A la espera de que el Parlamento Europeo se pronuncie sobre el nuevo reglamento que aspira a regular el pago a proveedores, las empresas españolas no son muy optimistas con respecto a su resultado. Según el Informe sobre Morosidad que ha presentado la plataforma multisectorial contra la morosidad (PMcM) sólo la mitad confía en que los plazos se reduzcan cuando entre en vigor la normativa europea.

El informe, que recoge las respuestas de 500 empresas, señala que el 46% considera que el nuevo periodo de pago máximo, establecido en 30 días en la normativa que se tramita en Bruselas, no le afectará "porque no se cumplirá". El 48% considera que "mejorarán las finanzas".

La división entre los que creen que no se cumplirá y los más optimistas es evidente, pero pone de relieve la desconfianza que ha generado la ley española, que se incumple, según los datos de los plazos medios de pago reflejados en el informe. En 2023, el plazo medio fue de 70 días en el sector privado, 3 más que en 2022. Este plazo, además, rompe la tendencia de los últimos años en los que la morosidad se iba acortando.

No obstante, el presidente de la plataforma contra la morosidad, Antoni Cañete, reivindicó durante la presentación del informe que "la propuesta de la comisión es excelente". El reglamento será de aplicación inmediata si se aprueba en el Parlamento Europeo, en el último pleno antes de los comicios, y viene a sustituir la Directiva europea que introducía términos poco concretos como considerar "abusivo" un plazo para pagar una deuda.

Para Cañete, la llegada del nuevo Reglamento Europeo contra la Morosidad marcará “el fin de los plazos abusivos que minan la competitividad y viabilidad de las empresas, especialmente las pymes y autónomos, afectando su productividad y capacidad de empleo”. En su perspectiva, establecer un marco sólido en cuanto a los plazos de pago “mejorará sin lugar a dudas la liquidez económica y, por ende, la viabilidad de las empresas”.

Además, establecerá un régimen sancionador, un mecanismo que consideran necesario el 93% de las empresas encuestadas. Esta es una de las deficiencias de la ley española, tal como han venido defendiendo desde la plataforma. Por otra parte, insisten en que son las pymes las más afectadas por esta circunstancia, ya que son las grandes empresas las que más tardan en pagar.

Para el 59% de los encuestados el tipo de cliente por tamaño de empresa que más tarda en pagarles son las grandes empresas (las que tienen una facturación superior a 50 millones de euros). Cuando los encuestados son preguntados por cuánto tardan aproximadamente en pagarles sus clientes que son grandes empresas, el 81% declara que estas superan el plazo legal: el 45% señala que les pagan muy por encima de los plazos legales (más de 90 días) y el 36% coincide en que lo hacen algo por encima del plazo legal (tardando entre 60 y 90 días). Solo el 19% de las grandes compañías les paga dentro del plazo legal.

A esto también se suma el dato de que, en caso de sufrir impagos o retrasos, el 85% de los proveedores nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora; y el 93% de los proveedores no exigieron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago. Para Cañete, “esto evidencia la falta de eficacia de una ley que no penalice su infracción".

Mejores datos del sector público

En el ámbito público, el periodo medio de pago se ha reducido en 12 días, hasta los 55 días de media. Más de la mitad de los encuestados (53%) asegura que la Administración Local es la que más tarda en pagar. La segunda peor pagadora es la Administración Regional, abarcando un 32% de los encuestados, y la tercera, la Administración Central (con un 15% de respuestas). Concretamente, los plazos medios de pago sobrepasaron el periodo legal para el 81% de los proveedores de la Administración Regional, y para el 78% de los proveedores tanto de la Local como de la Central.

Si bien es cierto que tanto la plataforma como el Ministerio de Hacienda han constatado una reducción de los plazos de pago de las administraciones públicas, (según el Ministerio, a diciembre de 2023 el plazo medio de pago de las CCAA era de 30,50 días, el de la Administración Central de 18,09 días, y el del último trimestre del año de las Entidades Locales, de 27,63 días), la plataforma contra la morosidad insiste en que los resultados de su muestra “distan mucho” de los permitidos por la ley.

Observatorio para la morosidad

En septiembre de 2022, se aprobó en España la ley Crea y Crece para la creación y el crecimiento empresarial. Una de las medidas que incluía era la puesta en marcha de un observatorio para la morosidad. Sin embargo, el Ministerio de Industria se daba seis meses para arrancarlo y, casi dos años después, sigue parado.

No obstante, Cañete cree que antes del verano verá la luz el observatorio y asegura que están en conversaciones con el ministerio para que así sea. Esta herramienta permitirá conocer datos estadísticos sobre los plazos medios de pago.