El Gobierno está considerando retrasar la entrada en vigor de parte de la reforma de las pensiones que ya aprobó en marzo, y que después refrendó el Congreso de los Diputados, por la presión de parte de la comunidad universitaria. La norma, que no tiene nada que ver con el estatuto del becario de Yolanda Díaz, recogía que todos los becarios, cobren o no, deben cotizar a la Seguridad Social como el resto de los trabajadores.

No lo harán por desempleo, pero sí de cara al cálculo de la pensión, algo que hasta el momento solo sucede con aquellos que cobran por su trabajo. Y para facilitar la entrada en vigor de la medida, el Ministerio incluyó una deducción del 95% de las cuotas. De esta manera, el Estado será quien se haga cargo de cubrir casi toda la aportación a la Seguridad Social de los estudiantes.

Pero tal y como está la medida sigue pareciendo demasiado exigente a parte de los vicerrectores de estudiantes y responsables de las oficinas de empleo de las universidades españolas. En una carta, este jueves advertían de que, aunque la ley establece que la obligación de la cotización recae en la empresa, ellas se están viendo abocadas "a asumir la cotización de prácticas no remuneradas, con el fin de garantizar que los estudiantes universitarios puedan graduarse".

La nueva obligación, "un gran problema para las universidades"

La situación tendría que ver con que las entidades públicas donde gran parte de los estudiantes realizan prácticas están "solicitando la firma de adendas que incluyan una cláusula especificando que la universidad es responsable de la gestión y el gasto correspondiente". Por eso, esgrimen que la nueva obligación supone "un gran problema para las universidades", ya que deben "gestionar un elevado número de prácticas para garantizar la formación del estudiantado".

Asimismo, aseguran que es necesaria una metodología para dar de alta y de baja a los estudiantes de la Seguridad Social, así como "recursos humanos" para llevar a cabo estas gestiones. En resumen y por todos estos motivos, los vicerrectores de estudiantes han pedido la derogación de la norma o al menos que "se arbitren los instrumentos jurídicos necesarios para demorar un año la entrada en vigor de dicha medida". En un sentido muy parecido ya se expresó la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), quien también está en contra del estatuto del becario.

En respuesta, el ministro de Universidades, Joan Subirats, abogó este jueves por un calendario "que permita cierto aplazamiento" para la cotización de alumnos en prácticas. "Es evidente que el plazo del 1 de octubre -cuando está prevista la incorporación de estudiantes a la Seguridad Social- genera ciertas complicaciones de puesta en práctica porque representa un cambio muy sustantivo en relación a lo que ya tenemos", afirmó.

Y desde el Ministerio de Seguridad Social confirman a este periódico que así lo están considerando, aunque precisan que se trataría de un retraso de la entrada en vigor de la norma, y no de una derogación de la misma, como fuentes de los sindicatos temen que suceda.

El estatuto del becario, en el aire

Justamente los representantes de las organizaciones sindicales se enfrentan esta semana a la incertidumbre de no saber qué sucederá con el estatuto del becario. Este jueves, CCOO, UGT y Trabajo firmaron el texto del acuerdo tras un año y medio de negociación, pero la postura del ala socialista del Gobierno hace prever que el documento ni siquiera llegará al Consejo de Ministros.

Según aseguraron fuentes del Ejecutivo a este periódico, la norma no irá a la reunión de los ministros de las próximas semanas, lo que hace difícil que salga adelante antes de las elecciones. La decisión se antoja inexplicable para los negociadores del acuerdo, pero se produce en un momento en el que el ala socialista del Gobierno está tratando de ensombrecer la figura de Yolanda Díaz mientras ella hace campaña electoral por Sumar.

Esta misma semana Nadia Calviño aseguró en un acto que aunque el balance del Gobierno de coalición en su conjunto sea "muy positivo", el socio minoritario "no ha tenido prácticamente ninguna influencia en la política económica"»". La también ministra de Economía quitaba así importancia a medidas como los ERTE, que protegieron a más de 3,6 millones de personas en lo peor de la pandemia, y a la reforma laboral, que ha bajado la tasa de temporalidad del 25% al 18%.