La Junta Directiva de CEOE ha aprobado este miércoles las propuestas empresariales de cara a las elecciones de 28 de abril. El documento supone, no solo una lista de deseos, sino también una dura crítica al Gobierno de Pedro Sánchez, al que le acusa veladamente de sobrecargar la cuenta de gastos de la Administración con sus decretos sociales, y tratar de compensarlo pasando la factura a las empresas, todo ello en medio de una importante inseguridad jurídica.
En esta tesitura, la patronal ha dado un paso al frente, y, mientras Ciudadanos y PP pugnan en el Congreso de los Diputados por que se declare ilegal al menos el decreto de medidas de igualdad aprobado la pasada semana, los empresarios también se suman a las presiones para frenar otros posibles 'decretazos'. Demandan "limitar" el uso del Decreto-Ley a situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, según lo dispuesto en la Constitución.
No es casual esta petición, no solo por la situación que se vive en el Congreso. Horas después de la celebración de la Junta, el secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido este miércoles al presidente del Gobierno que ponga "la misma ilusión" para aprobar el decreto para la reforma laboral que para subir el salario mínimo (SMI) o recuperar la ayuda a los mayores de 52 años, y le ha dicho que "no tire la toalla", informa Europa Press. Por tanto, los empresarios creen que hasta el 28-A todo puede pasar aún, pese a que el Gobierno ha dado por muerta de momento la 'contrarreforma' laboral.
En su documento, además de insistir en la ya tradicional petición para legislar menos, pero mejor, los empresarios urgen a que el Estado garantice "que el poder legislativo, como expresión de la voluntad popular, sea el protagonista de la elaboración de las leyes, de forma que no quede relegado a un papel secundario y residual en el ejercicio de su principal función constitucional".
Incluso, mientras los decretos de Sánchez son cuestionados en el Congreso de los Diputados, los empresarios señalan que "se deben evitar las modificaciones legislativas sin el suficiente análisis jurídico o a través de disposiciones adicionales en normas que no guardan relación entre sí o el empleo excesivo de la derogación tácita".
Los empresarios quieren más voz
Y no solo eso, la CEOE llama a realizar un "análisis riguroso", no solo del impacto económico de las normas antes de su aprobación, pese a que los decretos suelen llevar aparejada una memoria que valor dicho efecto; también piden medir su "conveniencia".
Para ello, las empresas instan a "escuchar al sector empresarial como destinatario de las normas en todas sus fases, desde la redacción inicial, trámite de audiencia e información pública, aprobación y su posterior implementación, en línea con las recomendaciones de diversos organismos internacionales como la OCDE o la UE".
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