El litigio que se inició hace unas semanas entre Joseph Oughourlian y los accionistas de Prisa agrupados en la sociedad Global Alconaba vivirá este miércoles una fecha significativa. Es en esta jornada cuando las partes están llamadas al Juzgado número 18 de Madrid, en Gran Vía, para comparecer en la vista oral en la que la juez decidirá sobre las medidas cautelares que ha solicitado la parte demandante.
Su objetivo es frenar la entrada en vigor del acuerdo de refinanciación de la deuda financiera de Prisa, que incluye dos cláusulas -key man clause y change of control- que refuerzan a Oughourlian como presidente. Básicamente, porque otorgan al principal acreedor, Pimco, la potestad de solicitar un vencimiento anticipado de la deuda en caso de que el dueño de Amber Capital sea destituido.
Los demandantes consideran que la inclusión de estas cláusulas es ilegal, al igual que dudan de la legitimidad de la ampliación de capital -de rápida colocación- que aprobó el Consejo de Administración de Prisa de mayo por amplia mayoría, pero con el rechazo de los representantes de Global Alconaba y de la familia Polanco.
La relevancia de la ampliación
Esta operación implicó la emisión de acciones que fueron equivalentes al 9,95% del capital del grupo y Oughourlian había negociado previamente con quienes fueron sus compradores. Así consiguió que la posición de sus críticos en Prisa se redujera, en una maniobra que sus críticos consideran cuestionable.
Las cautelares que piden los denunciantes reclaman la paralización del pacto que alcanzó Prisa con Pimco para aplazar a 2029 el pago de su deuda financiera, una vez se anunció la cancelación de uno de sus tramos con los 40 millones de euros obtenidos de la mentada ampliación.
Lo que temen en la planta noble del grupo -según fuentes próximas a Oughourlian- es que una decisión judicial favorable a Global Alconaba impulse a Pimco a tomar alguna medida que comprometa la situación financiera de Prisa, que está condicionada por una deuda que a finales de 2024 ascendía a 750 millones de euros.
La contra-demanda
Estos mismos informantes ya transmitieron hace unas semanas que el presidente de Prisa sopesaría presentar una contra-demanda, en ese caso, para exigir una caución a los demandantes equivalente al montante total de la deuda.
El objetivo sería tener la garantía de que, en caso de que el litigio emprendido por Global Alconaba rompa el acuerdo de refinanciación, la propietaria de El País y la Cadena SER no vea peligrar su solvencia.
Cabe recordar que, con las condiciones actuales, Prisa debe devolver la inmensa mayoría de su deuda en junio y en diciembre de 2026, cuando se producirían sendos vencimientos.
La guerra entre las partes está lejos de resolverse, pero tendrá este miércoles un nuevo frente, en los tribunales, que se producirá tan sólo unas semanas antes que la Junta General de Accionistas de mayo, donde Oughourlian, a priori, acude con una mayoría cómoda a su favor, pero con un grupo de críticos en la trinchera contraria que disienten profundamente de su gestión.
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