El despliegue del vehículo eléctrico, la proliferación de centros de datos, de almacenamiento energético, de nuevos centros industriales o el desarrollo del hidrógeno renovable... La demanda de energía crece y los proyectos que eligen España para instalarse requieren aumentar de forma urgente la capacidad de las redes eléctricas.

La demanda embalsada de conexión a la red es tal que el Gobierno adelantó un año sus planes para diseñar el despliegue del próximo lustro. La planificación vigente aprobada en 2022 para el periodo 2021-2026 nació sin tener en cuenta los objetivos renovables y las previsiones de demanda del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) asociadas a los objetivos de descarbonización. Y fuentes del sector aseguran que las necesidades trasladadas para el diseño del nuevo período se sitúan en el entorno de los 18.000 kilómetros.

Se trata de un gran despliegue de cobre, en el que también puede estar incluido la repotenciación de ciertos tramos de una red que en estos momentos solo en alta tensión cuenta con 45.000 kilómetros. Sin contar las interconexiones, el plan de desarrollo vigente contempla 7.057 kilómetros de repotenciaciones, el cambio de conductor en 300 kilómetros de líneas existentes, 2.681 kilómetros de nuevos ejes y 733 kilómetros de cables submarinos. El plan fue actualizado en mayo de 2024 para incluir 73 nuevas actuaciones por toda España. Pero aún así, el acelerón hasta que acabe la década deberá ser notable.

La red española ha crecido tradicionalmente para ofrecer conexión a las nuevas plantas de energía eólica o solar y para el despliegue de las líneas de alta velocidad ferroviaria. Pero unos precios de la energía más competitivos que en otros países están haciendo crecer el diferencial y animando a muchos inversores a instalar sus proyectos en España. Son grandes consumidores de energía que necesitan 'enchufarse' a la red y muchos de ellos están lejos de los núcleos más electrificados.

Y la falta de desarrollo de la red está generando un 'efecto tapón' que lleva a rechazar muchas de las solicitudes de conexión. En estos momentos hay unos 100 gigavatios (GW) en peticiones de acceso a la red cuando la demanda punta es de 45 GW. Eso equivale a 'dos Españas' esperando tener conexión. El 40% correspondería a demanda, el 41% a generación y otro 19% a almacenamiento, según los datos más recientes de Red Eléctrica.

El Gobierno tiene que sentarse a negociar con las Comunidades Autónomas cuáles son las necesidades a las que se da prioridad"

Sin embargo, no todas esas peticiones son firmes. Un mismo proyecto industrial que no tiene decidida su ubicación definitiva puede pedir conectarse en varios puntos de la red y eso cuenta en la estadística. Así que ahora el Gobierno tiene que sentarse a negociar con las Comunidades Autónomas cuáles son las necesidades a las que se da prioridad. El Ministerio de Transición Ecológica invitará a los gobiernos regionales a reuniones trilaterales con el operador Red Eléctrica para el diseño de la nueva Planificación de Electricidad 2025-2030. Y ahí se avecina un posible choque entre los ejecutivos autonómicos y el departamento que dirige la ministra Sara Aagesen.

Posteriormente, se analizarán las alegaciones y comentarios recibidos tanto por las comunidades como por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Y la propuesta definitiva tendrá que pasar por la comisión del ramo en el Congreso de los Diputados antes de ser aprobada por el Consejo de Ministros.

Aumentar el límite de inversión

Eso sí, toda esa planificación de la demanda para los próximos años está condicionada. Las redes de transporte están en manos de Red Eléctrica (presidida por Beatriz Corredor y participada por el Estado). Las de distribución las controlan las grandes eléctricas. Es un mercado regulado en el que todas ejecutan sus inversiones en infraestructuras con un límite recogido por ley.

Además, son retribuidas por esas inversiones y para ello se tiene en cuenta desde cuánto vale el cable de cobre al precio de un transformador. Actualmente, Red Eléctrica no puede invertir más de un 0,065% del PIB en redes de transporte y las eléctricas tienen un límite de un 0,13% del PIB para las redes de distribución. Entre ambas, la inversión conjunta no supera los 3.000 millones.

Es un tope máximo que se impuso durante la anterior crisis económica para intentar contener un déficit tarifario disparado tras las subvenciones a las renovables. Ahora, el sistema eléctrico español ha cerrado 2024 con un superávit de 619,75 millones de euros. Y el Gobierno prepara un Real Decreto para elevar ese límite de inversión y permitir un aumento de lo que destinan las compañías al despliegue y mantenimiento de las redes.

Sin embargo, el nivel de rentabilidad es clave para animar a las eléctricas a ejecutar esas inversiones millonarias. Y aquí la pelota está en el tejado del organismo regulador que preside Cani Fernández. Según adelantó la semana pasada El Economista, la CNMC está dispuesta a incrementar el porcentaje con el que se les ha retribuido en los últimos años. Actualmente está fijado en un 5,6% y podría pasar al 6,5%. Pero la oferta que baraja Competencia no colma las expectativas de compañías como Endesa o Iberdrola, que llegaron a pedir entre un 7% y casi un 9%, según fuentes conocedoras.

A través de una Orden ministerial, el Gobierno da orientaciones de política energética a la CNMC. Pero esta última es soberana a la hora de fijar el porcentaje de retribución a las eléctricas y, por ende, de la rentabilidad que obtienen por sus inversiones en la red. Fuentes de la patronal Aelec (Iberdrola, Endesa EDP) se mostraron confiadas en que la retribución acabe subiendo más de lo inicialmente previsto.

"Confiamos en que la CNMC fije una tasa superior, en línea con el resto de los países europeos, facilitando el desarrollo de las redes eléctricas a lo que la industria requiere. España se juega mucho en este momento. No solo desde el punto de vista de la reindustrialización y transformación económica, sino de su credibilidad", aseguran fuentes de la patronal Aelec.

La organización considera "impensable" que la CNMC estuviera trabajando en una tasa inferior para la actividad de distribución eléctrica que para otros sectores, como los aeropuertos o las telecomunicaciones, "que están mejor retribuidos". "No creemos que, en el momento en el que estamos, se considere menos relevantes las inversiones en las redes eléctricas que en estos sectores", señalan.

Según las grandes eléctricas, una tasa del nivel que barajó Competencia en su reunión de la semana pasada "no cumpliría con los objetivos nacionales, penalizaría el desarrollo económico de España frente al del resto de Europa y no permitiría la adaptación de la red eléctrica a las necesidades en que nos encontramos". La propuesta definitiva se dará a conocer en los próximos días y de ella dependerá el ritmo que las eléctricas decidan imprimir al despliegue y modernización de las redes españolas.