Firma de hipoteca
La historia de las cláusulas suelo parece no terminar nunca. Han pasado ya siete años desde que el Tribunal Supremo decretara la nulidad de estas cláusulas, que se incluyeron durante años en los contratos hipotecarios con el objetivo de limitar el interés mínimo que el banco cobraría al cliente por el préstamo, pero el tema sigue protagonizando resoluciones judiciales. La última llegó el jueves por parte de la Justicia europea, que volvió a dar la razón al cliente.
Bien es cierto que la última decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no ha sido tan negativa para la banca como lo fueron las anteriores relativas a las cláusulas suelo. En esta ocasión, la Justicia europea debía dilucidar si eran compatibles con la normativa comunitaria las renegociaciones que algunos bancos y clientes realizaron sobre los contratos hipotecarios una vez que la Justicia determinó que algunas de estas cláusulas podían ser abusivas.
La resolución del TJUE indica que estas renegociaciones (novaciones, en el argot financiero) son válidas siempre que sean fruto de un acuerdo entre el banco y el cliente a nivel individual, y no si la entidad las ha impuesto. Esta decisión es positiva para la banca en el sentido de que no anula directamente estos acuerdos, pero abre la puerta a que los clientes que no pudieron negociarlos demanden en los tribunales españoles.
Bancos y clientes son protagonistas de una elevada litigiosidad por multitud de cuestiones, pero las cláusulas suelo han sido, probablemente, la más relevante de los últimos años. Estas cláusulas eran más que habituales en los contratos hipotecarios anteriores a 2013, aunque hubo algunos bancos que no las incluyeron, con lo que se evitaron numerosas peleas judiciales posteriores.
Nulas hace siete años
El 9 de mayo de aquel año comenzó el mal trago para las entidades. Las demandas por cláusulas suelo llegaron al Tribunal Supremo, que decretó la abusividad de algunas de estas cláusulas y su inmediata nulidad, a partir de esa fecha. Es decir, que obligó a los bancos a dejar de incorporar estas cláusulas en las hipotecas, pero dejó tranquilos los contratos firmados antes de su sentencia.
El mal trago para las entidades llegó en 2013, cuando se declaró su abusividad, y en 2016 se estableció retroactividad
No lo hizo el TJUE años después. El 21 de diciembre de 2016, una vez llegó el debate a su seno, decretó la nulidad con retroactividad total para las cláusulas suelo, de forma que obligó a los bancos a devolver lo cobrado de más por estas cláusulas siempre que fueran consideradas abusivas.
Esta sentencia fue un duro revés para las entidades, que tuvieron que asumir devoluciones millonarias a sus clientes. El importe era tan ingente que el Gobierno creó un mecanismo extrajudicial para mediar entre bancos y entidades y facilitar que llegaran a acuerdos antes de ir a los tribunales. La medida, según los últimos datos disponibles, ha provocado que se hayan devuelto ya más de 2.250 millones de euros a los clientes, la gran parte en efectivo y el resto a través de compensaciones en sus hipotecas o con otros productos.
Más tarde, en febrero de 2017, el Supremo también decretó que la retroactividad afectaba a toda la vida del préstamo, por lo que las cantidades cobradas indebidamente por cláusulas abusivas debían devolverse desde que se firmó la hipoteca, no desde la sentencia del Supremo de 2013.
Es posible que este tira y afloja por las cláusulas suelo, que obligó a crear juzgados especializados en España para su trámite, no termine aquí, pero al menos clientes y bancos van teniendo cada vez más claridad sobre su regulación. O, al menos, hasta la siguiente resolución judicial.
La historia de las cláusulas suelo parece no terminar nunca. Han pasado ya siete años desde que el Tribunal Supremo decretara la nulidad de estas cláusulas, que se incluyeron durante años en los contratos hipotecarios con el objetivo de limitar el interés mínimo que el banco cobraría al cliente por el préstamo, pero el tema sigue protagonizando resoluciones judiciales. La última llegó el jueves por parte de la Justicia europea, que volvió a dar la razón al cliente.