La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha entregado a la presidenta del congreso, Ana Pastor, el informe anual correspondiente a su actuación durante 2016. Entre las actuaciones más relevantes del año pasado destaca la petición, a modo de recomendación, al Ministerio de Energía para que rebaje «la elevada proporción de la parte fija de la factura eléctrica», que es uno de los campos de batalla contra el incremento desaforado que ha experimentado el precio de la luz en las últimas semanas.

El informe anual defiende que el suministro eléctrico «es esencial para una vida digna y condición necesaria para el ejercicio de otros derechos fundamentales». Es por ello que esta institución continúa con actuaciones sobre el bono social, la posibilidad de flexibilizar la potencia contratada y el aplazamiento de deudas contraídas por los ciudadanos con las eléctricas, «sin que se lleve a cabo el corte de suministro».

Señala la Defensora que «la proporción que dicha parte fija representa sobre el total se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar unos mínimos muy elevados».

Para atajar este problema, Becerril ha convocado a finales del mes de marzo unas jornadas sobre pobreza energética con asistencia de consumidores y de empresas para determinar quiénes son las familias de especial vulnerabilidad y a qué órgano de la administración le corresponde supervisar la aplicación de la ley pactada entre el PP y el PSOE, pendiente de desarrollo reglamentario.