Política

El Congreso duda de la tramitación del decreto que amplía el permiso de paternidad

El PSOE acusa a PP y Cs de "rayar el delito de prevaricación" con este intento de "frenar" esta medida de Sánchez

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El Congreso duda de la tramitación del decreto que amplía el permiso de paternidad
La presidenta de la Comisión Permanente del Congreso, Ana Pastor,

La presidenta de la Comisión Permanente del Congreso, Ana Pastor, EFE

Resumen:

El Congreso de los Diputados ha pedido un informe jurídico sobre el decreto ley que amplía los permisos de paternidad ante las dudas de constitucionalidad planteadas por Ciudadanos. La norma, cuya entrada en vigor está programada para el 1 de abril, no ha podido ser calificada por la Mesa de la Cámara, que este jueves volverá a reunirse para examinar el dictamen de los letrados.

Según ha explicado el representante de Ciudadanos en la Mesa del Congreso, Nacho Prendes, el decreto ley del Gobierno alega que modifica la Ley Orgánica de Igualdad de 2007 y la legislación prohíbe que las leyes de rango orgánico puedan ser modificadas por una norma extraordinaria como el decreto ley.

La modificación de una Ley Orgánica exigiría la tramitación en el Congreso de los Diputados de un proyecto de ley, un trámite que la Ley de Gobierno prohíbe expresamente al Ejecutivo en funciones en su artículo 21.6. De esta forma, una de las medidas estrella de los viernes sociales de Pedro Sánchez decaería y no podría entrar en vigor tras las elecciones.

La ampliación de los permisos de paternidad está en el aire. El Congreso de los Diputados ha pedido un informe jurídico sobre el decreto ley que amplía los permisos de paternidad ante las dudas de constitucionalidad que ha planteado este miércoles Ciudadanos durante la reunión de la Mesa del Congreso. La norma, cuya entrada en vigor está programada para el 1 de abril, no ha podido ser calificada por la Mesa de la Cámara, ya disuelta, que este jueves volverá a reunirse para examinar el dictamen de los letrados.

Según ha explicado el representante de Ciudadanos en la Mesa del Congreso, Nacho Prendes, el decreto ley del Gobierno alega que modifica la Ley Orgánica de Igualdad de 2007 y la legislación prohíbe que las leyes de rango orgánico puedan ser modificadas por una norma extraordinaria como el decreto ley.

La modificación de una Ley Orgánica exigiría la tramitación en el Congreso de los Diputados de un proyecto de ley, un trámite que la Ley de Gobierno prohíbe expresamente al Ejecutivo en funciones en su artículo 21.6. De esta forma, una de las medidas estrella de los viernes sociales de Pedro Sánchez decaería y no podría entrar en vigor tras las elecciones.

Este cuestionamiento ha levantado la indignación del PSOE en el Congreso, que acusa a Ciudadanos de “rayar la prevaricación” con su intento de frenar la entrada en vigor de la medida. El portavoz socialista adjunto, Rafael Simancas, ha recordado que el informe verbal de los letrados de la Cámara ha sido claro al explicar que la Constitución y el Reglamento obliga a la Cámara a tramitar los decretos leyes aprobados por el Gobierno, incluso en situación de Diputación Permanente.

“Lo que está ocurriendo en la Mesa es muy grave. Ciudadanos ya no se limita al tongo, al chanchulleo y al pucherazo en sus procesos internos, sino que también quiere llevarlos al Congreso de los Diputados y no se lo vamos a permitir, porque estamos hablando de los derechos y libertades de los españoles”, ha denunciado el socialista, que ha invitado a PP y Cs a plantear un recurso de inconstitucionalidad ante el TC si tienen dudas en ese sentido.

“Ciudadanos pretende que el Gobierno no gobierne y el Gobierno está obligado a gobernar, y lo hará hasta el último día”, ha advertido Simancas, que ha anunciado que el Ejecutivo y el Gobierno harán todo lo posible porque se convaliden los cuatro decretos leyes pendientes. “Vamos a seguir ampliando los derechos y libertades de los españoles aunque le pese a Prendes, a Ana Pastor y a las derechas. Mañana hay una nueva Mesa y esperamos que allí rectifiquen porque si no estarán cometiendo una prevaricación”, ha advertido.

Tras el revuelo montado, fuentes de la Presidencia del Congreso han aclarado que el informe solicitado a los letrados se limita a analizar si el decreto modifica la ley orgánica de Igualdad, como asegura Ciudadanos, y qué hacer en ese caso. Las fuentes aseguran que no se trata de una consulta sobre la constitucionalidad de la medida, que en este caso dan por garantizada.

Por su parte, Podemos ha acusado a Cs de tratar de frenar la igualdad de las mujeres con “artimañas parlamentarias” que, en opinión de la formación morada, buscan impedir la tramitación del decreto ley que amplía de cinco a ocho semanas los permisos de paternidad. Su portavoz adjunta, Ione Belarra, ha instado a Cs a escuchar lo que el pasado 8 de marzo reclamaron millones de personas en las manifestaciones en favor de los derechos de las mujeres.

“Ellos nunca han estado convencidos de que los permisos tienen que ser iguales”, ha dicho la diputada de Podemos en referencia a la formación de Albert Rivera, a quien ha advertido que el partido morado estará “empujando” para conseguir avances sociales. “Si esto es el feminismo liberal, desde luego no es feminismo”, ha reprochado.

Necesidad de un proyecto de ley

La validación de los decretos-ley debe realizarse en los 30 días posteriores a su publicación en el Boletín Oficial del Estado. En el caso de los permisos de paternidad, antes del 7 de abril. Pero la afectación de una ley orgánica, como argumenta Ciudadanos, podría invalidar el trámite y no permitir su votación en la Cámara. Después, difícilmente habría tiempo para presentar y sacar adelante un proyecto de ley en tan solo 21 días, antes de que se celebren las elecciones y el Ejecutivo pase a estar en funciones.

El Gobierno se agarra sin embargo al artículo 151.5 del Reglamento del Congreso de los Diputados, que dice textualmente que “la Diputación Permanente podrá, en su caso, tramitar como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia los Decretos-leyes que el Gobierno dicte durante los períodos entre legislaturas”.

En concreto, el artículo uno del decreto ley recoge la modificación de dos artículos de esta norma en lo referente a la elaboración de planes de igualdad por parte de las empresas. El Gobierno cambia el artículo 45 para extender hasta las empresas de cincuenta trabajadores o más la obligatoriedad de negociar y aplicar estos planes. Hasta ahora, sólo era imperativo para las compañías de más de 250 empleados, mientras que en el caso del resto era una iniciativa opcional.

Además, hay modificaciones en el artículo 46 para la creación de un Registro de Planes de Igualdad de las Empresas, dependiente de la Dirección General de Trabajo, en el que deben quedar registradas todas las compañías con este programa. Y se recoge el desarrollo de un reglamento que servirá para determinar las materias, las auditorías salariales y los sistemas de evaluación y seguimiento de los planes de empresas, así como lo relativo a la constitución, características y condiciones, inscripción y acceso al nuevo registro.