Las cesiones del Gobierno para lograr el apoyo de las minorías al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 no podían salir gratis. Alguna partida debía pagar la factura como contraprestación y, en el caso de los gastos extra destinados al archipiélago canario -tanto Nueva Canaria como Coalición Canaria han dado su apoyo a las cuentas anuales-, le ha tocado recortar a Correos.

Según el texto de Presupuestos remitido por el Congreso de los Diputados al Senado tras la incorporación de enmiendas, el programa 491N, relativo al Servicio Postal Universal, ha sufrido un nuevo ‘hachazo’ de 61,3 millones de euros, que se suma a los otros 60 millones de recorte que incluía el proyecto de Ley original.

De esta forma, el Presupuesto dedicado a este servicio se ha visto minorado de los 180 millones en 2016 a los 120 millones y, finalmente, a alrededor de 60 millones, dos tercios menos que en 2016.

Este recorte se materializa a lo largo de seis enmiendas introducidas en el Presupuesto, la mayoría de ellas para aumentar el gasto en Canarias. En todas ellas se fija una cuantía para financiar nuevas partidas y se concreta qué gasto se da de baja en compensación.

Así, la primera enmienda se refiere a la incorporación de 500.000 euros para un plan de integración del Ferrocarril de Gijón, que se financia con una reducción en igual cuantía en el ámbito de la prestación del servicio postal universal que presta la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.

Lo mismo ocurre en otras partidas que suman un total de 60,8 millones de euros de recorte para posibilitar inversiones a favor de Canarias. Se trata de sendos convenios de renovación urbana en Las Rehoyas (Las Palmas de Gran Canaria), con el Cabildo de Gran Canaria, en materia de ferrocarril; con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para financiar el Proyecto Metroguagua; y con Santa María de Guía de La Palma, para renovación urbana. Se suma también una nueva inversión en la carretera general del Sur, en el tramo San Simón-Tajya, en La Palma.

Este periódico ha tratado de confirmar con los Ministerios de Fomento y Hacienda si el Gobierno prevé compensar esta reducción presupuestaria a través de otras partidas presupuestarias, pero no ha sido posible, como tampoco a través del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados.

Recorte a un servicio básico

El servicio postal universal es el conjunto de servicios “garantizados por el Estado de forma permanente en todo el territorio nacional y a precio asequible para todos los usuarios”, según explica el Ministerio de Fomento.

Incluye la recogida, admisión, clasificación, transporte, distribución y entrega de envíos postales nacionales y transfronterizos, tanto de cartas y tarjetas postales, como de paquetes postales.

De acuerdo con la normativa vigente, el Estado tiene encomendada la prestación de este servicio a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. hasta 2026. Sin embargo, todo apunta a que esta encomienda deberá desarrollarse este año con un tercio del Presupuesto consignado en 2016.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha asegurado en diversas ocasiones que la reducción del Presupuesto hasta los 120 millones de euros no afectaría para nada a la calidad del servicio postal y pedía encuadrar esta reducción en un contexto de contención de gastos.

«El Estado no ha dejado de financiar ni va a dejar de financiar el servicio postal universal en España”, ha llegado a indicar De la Serna, quien ha destacado  también el compromiso de Correos con el empleo, como prueba la convocatoria que se está gestionando para el ingreso de 2.400 trabajadores, según informaciones de Efe.

Los sindicato hablan de «declaración de guerra»

Sin embargo, los sindicatos CCOO, UGT, CSI-F y el Sindicato Libre han mostrado su posición frontal y han enviado una carta tanto a Fomento como a la Presidencia de la SEPI, en la que han advertido de que se movilizarán, sin descartar el paro generalizado del servicio, si no hay rectificación al respecto, puesto que en estas condiciones, no será posible seguir manteniendo el servicio en muchas regiones.

Fuentes de UGT consultadas por El Independiente entienden este nuevo recorte es “una declaración de guerra”.  Según dicen, supone un “socavón brutal” y un “extrangulamiento” a la financiación de Correos.

Los sindicatos reclaman que la financiación de este servicio no se haga año a año a través de transferencias públicas consignadas en los Presupuestos, sino que se consolide a través de un plan de prestación para evitar que esté sujeta a los vaivenes políticos.