Otro año de anomalías presupuestarias. El monumental atasco político provocado por la confluencia de las elecciones generales, autonómicas y municipales en apenas un mes ha provocado que la legislatura vaya a tardar en arrancar al menos hasta la primera mitad del próximo mes de julio, lo que impedirá que la tramitación de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) se pueda iniciar antes del 30 de junio, como prevé la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

De un lado, el presente. En estos momentos, el Estado sigue funcionando con unos Presupuestos prorrogados, los de 2018, después de que el Gobierno de Pedro Sánchez, hoy en funciones, no fuera capaz de sacar adelante unas nuevas cuentas en la pasada legislatura limitado por sus 84 diputados. Presentó un techo de gasto para 2019, el primer paso en la tramitación de los Presupuestos anuales; y también un cuadro macroeconómico actualizado y los preceptivos objetivos de Estabilidad.

Por un lado, el Gobierno planteó aflojar el ritmo de reducción del déficit. Propuso un incremento del límite de gasto del 4,4%, hasta los 125.064 millones de euros, lo que anticipaba ya unos Presupuestos que volvían a ser expansivos, tras años de contención. “Un presupuesto más expansivo, para una recuperación económica más justa”, puntualizaba entonces la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Además, contemplaba un déficit público del 1,8% para 2019, por encima del 1,3% estimado con anterioridad. Para 2020, España debería recortar los ‘números rojos’ hasta el 1,1%, frente al 0,5% inicial, y en 2021, cuando España debía registrar un superávit del 0,1%, el primero después de 14 años en déficit, ahora podrá tener un déficit del 0,4%.

Sin embargo, todo esto se desbarató. Para empezar porque, tal y como esperaba el Gobierno, el déficit de 2018 no cumplió el objetivo del 2,1%, sino que se disparó hasta el 2,6% del PIB. Con una tramitación habitual, el Presupuesto propuesto habría abordado la meta de reducir ese saldo al 1,8%. En su ausencia, el Gobierno ha previsto reducir el déficit al 2% en un escenario de políticas constantes, solo con la ayuda de una mayor recaudación tributaria, aupada por la prolongación del crecimiento y la generación de empleo, y por los ahorros en intereses de deuda –311 millones en lo que va de año–. Así se recoge en el Programa de Estabilidad remitido a la Comisión Europea.

Lo que también ha cambiado es el cuadro macroeconómico. Desde la primera intentona presupuestaria del Gobierno, la previsión de crecimiento ha pasado del 2,4% al 2,2% para 2019, aunque el Ejecutivo sostiene que, a la vista de la marcha actual de la economía, el crecimiento podría ser superior.

Los planes del Gobierno

En lo que se refiere al futuro. Con una mayor presencia parlamentaria, aunque aún en minoría para gobernar en solitario, el equipo económico de Pedro Sánchez está en mejor disposición para tramitar unas nuevas cuentas y fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que, de algún modo, el trabajo está hecho.

Hacienda se remite al escenario que dibuja el Programa de Estabilidad, que da por perdido el ejercicio, y que presenta un plan de ingresos y gastos en el que las medidas aplicadas y, sobre todo las anunciadas pero no ejecutadas, tendría efectos ya en 2020.

Para ese año, el Gobierno espera que el peso de los ingresos sobre el PIB suba del 38,9% del PIB al 39,8% en 2020; al 40,3% en 2021 y, finalmente, al 40,7% en 2022. Mientras tanto, la presión fiscal –relación de la recaudación tributaria respecto al PIB– pasará del 35,1% en 2018 al 37,3%.

Con estos cálculos, la idea es cerrar la brecha del déficit en 2022, volviendo al equilibrio presupuestario ese año gracias a ese incremento de los ingresos y a un mayor control del gasto, aunque en menor medida. Ello redundaría primero en una reducción del saldo fundamentalmente por el efecto del buen ciclo económico, hasta el 2% este año; otra adicional hasta el 1,1% en 2020, y del 0,21% en 2021.

¿Son posibles unos Presupuestos para 2019?

Con estos mimbres, es de esperar que, ya mirando al futuro, el Gobierno se ponga a trabajar una vez se constituya, en la elaboración de los Presupuestos de 2020. Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que aún no hay una decisión política tomada, pero reconocen que sería complejo tramitar unas cuentas para 2019 entrando en los plazos de 2020.

Esta tesis también fue la defendida por la ministra de Economía, Nadia Calviño, en un reciente encuentro con los medios organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), quien con la prudencia debida en estos casos recordaba, sin embargo, que todo dependerá de en qué momento se conforme el nuevo Gobierno.

En ese punto, el Congreso de los Diputados no abordará el debate y votación de investidura hasta el principios del mes de julio, una vez se hayan conformado los gobiernos autonómicos y municipales. Esto implica que no dará tiempo a plantear de nuevo el techo de gasto y los objetivos de estabilidad para el próximo año antes del 30 de junio, el plazo que marca la Ley. Aunque el Gobierno quisiera, no podría. Desde Hacienda confirman que un Gobierno en funciones no puede dar ese paso.

La incógnita más a futuro es si en la votación de investidura se podrá contar finalmente con un nuevo Gobierno o si la situación política se enfangará aún más.