Es el tratamiento para que el sistema no vuelva a colapsar. Se ha diseñado para hacer frente al desafío energético del futuro en el que el Gobierno quiere que la energía renovable sea mayoritaria –el 81% del mix en 2030- sin que ello no ponga en peligro el funcionamiento ni respaldo de la red eléctrica. El ‘decreto Aagesen’ contra apagones aprobado ayer es el resultado de un largo periodo de inspección y análisis del sistema energético español. Una suerte de auditoria que ha aflorado las carencias que el sistema registraba la mañana del 28 de abril, cuando todo se fue a negro, y que ahora plantea una senda de refuerzos, soluciones y cambios.

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Casi dos meses después del ‘cero energético’ y mes y medio de investigación después, el Real Decreto que ayer aprobó el Consejo de Ministros –y que queda pendiente de convalidación por el Congreso de los Diputados-, revela que al actual modelo energético le falta más control en su red, una mayor vigilancia sobre los agentes que operan en él y un refuerzo para hacer frente a situaciones de crisis. También que el modelo energético español adolece de una burocracia excesiva que frena su desarrollo y limita su atractivo para atraer inversión y con ellas modernizar el sistema.

La batería de medidas planteadas ahora muestra una ‘fotografía’ en la que se reparten responsabilidades sobre lo ocurrido y tareas para que no vuelva a suceder. El decreto de Aagesen sitúa a las energéticas como agentes clave de la red pero que deben ser sometidos a un mayor control en el cumplimiento de sus obligaciones. Asigna esta tarea a un organismo como la CNMC, que a partir de ahora deberá para velar para que las eléctricas cumplan con su tarea. Ayer, las principales compañías energéticas, Iberdrola, Endesa y Naturgy, y REE evitaron valorar el contenido del Real Decreto aprobado por el Ejecutivo.

A Red Eléctrica, operador del sistema, también le insta a reconsiderar el actual marco en el que se mueve la generación, distribución y transporte energético. Le asigna la responsabilidad de plantear una nueva normativa que permita detectar antes y resolver problemas como los ocurridos el pasado 28 de abril. Un marco que además de ser más eficiente en el modo de operar y coordinar la red, también actualice el modo de monitorizar la red.

La CNMC, el 'vigilante' de las eléctricas

En la actual red el Gobierno también encuentra graves carencias y plantea cambios. Establece la necesitada de reforzar el respaldo en escenarios de sobretensión como el vivido poco antes del apagón. De este modo, a partir de ahora permitirá que las energías renovables se puedan sumar a la red de ‘agentes’ de vigilancia de la tensión en tiempo real. Hasta ahora sólo las energías convencionales -nuclear ciclos combinados e hidráulicas- formaban parte de esa red de refuerzo dinámica (en tiempo real). Por esta disponibilidad percibirán una remuneración. De esta manera, se plantea que el sistema tenga más agentes de refuerzo, más control y más refuerzo en caso de problemas.

La desconfianza sobre los actuales agentes que intervienen en la red ha llevado a Aagesen a plantear en su decreto que sea la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la que supervise la gestión técnica. En el plazo de seis meses, la CNMC tendrá que evaluar las obligaciones de control de tensión que tienen las energéticas. Una vez evaluadas, esos informes se actualizarán cada tres meses. Además, la CNMC también tendrá que analizar la capacidad de reposición de energía que aporta cada agente implicado en la red. Esta capacidad se evaluará cada tres años. La lupa se pondrá de modo especial sobre las instalaciones con arranque autónomo y las redes de distribución.

Red Eléctrica también tiene encomiendas específicas en este decreto del Gobierno. Se le urge a reconsiderar cómo se deberían abordar las respuestas a escenarios de oscilaciones de potencia o de variación de tensiones. También a reconsiderar con qué modificaciones normativas se podría mejorar aspectos como la programación de las restricciones técnicas u otros aspectos que refuercen la seguridad del sistema. Todas las propuestas técnicas que pueden suponer un cambio profundo del actual modo de funcionamiento de la red deberán estar culminadas en 15 meses y las reformas normativas que pudieran requerir, en seis meses más.

