En dos días, dos reveses judiciales contra el PP de Madrid han dado alas a la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena y fortalecido su candidatura para repetir en 2019. Primero, un perito judicial afirmó este jueves que lo que había pagado el ayuntamiento por municipalizar el servicio de bicicletas eléctricas públicas Bicimad era correcto (algo más de 10 millones); y segundo y más importante, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado denegar las medidas cautelares solicitadas por el Grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de la capital y la Comunidad de Madrid contra la Ordenanza de Movilidad Sostenible aprobada por el Consistorio, con las que querían paralizar la puesta en marcha de Madrid Central.

Se trata de un revés para el PP en toda regla que llega la víspera de Navidad y en plena pelea de varios concejales acólitos de la alcaldesa con Podemos, que el 11 de noviembre se descolgaron de las primarias de la formación morada y arriesgan su expulsión.

En la resolución sobre Madrid Central, los magistrados recuerdan a las administraciones involucradas que deben «respetar en sus actuaciones los principios de cooperación y colaboración en aras a la eficaz consecución de los fines de interés general que demanda el ejercicio de sus propias competencias». En otras palabras, la Justicia no solo tumba el recurso del presidente regional Ángel Garrido sino que le pide que colabore con el ayuntamiento.

«Servir al interés general»

En este caso, afirma la Sala, esos principios no han regido las relaciones entre el Ayuntamiento y la Comunidad, pese a «la trascendencia que tiene para los ciudadanos la restricción de la circulación vial que entraña la aplicación de la disposición general impugnada».

Esta circunstancia, continúa la resolución, demandaba y demanda la implicación activa y «coordinada de ambas administraciones territoriales, con el objeto de incumplir el fin primordial de su propia existencia: servir con objetividad los intereses generales».