El pulso se libra desde hace meses, pero el tiempo se agota. Ha llegado la hora de tomar decisiones. El futuro de la central de Almaraz se debe despejar en cuestión de pocas semanas. El calendario acordado entre las propietarias de la central –Iberdrola 53%, Endesa 36% y Naturgy 11%- en 2019 con el Gobierno establecía que en 2027 su primer reactor debería cesar su actividad. Desde entonces, el escenario energético y la posición de las compañías o incluso de la sociedad ha variado. Especialmente tras el apagón, cuando la consideración de la energía nuclear en la transición energética en la que está sumida España ha ganado peso en favor de su continuidad.

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La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen aseguró este martes que el Ejecutivo no “demoniza” la energía nuclear y que corresponde a las propietarias de las centrales decidir qué quieren hacer. Incluso señaló que las energéticas habían aplazo quince días la reunión que tenían previsto celebrar el pasado 20 de mayo para decidir el futuro de las centrales. Todo apunta a que la cita se habría pospuesto a la primera semana de junio. Será en ella en la que por unanimidad las tres propietarias tendrán que acordar qué hacer.

Si, cómo apuntaron sus máximos dirigentes, habría que dar una oportunidad a la reconsideración del cierre y plantear fórmulas que permitan extender la vida útil de las centrales más allá de 2027, tendrán que hacerlo cuanto antes. La máxima urgencia radica en la necesidad de poder contar con el personal necesario dentro de dos años. Para entonces la plantilla de operadores de la sala de control quedará reducida y habría que convocar a la mayor brevedad nuevas plazas. Quienes opten a ellas, a lograr la licencia de operador, deberán completar una formación que requiere de dos años de preparación.

Fuentes de la central extremeña de Almaraz aseguran que si se quiere extender la vida útil esas plazas se tendrán que “convocar ya”. Apuntan que la gestión del personal que se requeriría para continuar con la actividad urge más que la compra de combustible, otro de los elementos que imprimen premura a los plazos. La compra de uranio requiere de procesos de largo plazo que aconsejan despejar el horizonte cuanto antes.

Acuerdo entre Iberdrola, Naturgy Endesa

Por el momento la reunión, que Iberdrola debe liderar como propietaria mayoritaria de la central que es, no se ha convocado de manera oficial. En ella una de las cuestiones que se tendrá que abordar es si los propietarios están dispuestos a hacer frente a las inversiones que requeriría continuar con la actividad de la central. Precisamente la rentabilidad de las instalaciones nucleares es uno de los caballos de batalla que las operadoras quieren resolver antes de tomar una decisión y hacer una propuesta y petición formal al Gobierno. Hace meses que vienen denunciando que el exceso de carga impositiva que soportan lastra la rentabilidad de la producción de esta energía.

Una cuestión que las tres compañías deben consensuar es por cuánto tiempo estarían dispuestas a seguir y en qué condiciones. Iberdrola ha apuntado que España no puede prescindir de esta energía y que estaría dispuesta a prorrogar la licencia otros diez años más. En el caso de Endesa, el foco está puesto en que cualquier decisión que se adopte se pueda trasladar al futuro del resto de centrales operativas en España, en particular a las centrales de Ascó y Valdellós, donde tiene una participación mayoritaria. Extenderla más o menos años también supondrá realizar más o menos inversiones para su adecuación.

Para la toma de esta decisión Iberdrola, Endesa y Nauturgy cuentan con la reciente valoración otorgada por la Asociación Mundial de Operadores de Centrales Nucleares (WANO). Durante tres semanas, un equipo de expertos de varios países ha analizado el estado de la central de Almaraz y de su funcionamiento. Le ha concedido el máximo reconocimiento como WANO 1, con una puntuación incluso superior a la que obtuvo en 2011. De este modo, consideran que se encuentra en condiciones para seguir operando incluso hasta los 80 años de vida útil, es decir, hasta el año 2063, siempre que mantenga su nivel de inversiones en mantenimiento y actualizaciones actuales.

435 millones en impuestos

Almaraz recuerda que cada año por la actividad de sus dos reactores paga tributos por valor de 435 millones de euros. Es en esta cuestión donde las compañías energéticas están esperando a que el Gobierno pueda despejar el horizonte y facilite un marco económico más favorable que haga más fácil hacer frente a una posible prórroga nuclear. En algunas comunidades, como la Comunidad Valenciana, el presidente Mazón ya ha anunciado que reconsiderará las tasas autonómicas. Pero desde los operadores nucleares se demanda a ENRESA, dependiente del Gobierno, que rebaje su tasa. Recuerdan que, si bien en 2019 se decidió incrementar en un 20% esta tasa, en julio de 2024 el Ejecutivo la incrementó un 30%, lo que complica la viabilidad de las centrales.

En los últimos días, en especial tras el apagón energético del pasado 28 de abril, el Gobierno ha modulado su rechazo a la posible continuidad. Pese a que Sánchez insiste en que deben ser las compañías de los “untrarricos” las que den el paso para hacerlo posible, tras el apagón ha sido la ministra Aagesen la que ha mostrado una actitud más cercana a un acuerdo. Las voces que han subrayado que la estabilidad de la red eléctrica se debilitaría sin un soporte nuclear, también han contribuido a que el Ejecutivo comience a abrir la puerta a una posible reconsideración del plan de cierre acordado hace cinco años.

Por el momento, ha insistido en que deben ser las compañías las que den todos los pasos y solicitar formalmente la prorroga al Gobierno. Les ha recordado que deben hacerlo siempre que aseguren el correcto funcionamiento de las instalaciones en el futuro y que sean ellas las que asuman el coste.