El decreto también plantea que, de modo excepcional, ante futuras necesidades de regulación de tensión y amortiguamiento de oscilaciones, se modificará la Planificación con horizonte 2026. Se tramitará de manera acelerada la inclusión de elementos como compensadores síncronos, reactancias y otros elementos que se consideran necesarios.

Renovar y actualizar la red

A Red Eléctrica se le concede además una nueva encomienda. Se convertirá en el único punto de acceso a información de los clientes finales del sistema energético española: 30 millones de clientes. La medida pretende agilizar el funcionamiento de los mercados de electricidad. Hasta el momento la información de los contadores inteligentes se encontraba dispersa en más de 300 compañías distribuidoras. A partir de ahora, será REE la que de modo unificado contará con todos esos datos.      

Agilizar el acceso a la información en beneficio del mercado es sólo una parte del plan de cambio. Además de los fallos de carácter técnico, organizativo o de programación, el decreto Aagesen inciden en otro problema: el exceso de burocracia. Un papeleo y tramitación que está ralentizando el desarrollo de proyectos energéticos, el acceso a la red o la electrificación de la economía. El decreto aprovecha las medidas para fortalecer el sistema para intentar agilizar la electrificación en todo el país.

El diagnostico llevado a cabo detecta una necesidad de adaptar más y mejor la infraestructura eléctrica a las necesidades del tejido productivo. En este sentido, se establece que cada tres años se actualizará la planificación que se haga de la red de transporte de energía. De este modo, se irá renovando en periodos temporales más cortos, favoreciendo su adecuación a las necesidades. Se contempla que se agilizará la normativa que establece el procedimiento de conexión a la red eléctrica para industrias y nuevas actividades. Los derechos de acceso a la red se concederán para periodos de cinco años, en lugar de tres como en la actualidad. También se acortarán los plazos para que las compañías eléctricas puedan satisfacer nuevos suministros.

España se ha comprometido a que en 2030 el 81% de su generación energética proceda de fuentes renovables. Ello requiere seguir incentivando el desarrollo de energías como la eólica o la fotovoltaica. Lejos de las afirmaciones que tras el apagón cuestionaron el peso de las renovables en el ‘mix’ de la energía de nuestro país, el Gobierno insiste en impulsar su implantación. Así, la tramitación de proyectos renovables se facilitará. Para optimizar estas instalaciones, agilizar su desarrollo y modernización se plantea acortar los procesos de autorización. En particular los relativos a la renovación de instalaciones o repotenciación para incrementar su potencia y generación. El compromiso del decreto es reducir a la mitad los plazos administrativos actuales.

Bonificaciones y almacenamiento

El almacenamiento es otro de los frentes que se quiere sacar de atolladero en este decreto presentado ayer por Aagesen. El Gobierno plantea que se dé un impulso a su desarrollo en España. Lo hace planteando la necesidad de promover proyectos de hibridación en plantas ya en marcha. Se compromete a agilizar las tramitaciones para su desarrollo.

En su plan por facilitar las cosas, el ministerio de Aagesen se compromete a facilitar las acometidas para instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos. Quedarán exentas de autorización siempre que no requieran de evaluación de impacto ambiental o de declaración de utilidad pública.

A las industrias se quiere instar a que apuesten por la electrificación en su suministro energético. Así, el decreto contempla que la electrificación industrial contará con una exención del 80% de los ‘peajes eléctricos’ a la industria electrointensiva. Lo hará además con carácter retroactivo desde el pasado 23 de enero.

La apuesta por la electrificación que plantea Aagesen se extiende también a las comunidades de vecinos. Se quiere potenciar que la climatización de las viviendas sea eléctrica y para ello se autoriza a los ayuntamientos la concesión de bonificaciones del 50% DEL IBI y del 95% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

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