El pleno del Congreso ha aprobado este jueves la reforma de las pensiones, que volverá a revalorizar anualmente conforme a la evolución de índice de precios de consumo (IPC) e incluye un mecanismo de equidad intergeneracional que subirá transitoriamente las cotizaciones sociales para rellenar el fondo de reserva.

La Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones ha salido adelante con 176 votos a favor, 148 votos en contra y 6 abstenciones, con lo que pasa al Senado para continuar su tramitación con el objetivo de que esté en vigor el próximo 1 de enero.

La ley ha incorporado como enmienda durante su trámite en el Congreso el mecanismo de equidad intergeneracional tras haberlo negociado "in extremis" con los agentes sociales, logrando solo el respaldo de los sindicatos.

El mecanismo contempla una subida de las cotizaciones sociales durante diez años de 0,6 puntos, de los que 0,5 puntos serán pagados por la empresa y 0,1 puntos por el trabajador.

El grueso de la reforma, no obstante, llegó al Congreso en septiembre tras ser acordada en julio tanto con los sindicatos como con la patronal.

La reforma contempla, además de la revalorización con la inflación, cambios en los coeficientes reductores para los que se retiren antes de la edad legal de jubilación, que pasan a ser mensuales frente al calculo trimestral actual y se aplican directamente sobre la pensión.

También se establecen nuevos incentivos para la jubilación demorada: una subida de la pensión del 4 % por cada año de retraso, un cheque único de hasta 12.000 euros o una mezcla de ambos.

El objetivo de estas medidas es favorecer la permanencia de los trabajadores de más edad en el mercado de trabajo.

También hay modificaciones en el acceso a la jubilación activa, que permite compatibilizar salario y pensión, y nuevos límites para la jubilación forzosa en los convenios colectivos.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha destacado durante su intervención en el Congreso el "calado" de esta reforma, que en su opinión contribuirá a dar "certidumbre" a los pensionistas tanto de hoy como del futuro.

Además, ha recordado que su aprobación figura en la lista de compromisos adquiridos con Bruselas para recibir los fondos europeos Next Generation y nace "del consenso" tras la implicación de la mesa de diálogo social, incluida la patronal, que ha dado su respaldo a toda la ley menos al mecanismo de equidad intergeneracional.

Desde el grupo socialista, Mercè Perea ha incidido en que el proyecto "genera confianza" y despeja "la incertidumbre derivada del reto demográfico", en alusión al creciente envejecimiento de la población y el desafío que ello supone a la hora de garantizar la sostenibilidad de las pensiones.

A favor también se ha mostrado el grupo Unidas Podemos, cuya diputada Isabel Franco ha incidido en que supone la derogación de la anterior reforma de 2013 y se ha felicitado por "pasar página" a los recortes realizados durante las legislaturas con Mariano Rajoy (PP) de presidente del Gobierno.

El PNV ha apoyado igualmente el texto, que a juicio del diputado Mikel Legarda supone una alternativa "más justa y equitativa que otras", e introduce medidas clave como la penalización de la prejubilación y prolongar la vida laboral.

"Votamos un texto mejorable, sí, pero que incorpora por primera vez varias reivindicaciones históricas que parecía imposible aprobar. El sistema de pensiones es seguro y sostenible, lo es hoy, lo fue ayer y lo será en el futuro, y si alguien cree lo contrario es porque se cree el relato impuesto por el capital financiero para impulsar las pensiones privadas y otros productos financieros", ha advertido el portavoz de ERC, Jordi Salvador.

Entre los partidarios del no se ha situado el principal partido de la oposición, el grupo popular, cuyo diputado Tomás Cabezón ha criticado que la reforma recoja ajustes "contrarios a lo que decía el propio ministro Escrivá cuando presidía la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef)" y ha cuestionado la eliminación del llamado "factor de sostenibilidad" incluido en la de 2013.

"Nos encontramos con un proyecto de ley que supondrá un incremento del déficit de las cuentas públicas, y no lo decimos nosotros, lo dice el gobernador del Banco de España (...) Es irresponsable y están legislando de espaldas a la realidad", ha razonado el parlamentario de Vox Pablo Sáez.

También se ha posicionado en contra el grupo EH Bildu, que ha calificado esta reforma de "mala" pese a incluir algunos "avances" y ha advertido de que se pierde "una oportunidad histórica de crear un sistema de pensiones digno".