El pasado 31 de enero, el Tribunal Supremo anuló por tercera vez el mecanismo de financiación del bono social eléctrico por considerarlo contrario al derecho de la Unión Europea. El actual modelo, que sustituyó al vigente entre 2014 y 2016 y que también fue anulado, imputa a las comercializadoras el coste de las ayudas a los consumidores vulnerables. Este fallo del alto tribunal se suma al de la justicia europea, que a finales de 2021 juzgó discriminatorio el sistema español de bonificación.

Ambas resoluciones ponen en evidencia el desajuste de la norma nacional respecto a las directrices europeas. No solo en cuanto a la intervención pública en el mercado de la energía, sino al modo de proteger los intereses de los consumidores con menos recursos y las familias numerosas. Todo ello es descrito y analizado en el informe de PWC El bono social como mecanismo de protección al consumidor vulnerable.

Un mecanismo ineficaz

Aunque 14 países de la UE, además del Reino Unido, mantienen tarifas reguladas, España es uno de los pocos que no cuenta con una hoja de ruta para su eliminación. La Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo establece que, en enero de 2025, los Estados miembros deberán justificar ante la Comisión la necesidad y proporcionalidad de las medidas de intervención pública, así como las actuaciones realizadas para propiciar una competencia efectiva entre los suministradores y la transición a un mercado de precios libres.

Pese al aumento temporal del bono social, el impacto del precio de la luz en el bolsillo de los consumidores vulnerables se ha multiplicado por tres

Tal y como señala el informe de PWC, la intervención del mercado no solo distorsiona la libre competencia, sino que en la coyuntura actual ni siquiera ha logrado proteger a los usuarios más vulnerables de la subida del precio de la luz. Dado que la tarifa regulada de último recurso (PVPC) está vinculada al precio mayorista de la electricidad, no ha escapado a la volatilidad que el mercado ha experimentado en los últimos meses.

Así, pese al aumento temporal del descuento a consumidores vulnerables y severamente vulnerables que aplica el bono social (del 25% al 60% y del 40% al 70%, respectivamente), no se ha logrado amortiguar el impacto de la coyuntura en sus bolsillos, que desde que comenzó la escalada se ha multiplicado casi por tres.

Hacia un bono social equitativo

Actualmente, el bono social de la electricidad se financia a cargo de todas las comercializadoras de energía en función de su número de clientes. Esto, tal y como ha determinado la justicia europea, supone una discriminación, en tanto que el Estado carga sobre uno de los agentes del mercado energético el coste total del bono social. Lo cual, en la práctica, se traduce en un coste adicional en la factura de la luz de todos.

«España necesita alinear con Europa sus mecanismos de protección al consumidor eliminando la tarifa regulada»

pwc

El informe de PWC propone que el bono social se plantee como lo que es, una medida social, y dependa por tanto de los presupuestos públicos. «Financiándose a través de otros ingresos regulados del sector eléctrico», o distribuyendo su coste «de manera no discriminatoria entre el total de los agentes» del mercado. Venga de donde venga el dinero necesario para costearlo, el informe propone que dicha suma se traslade, junto con el de otros mecanismos de la política social y energética, a los Presupuestos Generales del Estado.

Las conclusiones del informe realizado por PWC y publicado por Fundación Naturgy son claras: España necesita alinear con Europa «sus mecanismos de protección al consumidor vulnerable eliminando la tarifa regulada de último recurso existente y definiendo» una nueva tarifa fija, reducida y estable, que tenga carácter de ayuda social y se administre como tal por el Estado. «Además, con el fin de concentrar las actuaciones en aquellos consumidores que realmente las necesitan y evitar mecanismos de ayuda distorsionadores, los criterios de acceso deberían ser estrictamente socioeconómicos, ateniéndose a indicadores como la renta disponible y desligados de aspectos como el consumo o coste de la energía».