Cuando José Manuel Raya supo del despido de un representante de los trabajadores de Comisiones Obreras Baleares, no se lo podía creer. Para el abogado laboralista, era un caso claro de despido nulo: el delegado de personal había sido cesado solo un mes después de resultar elegido por amplia mayoría entre sus compañeros, y tras haber estado negociando un nuevo convenio colectivo con el sindicato, su empresa.

Además, no era un caso aislado. «CCOO se cargó a dos delegados de personal de los tres que tiene en Baleares, y a otra trabajadora en Ibiza que había hecho demandas a la empresa. Acabaron con toda la representación de los trabajadores. Es algo que, de suceder en una empresa privada, ellos mismos habrían montado un Cristo que no quiero imaginar», explica con estupor el abogado y graduado social del despacho DMS.

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares ha condenado a Comisiones Obreras a readmitir al trabajador o indemnizarlo con más de 25.000 euros, más pagarle su sueldo desde que salió de la empresa, al considerar que el sindicato no tenía motivos para despedirlo. En la misma línea se ha pronunciado otro juez sobre la expulsión de la trabajadora de CCOO en Ibiza, en sendas sentencias que han visto la luz a finales de enero.

Ambas condenas han coincidido en el tiempo con la huelga indefinida de los empleados de Comisiones Obreras Galicia, quienes exigen al sindicato la misma subida salarial que el sindicato pide a las empresas a nivel nacional, después de 9 años con su salario congelado. Los huelguistas gallegos llevan parados desde el 23 de enero exigiendo la renovación de su convenio, y acaban de crear una caja de resistencia que ha contado con la colaboración del padre de la vicepresidenta y ministra de Trabajo Yolanda Díaz, Suso Díaz, quien fue 8 años secretario general de CCOO de Galicia.

En el caso balear, CCOO argumentó ante el juez que el empleado, el informático del sindicato, había cometido una falta muy grave al vulnerar la ley de protección de datos. Pero es algo que no pudieron probar. Mientras, en el de los huelguistas gallegos la organización asegura que no cuenta con fondos suficientes para subir el salario a sus empleados, especialmente en un momento en el que las cuotas de sus afiliados están congeladas. Por su parte, desde la Ejecutiva, en Madrid, señalan que las territoriales actúan como organizaciones diferentes en la práctica y también a nivel jurídico, y que los trabajadores convenios distintos, por lo que no se pronuncian ante ambos temas.

Baleares: despido tras ser elegido como delegado de personal

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJBAL) declaró improcedente el despido del informático de CCOO Islas Baleares, condenando al sindicato a readmitir al trabajador en las mismas condiciones, o, si este lo prefería, a pagarle los salarios no percibidos desde su despido («salario de tramitación») más 25.369 euros en concepto de indemnización. Él ha escogido la segunda opción.

El empleado había sido despedido, sobre el papel, por cometer una falta muy grave al haber «facilitado el acceso al sistema informático a personas no autorizadas», según recoge el texto legal, «poniendo en muy grave riesgo a la propia organización» y violando la ley de protección de datos. Pero el tribunal considera que esa calificada como «persona no autorizada» según Comisiones era el ayudante de temas informáticos del sindicato en Ibiza, y además niega que se le transmitiera «dato confidencial alguno».

El Tribunal considera que tampoco puede aceptar el resto de acusaciones, relacionadas con la transmisión de datos confidenciales del acusado: «no vemos en la actuación del demandante imputada (…) incumplimiento laboral alguno que merezca la sanción que le fue impuesta». Por eso, finalmente declara el despido como improcedente, en lugar de como nulo.

Los sindicatos como empresa son igual o peor que el más duro capitalista del Ibex»

josé manuel raya, abogado

A la vez, otra delegada también fue despedida, acusada de tener conocimiento de que el mencionado informático guardaba datos confidenciales del sindicato. Tras conocerse esta sentencia, el abogado José Manuel Raya entiende que los jueces se pronunciarán en el mismo sentido en el caso de esta trabajadora.

«Para mí lo más grave es que un sindicato sea el que ha actuado así, porque ellos tendrían que ser los que tienen que dar ejemplo… y que la dirección del sindicato se crea que aquello es un cortijo. Al final los sindicatos como empresa son igual o peor que el más duro capitalista del Ibex», lamenta el abogado Raya. En noviembre, se conoció la dimisión de la secretaria de Administración y Finanzas de CCOO Balears, Marga Vicens, tras detectarse irregularidades en las cuentas del sindicato.

Este medio ha tratado de conocer la versión de Comissions Obreres de les Illes Balears sobre este asunto, pero cuando se terminó de escribir este artículo el sindicato no había respondido.

Galicia: desde 2014 con el convenio congelado

Por su parte, los 51 empleados de CCOO en Galicia -administrativos y técnicos-convocaron el 23 de enero una huelga indefinida para forzar la negociación de un convenio colectivo, exigiendo, entre otros, mejoras salariales. «Llevamos años con el convenio paralizado, congelado desde 2014, con un único incremento del 1,9% en 2019 a cambio de renunciar al derecho de jubilación a los 65 años», ha explicado la presidenta del Comité Intercentros de CCOO Galicia Nieves Guantes, en unas declaraciones a la agencia Europa Press.

«No tenemos más beneficios sociales. El sindicado dice que tenemos muchos, pero los que tenemos están desde 2002 y ya fue por renunciar a incrementos económicos», ha ampliado. Así, los trabajadores reclaman una subida de sueldo de entre un 2 y un 3,5% anual de 2020 a 2024, más una cláusula de revisión anual, como las que CCOO demanda a las empresas a nivel nacional.

De su lado, el sindicato ofrece como máximo una subida del 8,5% en total, según han explicado desde Galicia a este medio. La plantilla insiste en que no pide más que lo que Comisiones exige para el resto de los españoles, y la empresa, en que no puede subir salarios, puesto que sus ingresos proceden de las cuotas de sus afiliados y estas están congeladas. Si lo hace, esgrime, deberá recortar en personal. «Nos llevaría a la quiebra técnica, o a un ERTE, porque no hay líquido para pagar mayores nóminas», ha argumentado un portavoz. Mientras, los trabajadores aseguran que la situación económica del sindicato ahora es favorable, pero que están dedicando el dinero a otros fines, como pagar la deuda u obras pendientes.

Por otro lado, este viernes la justicia ha frenado el intento del sindicato de impedir que sus abogados se uniesen a la huelga. El Tribunal Superior de Xusticia de Galicia ha reconocido su derecho a huelga después de que CCOO les enviase un burofax que los obligaba a incorporarse a sus puestos de trabajo, según ha publicado El País.

A la vez, los trabajadores se han visto obligados a abrir una caja de resistencia para apoyar económicamente a los huelguistas, buscando que no tengan que reincorporarse al trabajo por un tema económico. A última hora de este viernes, ya había recaudado más de 10.000 euros en cuatro días, y según el diario digital Galiciapress, que cita un comunicado del personal en huelga, estaría apoyando la causa de los huelguistas el padre de Yolanda Díaz y ex secretario general de CCOO de Galicia, Suso Díaz, entre otros históricos sindicalistas del sindicato como Julio Abelleira Souto, Jaime López Golpe, Emilio Pantín o Lola González Lorenzo.