La cotización de los becarios está dando más de un dolor de cabeza a la Seguridad Social. Primero, porque la nueva obligación de que universidades, instituciones y empresas den de alta a todos los estudiantes en prácticas -cobren o no- provocó el año pasado un enorme terremoto que no ha terminado. Ahora, porque la decisión de permitir que los exbecarios 'compren' sus propias cotizaciones sociales para los periodos de prácticas ya realizados pero no cotizados no ha hecho más que encontrar críticas, oposición y hartazgo.

Los tres sindicatos mayoritarios -CCOO, UGT y CSIF- han manifestado su rechazo ante el anuncio del Ministerio que ahora dirige Elma Saiz, como también ha sido el caso de la comunidad científica. Y ahora, en respuesta, Seguridad Social se ha comprometido a estudiar sus propuestas y a analizar cómo puede modificar la orden ministerial para conseguir un mayor consenso, según ha explicado este lunes el propio secretario de Estado, Borja Suárez, tras un inesperado encuentro con UGT y CCOO y antes de reunirse este martes con la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce), colectivo que agrupa a 88 de estas sociedades y que la semana pasada emitió un comunicado de protesta.

"Hemos atendido a sus aportaciones y las vamos a valorar todas", ha asegurado Borja Suárez, sin llegar a comprometerse a rectificar o modificar la medida en ningún aspecto concreto, e insistiendo en que se trata del desarrollo reglamentario de una iniciativa que procede del diálogo social, pese a que en dicho ámbito no se ha negociado. "El Ministerio nunca impone decisiones de manera unilateral", dijo, en esa misma línea, también la ministra. Los cambios, en cualquier caso, deberán hacerse rápido puesto que la orden entra en vigor el 1 de junio, lo que obliga a llevar a cabo toda modificación en los próximos días.

Saiz aprobó el pasado 30 de abril una orden ministerial que permitirá recuperar la cotización de aquellos alumnos que en el pasado realizaron períodos de prácticas formativas, de prácticas académicas externas o la participación de graduados universitarios, a través de estudios oficiales de doctorado en programas de formación de naturaleza investigadora, tanto en España como en el extranjero. Según la memoria económica de la orden, dichos exbecarios deberán pagar 250 euros por mes que quieran incluir a su historial de cotizaciones sociales. La ministra calificó la medida de "absolutamente excepcional" y "muy positiva" antes de que se produjera la debacle.

"No tenemos ninguna propuesta, simplemente la voluntad del Gobierno de renegociarlo", ha recalcado el vicesecretario de Política Sindical de UGT, Fernando Luján. "Es una situación absurda, tiene que ser corregida", ha remarcado el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, en declaraciones a los medios de comunicación después de la reunión, que estaba previsto que versara sobre jubilación parcial, activa y coeficientes reductores.

"Injusticia histórica con los becarios de investigación"

"Expresamos aquí nuestras reivindicaciones para reparar la injusticia histórica con los becarios de investigación que realizaron una actividad que ahora ha quedado claro que era una relación laboral, y a quienes se les impidió cotizar y reconocer el tiempo trabajado de esa manera", había protestado el colectivo de Antiguos Becarios de Investigación y Docencia (ABID), constituido a raíz del anuncio. Otras de las asociaciones que han protestado son la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios (ANIH), la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica), la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (Sebbm) y la Sociedad Española de Neurociencia (SENC).

Los sindicatos piden que rectifique

"Desde CSIF rechazamos que no se pueda reconocer todo el período que se estuvo de becario y consideramos disparatada, por excesiva, la cantidad a aportar para conseguir ese reconocimiento. Resulta excesivo e injusto cobrar ahora esa cantidad a unos becarios de investigación que, muchos de ellos, solo cobraban 400 o 500 euros al mes", ha lamentado el sindicato en un comunicado enviado en la mañana de este lunes, en el que también solicita una reunión urgente para revisar y corregir la orden ministerial. Fuentes de la organización han asegurado a este medio no tener respuesta del Ministerio.

"El hecho de que los afectados deban abonar ciertas cantidades para que se reconozca la cotización de antiguos periodos de prácticas es injusto y discriminatorio", han asegurado UGT y RUGE, su división de jóvenes, rechazando rotundamente medida y criticando que haya sido tramitada sin tener en cuenta a las organizaciones sindicales. Sobre todo, lamentan que quienes fueron becarios tengan que asumir el coste de la parte empresarial de la cotización, y entienden que se produce una discriminación frente a los becarios actuales, a los que se les está concediendo bonificación de cotizaciones del 95%.

Comisiones Obreras, en un comunicado mucho más templado, ha criticado que Ministerio no diera a conocer texto final hasta su publicación en el BOE pero considera medida positiva, aunque al mismo tiempo no renuncia a ampliarla para evitar que haya personas que en ese período de tiempo no estén en condiciones económicas de suscribir el convenio especial y se vean excluidas del acceso al mismo. Entre sus propuestas está que la base de cotización se ligue al periodo en el que se realizaron las prácticas, para no dar lugar a "situaciones absurdas". Entre las de los otros dos sindicatos está permitir ampliar los años cotizados, reducir la cantidad a aportar por los antiguos becarios y que el Estado asuma una parte significativa de la cotización.

Por su lado, el Ministerio justificó que la aportación actualizada permite mejorar la pensión futura y que si las bases de cotización fuesen más bajas, la protección sería insuficiente. Por otro lado recuerdan que la base mínima de cotización tiene un coeficiente reductor del 23% y que las cantidades que se abonen, hasta un total de 17.400 euros para quien recupere los cinco años, son deducibles en el IRPF.