Hace apenas una década, pensar en colegios con placas solares, hospitales energéticamente eficientes o autobuses públicos que no emiten ni una partícula de CO2 podía parecer una alocada fantasía ecologista. Hoy, en cambio, es una realidad tangible en buena parte del mapa autonómico español. Una revolución silenciosa, pero imparable, que está transformando nuestras ciudades y regiones. 

Si esto sucede, es porque las comunidades autónomas y resto de instituciones llevan ya años apostando fuerte por integrar en sus políticas criterios sostenibles. Y no se trata de maquillar sus programas, es una cuestión de fondo. 

En la categoría de sus proyectos verdes se encuentran actuaciones como la gestión sostenible del agua y de los recursos naturales; la prevención y el control de la contaminación; la eficiencia energética; el transporte limpio; la energía renovable o la protección de la biodiversidad terrestre y acuática. También, proyectos sociales como infraestructuras básicas asequibles; el acceso a servicios esenciales, educación, vivienda social, generación de empleo o la mejora y el empoderamiento económico de los ciudadanos.

Además, se construyen nuevos centros de salud, hospitales, residencias para mayores y equipamientos deportivos con criterios ambientales y sociales. Y se promueven barrios más resilientes, con zonas verdes y edificios adaptados al cambio climático. Es una transformación que va mucho más allá de la estética: se trata de hacer ciudades y regiones más habitables, inclusivas y sostenibles. Pero todo esto cuesta dinero. Mucho. Es un desembolso que ninguna comunidad autónoma puede afrontar sola. Por eso, en los últimos años, algunas de las grandes entidades financieras de nuestro país han desplegado soluciones para acompañar a los gobiernos regionales en sus hojas de ruta.

Desde préstamos bilaterales etiquetados como sostenibles hasta participación en emisiones de bonos verdes y sociales, el compromiso es real y se mide en cifras. En Banco Santander, por ejemplo, en los dos últimos ejercicios han formalizado más de 2.000 millones de euros de financiaciones calificadas como sostenibles con muchas instituciones como ejemplo con financiaciones a Comunidad de Madrid, Xunta de Galicia, Junta de Andalucía o País Vasco.

Cada región adapta las herramientas a sus necesidades, pero el objetivo es común: transformar la inversión pública para que también sea una inversión en futuro. Y la banca es una pieza esencial del engranaje. Porque, de hecho, no solo actúa como financiadora, sino también como asesora y colocadora en las emisiones de deuda, afianzando así su papel de socio estratégico.

La financiación sostenible no es una moda, sino una palanca clave para transformar nuestras ciudades y comunidades. Por eso en Santander llevan años apoyando a las administraciones en sus retos sociales y medioambientales, y lo va a seguir haciendo muchos más años más con la misma determinación.

Gracias a este nuevo modelo de financiación se mejoran hospitales, se reforman colegios, se construyen viviendas sociales o se instalan puntos de carga eléctrica. También se crean empleos, se dinamizan economías locales y se reduce la brecha territorial.

La España que se dibuja en los planes de sostenibilidad autonómicos no es una utopía. Está ocurriendo. Y lo está haciendo, en buena medida, gracias a la colaboración entre lo público y lo privado. Administraciones y bancos no son extraños en este camino. Son socios. Juntos tratan de escribir una nueva versión del futuro más vivible para todos.