El pasado 13 de julio, un tribunal administrativo castellano-manchego resolvió un litigio que afecta, de momento, a una veintena de propietarios de fincas en Toledo expropiados por Gas Natural Fenosa para levantar una red de tendido eléctrico. Son dueños de una treintena larga de fincas, pero los recurrentes podrían ser centenares ya que el total de terrenos afectados asciende a 426. El Jurado Regional de Valoraciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, compuesto por nueve miembros, estimó que la multinacional debía abonar entre 13 y 26 veces más de la cantidad inicialmente ofrecida por Gas Natural Fenosa.

Por ahora, la valoración del jurado sólo impacta en particulares, en dueños de fincas de dos municipios, Fuensalida y Camarena. Están pendientes los de Ventas de Retamosa, Casarrubios y Valmojado, todos ellos en la provincia de Toledo. Hay casos paradigmáticos: a uno de los propietarios, la beneficiaria (Gas Natural Fenosa) le ofrecía por su terreno 76,87 euros: tras un periodo de litigio de un año, el jurado de valoraciones obligó a la firma a abonar 2.003,18 euros por ese mismo terreno. Una diferencia del 2.600%.

Unión Fenosa tiene que pagar 2.000 euros a un particular al que ofrecía 77

Gas Natural Fenosa ya ha anunciado que recurrirá ante el jurado: en caso de disconformidad, la firma podrá elevar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. «En toda expropiación, los afectados se encuentran vulnerables a perder los terrenos que han trabajado y conservado durante décadas», advierte el abogado Antonio Florit, del despacho Serrano Alberca & Conde. Florit ha trabajado con los particulares. «Ellos han confiado en nuestra experiencia para obtener el mayor justiprecio posible».

Las escasas valoraciones realizadas hasta la fecha por el jurado dejan entrever una carga económica importante para la conocida empresa gasística: la veintena de expropiados recibirá más de 110.000 euros frente a los 6.000 euros que reconocía Gas Natural Fenosa. La mayor parte de los legítimos dueños de las 426 fincas tienen pendiente recurrir, a sabiendas de que la valoración del jurado -un órgano que depende de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno castellano-manchego- va a ser con seguridad mucho mayor que la que considera la firma.

El litigio de los particulares arranca en enero de 2015, cuando la empresa se reunió con todos los propietarios de las 426 fincas para firmar el denominado Acta de Ocupación -a partir del cual al día siguiente pueden ocuparse los terrenos-. Algunos aceptaron de mutuo acuerdo, pero una mayoría se negó. De acuerdo con los abogados que han defendido a los expropiados, por lo que menos se paga es por los pastos (erial) y por el matorral. Las zonas de secano tienen un precio algo más elevado y por los terrenos que más se abona es por los viñedos. La compensación no es la misma en un municipio que en otro.

Tira y afloja

Entonces empezó un periodo de tira y afloja, con alegaciones de los expropiados sobre el precio (alegaciones motivadas que requerían la firma de un ingeniero), pero también de Unión Fenosa, que rechazó el justiprecio que reclamaba la otra parte. Así hasta que se llegó al Jurado Regional de Valoraciones, que recibió toda la documentación necesaria en septiembre de 2016.

El jurado regional de valoraciones resuelve estos casos en tres meses en teoría. Pero en esta ocasión tardó diez, hasta el pasado mes de julio. La demora evidencia el colapso de la burocracia administrativa. La empresa matriz recurrirá, según varias fuentes. Y está por ver si litigarán los demás afectados a la vista del éxito de los que disputaron con Gas Natural Fenosa. Por ahora la problemática no se ha judicializado, resolviéndose administrativamente y con el consiguiente ahorro en costes tanto para expropiados como para la gasística.