Es una propuesta que aspira a impulsar la eficiencia energética de las grandes industrias. Lo hace apelando al bolsillo, a su cuenta de resultados. El objetivo es lograr que invertir en mejoras para la eficiencia energética, para reducir consumos, pueda ser rentable a largo plazo para las industrias con altos consumos. Además de recortar su factura por consumo de energía abre la puerta a que puedan monetizarlo como otra fuente de ingreso más. El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha propuesto que grandes industrias manufactureras y extractivas puedan participar del sistema de concesión de Certificados de Ahorro Energético (CAE). Unos certificados que una vez obtenidos pueden ser vendidos a compañías energéticas para que estas, a su vez, los aporten como parte del pago por sus obligaciones en la financiación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

La trasposición de la directiva europea referida a la eficiencia energética, y que ya se aplica de modo parcial desde hace un año, quiere ahora ampliar la medida a este tipo de industrias de alto consumo. La propuesta ministerial está abierta a aportaciones en audiencia pública. Hasta ahora la medida se viene aplicando a pequeñas industrias o incluso a comunidades de vecinos que quieren obtener este tipo de certificaciones –que posteriormente comercializan-.

Desde enero de 2023 y hasta mayo de este año los certificados solicitados han sido 1.355, por un ahorro acumulado y certificado de 2.765 GWh, según datos del Ministerio de Sara Aagesen. El precio medio obtenido por MWh certificado ha sido de entre 110 y 140 euros.

Hasta el año 2030

El sistema de los CAE se crea para cumplir con la directiva de eficiencia energética y que impulsa el ahorro de energía en toda la UE. El certificado de ahorro se puede obtener a partir de lograr un ahorro de 1 KWh. La idea de poder monetizar estas certificaciones permite  ayudar a financiar las inversiones y tecnología que requieren las medidas de eficiencia energética –cambios de iluminación, aislamientos, inversiones en nueva maquinaria, etc-.

En el sistema juegan un papel determinante las empresas energéticas –comercializadoras de gas y electricidad y las operadoras al por mayor de productos petrolíferos y GLP- que deben ahorrar energía cada año. Estas obligaciones de ahorro las pueden cumplir bien pagando en relación a su actividad un porcentaje al Fondo de Eficiencia Energética –que gestiona el IDEA- o bien adquiriendo este tipo de certificados o CAEs. Con ellos, de modo equiparable al mercado de derechos de emisión de CO2, las energéticas, algún modo, se ‘compra’ el ahorro logrado por un tercero. Está fórmula de certificados permite a las energéticas cumplir con sus obligaciones con el Fondo a un menor coste.

En ese mercado de obtención y compraventa de certificados entrarán a partir de ahora las industrias manufactureras y extractivas. En el listado de las primeras figuran industrias de sectores como el de alimentación, conserveras, textil, fundiciones, entre otros muchos. En el caso de las industrias extractivas que ahora se propone incluir están las dedicadas a la extracción de gas natural, minerales, sales o las industrias dedicadas al mercado del petróleo, entre otras. La directiva comunitaria establece que los estados miembro podrán contabilizar estos ahorros en empresas industriales de gran consumo hasta el 31 de diciembre de 2030.

"Sumar segmentos"

Para acogerse a este plan se les exige que previamente tendrán que someterse a una auditoria energética, presentar un plan para mejora su eficiencia energética o que en caso de uso de energía fósil se tenga que justificar por no existir otra alternativa posible y viable para su actividad. Se dejan fuera todas aquellas actividades que impliquen el consumo de carbón. El consumo medio anual de las industrias deberá haber sido igual o superior a 1 GWh los tres años anteriores.

Desde el sector gasista ayer expresaban su satisfacción por la posibilidad de abrir la opción de optar a estos certificados. Desde GasIndustrial destacaban que es “una buena noticia”. También que se abra la puerta a las industrias que no tengan más alternativa que el uso del gas para su actividad: “A lo mejor este impulso de los certificados de ahorro logra que se pongan en marcha más proyectos de eficiencia energética”.

Desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico se destaca que es un pao más en la buena dirección, tal y como ha quedado constatado en el primer año de funcionamiento del sistema de certificados de ahorro energético. Señalan que esta habilitación normativa que se incluye en la propuesta que ahora se presenta supone “sumar segmentos” de la actividad económica al ahorro y la eficiencia.