo registrarse en la contabilidad financiera del SEPE un derecho de cobro frente a la AGE por dicho importe.

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Extracto de la Declaración sobre la Cuenta General del Estado 2013, del Tribunal de Cuentas.

Por lo que respecta a las prestaciones satisfechas con carácter complementario a la acción protectora de desempleo, su importe global ascendió a 724.000 euros hasta la declaración de 2012, no siendo conocido por el SEPE su desglose por ejercicios de procedencia.

El Tribunal de Cuentas indicaba a continuación que “las normas que regulan este tipo de medidas excepcionales de exención o bonificación de las cuotas de Seguridad Social o de incremento extraordinario de su acción protectora no contienen información suficiente sobre la cuantía y el origen de su financiación, por lo que sería conveniente que el Gobierno, al establecer estas medidas, determine expresamente a quien corresponde su financiación”.

En la declaración de 2013, el Tribunal de Cuentas ya no especificaba esta partida, y en la correspondiente a 2014, la última en publicarse, tampoco se hacía ya mención al Prestige. La razón es que el Gobierno ha recurrido a un truco contable para acallar al alto tribunal.

El ‘truco’ contable del Gobierno

Así, fruto de la labor del Tribunal de Cuentas, el Estado ha asumido el impacto de las exenciones de cuotas y el gasto extra en desempleo en la zona del Prestige. En el caso del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente al pasado mes de noviembre precisa que las transferencias corrientes del Estado para financiar el presupuesto del SEPE en 2016, eran de 19,7 millones iniciales.

En este epígrafe se especifica la inclusión de exenciones de cuotas por riesgos catastróficos. “Incluye Prestige”, indica el epígrafe. Según los datos de ejecución, hasta el mes de noviembre van transferidos 18.115,96 millones de euros, el 91,7% de lo presupuestado.

Ejecución Presupuestaria del SEPE. Noviembre de 2016.

Desde el Ministerio de Empleo indican que para eliminar las constantes alusiones del Tribunal de Cuentas a la necesidad de imputar estos costes al Estado “en 2016 se ha considerado que parte de la aportación del estado al SEPE era para abonar el importe que se recoge en el último informe”.

“Es una cuestión muy técnica, entre si es el presupuesto de la AGE o es el presupuesto de la Seguridad Social el que debe soportar un determinado gasto. En todo caso, si el Estado va a aportar al SEPE 4.000 millones de euros  -aproximación a las transferencias corrientes previstas en 2016-, no cuesta nada decir que una parte es para financiar estas exenciones, de forma que la AGE paga la deuda con la Seguridad Social y se cumple el criterio mantenido por el Tribunal de Cuentas. La repercusión de esta operación para el ciudadano es nula”, precisan las mismas fuentes.

Del mismo modo, desde Empleo indican que “en realidad es un pago ficticio porque se iba a transferir lo mismo (del Estado al SEPE), pero al fin y al cabo ese pago está ahí….Es decir que en realidad no se ha repuesto lo que se gastó en la Seguridad Social…”, concluyen. La mancha económica del Prestige sigue ahí.