Aunque en la última década España ha visto decrecer su número de empleados públicos, algunas comunidades autónomas se han movido en dirección contraria. Navarra, Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares, La Rioja y País Vasco aprovecharon la recuperación para incrementar el número de funcionarios.

El mayor incremento se ha producido en Navarra. La comunidad foral contaba con 34.404 funcionarios en 2010 y sumaba 38.547 en enero de este año. Los datos corresponden al Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas, publicado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Durante los años de la crisis financiera, no sólo se recortó el salario de los funcionarios, sino que se dejaron de convocar ofertas públicas de empleo. De hecho, si se observan los datos del Boletín, se puede comprobar cómo las plantillas públicas, entre las que se incluye a docentes, sanitarios, pero también a fuerzas de seguridad o administrativos, empezaron a crecer en estas comunidades tras los años más duros de la crisis.

En Cataluña, por ejemplo, los empleados públicos son en 2020 un 6,5% más, en total 324.411. Durante la crisis, el número bajó hasta los 301.000 pero en 2017 se convocó una oferta pública de empleo para cubrir 7.000 plazas en distintos ámbitos y a partir de ese año volvió de nuevo el crecimiento.

También en la Comunidad Valenciana se convocaron ofertas públicas de empleo en 2017, 2018 y 2019 y se aumentó el número de funcionarios en un 2,4%. En Baleares, hay 1.478 empleados públicos más que en 2010 (+2,66%), tras la realización de varias ofertas públicas de empleo, y en La Rioja, 534 más (+3,24%). El resto de regiones han visto reducir el número de empleados públicos en la última década.

Causas

Los sindicatos denuncian que no se ha puesto remedio al envejecimiento de las plantillas públicas y que en muchos casos no se han repuesto jubilaciones. Este aspecto, cada vez cobra más relevancia, y es que según los datos de Función Pública, en diez años se jubilará la mitad de los funcionarios.

Además, los recortes en servicios como la sanidad o la educación, también han provocado que en la mayoría de regiones el número de funcionarios haya disminuido. Las organizaciones sindicales también acusan al Estado de haber privatizado servicios y de las consecuencias que esto tiene para el empleo público.

Por otra parte, no se trata de un problema únicamente regional, sino que también ha ocurrido en la Administración General del Estado (AGE). Según el informe La disminución del empleo público en AGE en las últimas décadas, publicado por UGT, el número de empleados públicos se ha reducido en 43.477 en diez años, un descenso del 18%.

Más convocatorias

Por otra parte, UGT denuncia que aunque entre 2018 y 2019 se convocaron miles de plazas de empleo público, únicamente se han incorporado 600 personas. Unas 3.500, según el sindicato, han aprobado los procesos de oposición y todavía están esperando para incorporarse.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, anunció recientemente que se van a convocar ofertas de empleo "como nunca" para reforzar las plantillas públicas. Los sindicatos, por su parte, reclaman una planificación a medio y largo plazo que dote a los servicios públicos de los recursos humanos necesarios.