El mercado laboral español tiene desde hace décadas problemas que agravan las crisis económicas, además de aumentar la precariedad, disminuir la productividad y empeorar las brechas de género, sociales y territoriales. Por eso, el Gobierno considera fundamental implementar una serie de reformas que reduzcan el desempleo estructural y el paro juvenil, y que también reduzcan la temporalidad, entre otros.

De esta manera lo ha recogido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que envió a la Comisión Europea el pasado viernes y que ha hecho totalmente público este miércoles, más allá del adelanto que lanzó el viernes.

Según ha explicado en el componente 23 del plan, Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo (que es público), invirtiendo en total 2.363 millones de euros, el 3,4% de todo el plan, en diferentes iniciativas.

En total, el componente del mercado de trabajo incluye 17 medidas, algunas de las cuales ya han seguido el proceso legislativo corriente, y otras que plantea llevar a cabo más a largo plazo, aunque no son las únicas que hacen referencia a la creación de puestos de trabajo en todo el Plan de Recuperación de unas 2.000 páginas. Por orden de inversión, las más relevantes son las siguientes:

Empleo joven: 765 millones

En materia de empleo joven (entre 16 y 29 años) el Gobierno planea gastar 765 millones de euros (355 millones en 2021, 255 en 2022, 155 en 2023). La iniciativa busca combatir el 35% de desempleo juvenil y se concreta en tres programas: el programa Empleo Joven-Tándem para la formación de jóvenes en trabajos relacionados con la transición ecológica, la digitalización de servicios y el desarrollo rural; el programa de primeras experiencias profesionales en administraciones públicas, y el programa Investigo para jóvenes investigadores. El Ejecutivo no concreta cuántos puestos de trabajo se crearán con este desembolso.

Proyectos territoriales para la equidad: 555 millones

Con estos proyectos el Estado busca incentivar la contratación de parados de larga duración, promoviendo la inserción laboral y también fomentando la autonomía de las personas con discapacidad. También procurarán la transformación productiva hacia una economía verde, especialmente en el ámbito rural y pequeños municipios, entre otros. Para ello gastará 320 millones en 2021, 150 en 2022 y 85 en 2023.

Competencias para la transformación digital: 434,5 millones

El Ministerio de Trabajo busca con este punto la recualificación de trabajadores ligados al turismo, para que mejoren en sus competencias profesionales de manera que puedan mejorar la competitividad del sector, en la financiación de talleres para contratar desempleados y trabajadores en ERTE y otras actividades formativas el Gobierno empleará 434,5 millones (146 millones en 2021, 145,5 millones en 2022 y 143 millones en 2023), todo orientado a una «transformación digital, verde y productiva».

Inclusión de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital: 298 millones

En España, 9,9 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza, algo que se agravará con la crisis del coronavirus, cree el Gobierno. Por eso, el Plan contempla gastar 298 millones de euros en contratos públicos para la inclusión social y laboral de los receptores del Ingreso Mínimo Vital y también para que accedan al IMV personas en riesgo de exclusión social que no lo están recibiendo.

Políticas de activación para el empleo: 105,5 millones

A su iniciativa de impulso a las políticas de apoyo a la activación del empleo el Gobierno destina 105,5 millones (43,5 millones en 2021, 27 millones en 2022 y 35 millones en 2023). Contempla la implantación de una red de centros públicos para la orientación para el empleo y un plan de formación para el personal del Sistema Nacional de Empleo del que formarán parte esos centros.

Empleo mujer: 105 millones

La inversión Empleo Mujer persigue el impulso a las mujeres en los ámbitos rural y urbano a través de programas de formación e inserción para víctimas de violencia de género o trata y explotación sexual y acciones para favorecer la transversalidad de género, en las que se emplearán 105 millones (55 millones en 2021, 35 en 2022 y 15 en 2023).

Impulso a la Economía Social: 100 millones

En el marco del Plan integral de impulso a la Economía Social, el Gobierno llevará a cabo programas de mantenimiento de empresas que estén atravesando dificultades mediante su conversión en cooperativas; de apoyo a la digitalización de empresas y de apoyo a la digitalización de empresas, entre otros. A este fin destinará 20 millones en 2022 y 80 en 2023.

Simplificación de contratos

A la simplificación de contratos el Plan no destina una inversión concreta, pero sí establece en términos generales que busca generalizar el contrato
indefinido, regular adecuadamente los contratos en prácticas y conseguir que los contratos temporales se utilicen solo para empleos temporales, además de reducir la temporalidad del sector público y atajar el fraude laboral.

Modernización de políticas activas de empleo

Esta medida tampoco se destinará financiación del Plan de Recuperación, pero prevé evaluar las bonificaciones e incentivos a la contratación, promover las ventanillas de empleo para jóvenes, replantear la Garantía Juvenil, reforzar programas de recualificación de los trabajadores mayores y mejorar las herramientas de los Servicios Públicos de Empleo, entre otros.

Otras políticas laborales

Además de la transformación del mercado laboral, el Gobierno promete la creación de puestos de trabajo fruto de las inversiones que recoge el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Por ejemplo, estima que por cada millón de euros invertido en rehabilitación energética se crearán 18 puestos de trabajo. Así, en total se crearían 188.300 puestos.

El documento enviado a Bruselas también calcula que tras las inversiones previstas en el sector turístico, se podrían sumar 100.000 empleos adicionales. En total, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calculó que los fondos europeos darían lugar a 800.000 puestos de trabajo.

Las inversiones en 5G, conectividad, ciberseguridad e inteligencia artificial también llevan asignadas nuevos puestos de trabajo, más de 21.000 en materia de 5G, más de 31.500 en conectividad y más de 8.100 en ciberseguridad. El plan calcula que cada año hasta 2023 se deberán “mantener o crear” una media de 15.986 empleos. Solo este año se necesitarían 29.000 trabajadores para “afrontar el volumen de trabajo asociado a la inversión de 1.198 millones de euros”, recoge el documento.

Por último, el Ejecutivo calcula que se crearán 3.720 puestos de trabajo directos y 4.200 indirectos si se llevan a cabo las inversiones previstas para el fomento del sector del deporte. “Esta cifra se podría ver incrementada tras la ejecución de las medidas destinadas a la mejora de los sistemas de salud promoviendo la práctica de actividad física y el deporte para toda la ciudadanía que tiene como efecto directo el incremento del empleo”, añaden.