La red estatal de carreteras españolas es un gran agujero para las arcas del Estado. Según explica el Gobierno a la Comisión Europea en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, estas vías y sus costes de conservación están provocando un déficit que no puede asumirse con los presupuestos.

"Esto [la red estatal de carreteras] está generando un déficit acumulado de mantenimiento de la red, con una pérdida de su valor, así como con el consiguiente deterioro de la calidad del servicio y consecuencias en la seguridad vial", apunta el Ejecutivo en el componente primero del Plan que ha enviado a Bruselas.

"La imposición de un pago por uso permitiría garantizar la conservación de la red viaria, además de generar incentivos hacia la mayor eficiencia en este modo de transporte, lo que a su vez redunda en una minoración de las emisiones de gases de efecto invernadero", añade.

Así, el Gobierno busca imponer un pago por el uso de las carreteras que sufrague estos gastos de conservación y que a la vez incentive a usar el coche de una manera más eficiente, basándose también en que España dispone de la red de carreteras de alta capacidad más extensa de Europa y en que sus costes de conservación son crecientes. 

En esa línea, el Estado explica en el mismo Plan que espera aprobar una ley al respecto en el segundo semestre de 2023 e implantar estos pagos de forma escalable y progresiva posiblemente a partir del 2024, todo bajo el principio de "quien contamina paga" y el de cobro al "usuario pagador".

Asimismo, asume también en el citado texto que se va a encontrar el rechazo de los transportistas y de la población general, pero cree que podrá atenuarlo "mediante campañas de concienciación".

La publicación de esta medida ha provocado, en efecto, la oposición de sectores de la población como conductores y transportistas que consideran que ya pagan por utilizar sus vehículos, los primeros, y que creen que una tasa así les llevaría a la ruina, los segundos, pero la duda ahora es cuánto costarán exactamente estos peajes.

9 céntimos por kilómetro

Ocurre que la idea de cobrar por transitar por todas las autovías del Estado no es nueva. La patronal de grandes empresas constructoras y concesionarias de infraestructuras, Seopan, ha pedido en repetidas ocasiones que se instaure un peaje de 9 céntimos por kilómetro, de media, para coches, y de 19 céntimos para los camiones en toda la red de autovías del país, en total 14.130 kilómetros.

Según las cuentas de Seopan, con esa medida el Estado recaudaría 4.698 millones al año y ahorraría 850 millones anuales. En respuesta, el Gobierno ha abierto la puerta en diferentes declaraciones a los medios a buscar una fórmula para asegurar el mantenimiento de las autovías ("la única infraestructura de transporte que se pretende que sea gratuita", en palabras del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos). Y ahora ha enviado la propuesta a Bruselas.

Por otro lado y según ha podido saber la Cadena SER, el Gobierno también estaría valorando un precio de un céntimo el kilómetro. De su lado, la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex) aboga por un peaje de entre 3 y 5 céntimos, de media, algo que cree que permitiría acabar con el déficit de 8.000 millones de la conservación de las carreteras.

1.084 millones en 2021

Este 2021, el Gobierno pretende gastar 1.084 millones de euros este año en conservación de carreteras, según aparece en los Presupuestos Generales del Estado aprobados en diciembre (en la web del Ministerio de Hacienda y publicados en el BOE). En los de 2020, planteaba un gasto de 807,5 millones de euros, lo mismo que en los de 2019 (fueron prorrogados), mientras que en 2018 fueron 885,5 millones. El gasto presupuestado en los años anteriores puede consultarse aquí.

Por lo general, el gasto en infraestructuras suele ser una parte importante de los Presupuestos, de la que suelen llevarse el mayor trozo el AVE y las carreteras (alrededor de un 70%). Aquí no solo se incluye la conservación de las carreteras, sino también la inversión en ferrocarril y la construcción de nuevas carreteras, entre otros. Con la nueva medida del Estado, que asegura que sigue la línea de otros países europeos, dicho gasto se sufragaría con los peajes y desincentivaría el uso del coche.

El plan no contempla, sin embargo, la mejora de otros medios de transporte o sus infraestructuras en contraposición al impuesto a las autovías y otras carreteras.