La Administración sigue creando empleo interino pese a que desde el pasado mes de marzo existe el compromiso de reducir su número y consolidar cientos de miles de plazas para hacerlas fijas. Trámites, plazos, reuniones con cuentagotas, falta de información y el parón institucional provocado por la crisis política en Cataluña, están detrás de esta paradoja.

De acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al tercer trimestre del año, la Administración contaba al cierre de octubre con casi 305.000 empleados cubriendo la ausencia total o parcial de un compañero y otros 88.500 puestos eventuales por circunstancias de la producción, es decir, empleos asimilables a interinos.

Esta cifra suma 30.000 empleados más que la que había al cierre del tercer trimestre, cuando los principales sindicatos de la función pública — CSI-F, FeSP-UGT y FSC-CCOO– y el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se comprometieron a iniciar un proceso de estabilización de plantillas con el objetivo de reducir la tasa de interinidad en el sector público al 8%.

El acuerdo suscrito preveía que el 90% de las plazas temporales fundamentalmente en la sanidad, educación, justicia, servicios sociales o policía local pasaran a ser indefinidas. El texto estaba pensado, sobre todo, para reducir el peso de la interinidad en la Administración.

Las cifras varían de un lado al otro del acuerdo. Los cálculos sindicales hablaban de entre las 260.000 y las 290.000 personas. Desde Hacienda, en cambio, lo cifran en un total aproximado de 250.000 plazas, de las que 237.070 corresponden a los ámbitos de sanidad (129.700), educación (98.807) y administración de justicia (8.564).

Cataluña obstaculiza también la consolidación de plazas interinas

Sin embargo, seis meses después, se han dado escasos pasos. Fuentes de UGT han explicado que en el caso de uno de los ámbitos con más presencia de interinos, el de la sanidad, en el que más pasos se han logrado dar hasta ahora, se ha optado por ordenar primero las plazas que implicaban un traslado. Así, el personal fijo que quiera un traslado podrá optar a estas plazas previamente. Para ello hace falta un mapa de situación a elaborar por las comunidades autónomas y eso tardará, según denuncia el sindicato.

El resultado es que, de acuerdo con el calendario previsto, no se espera que se puedan hacer los primeros exámenes para consolidar las plazas de interino en la sanidad hasta 2019. Actualmente, el sector tiene entre un 30% y un 40% de sus empleados en situación de interinidad.

En el caso de la educación, otro gran nicho de interinidad, la cosa va aún más lenta. Solo consta una reunión hasta la fecha, el pasado mes de septiembre.

A la espera también de los Presupuestos

Una de las razones de este estancamiento es el impacto de la crisis política en Cataluña, que se ha dejado ver con total claridad en la negociación de los Presupuestos de 2018.

En este marco, el Gobierno tenía prácticamente cerrado un pacto con los sindicatos para ampliar el acuerdo de marzo al resto de las administraciones y empresas públicas, sin excepción. El resultado final iba a ser que la tasa de temporalidad no superaría el 8% en todo el Estado.

La irrupción de la crisis catalana en las negociaciones de los Presupuestos han supuesto que este nuevo acuerdo también se postergue y que se de por hecho ya que habrá que prorrogar los Presupuestos de 2017.

Por este motivo, CSIF reclama retomar cuanto antes las negociaciones para desarrollar las ofertas de empleo público y la revisión salarial del próximo año.