La negociación para cerrar el modelo de financiación singular para Cataluña sigue adelante en pleno estallido del caso Cerdán. El Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat de Cataluña que dirige el socialista Salvador Illa se sentarán el próximo lunes en una comisión bilateral en Barcelona donde se cerrarán los últimos flecos de un pacto por el que la comunidad autónoma acabará recaudando a largo plazo todos los impuestos que se generan allí. Según adelantó este jueves eldiario.es, el Ejecutivo central asume ya tal extremo y que el Estado se quede con un porcentaje de los mismos.

El proceso se hará, eso sí, de forma gradual. Se empezará por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en 2026, que recaudará ya la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) como ya estaba previsto. Pero a ese tributo que supone el 45% de la recaudación se irán sumando poco a poco otros que actualmente gestiona la Agencia Tributaria (AEAT).

Aunque el plazo para negociar concluía el 30 de junio, las partes antes citadas y Esquerra Republicana (ERC), decidieron extenderlo dos semanas más ante la tormenta desatada por los casos de corrupción que afectan a los dos últimos secretarios de Organización del PSOE.

La información adelantada por eldiario.es da por hecho también que se impondrá el principio de ordinalidad, que busca que Cataluña no reciba menos dinero por habitante que otras que hayan inyectado menos que ella a la caja común. Es una reivindicación histórica porque Cataluña es una de las regiones que recibe menos de lo que aporta. Y se incluyó como punto del acuerdo entre el PSC y la formación de Oriol Junqueras para la investidura de Illa.

Los presidentes socialistas de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page y Adrián Barbón, del Principado de Asturias, se han mostrado tradicionalmente en contra de que se apruebe el cambio de modelo, por lo que afecta al principio de solidaridad y la progresividad que siempre ha defendido su partido.

La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) avisa de que el modelo podría restar financiación a otras comunidades. Entre las gobernadas por el PP, ejecutivos como el gobernado por el andaluz Juanma Moreno apuntan ya al Tribunal Constitucional. García-Page avisó este jueves de que no se quedará "con los brazos cruzados". Será "el mayor atentado a la igualdad de oportunidades entre españoles", sostuvo.

Obligará a cambiar la LOFCA

Los cambios, en todo caso, requerirán de modificaciones normativas de calado, pues supone una profunda modificación del sistema por el que el Estado transfiere a las CCAA los ingresos que recaudan. El modelo -defiende el Gobierno- abre la puerta a que otras comunidades que lo soliciten adopten también este sistema. Algo con lo que atraer a socios como Compromís, que están en contra si no hay contrapartidas para la Comunidad Valenciana.

Para la oposición y muchos organismos de estudios económicos supone crear un régimen similar al concierto vasco y navarro. El sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) consideran que tiene difícil encaje en el actual modelo constitucional.

Próximamente se registrará en el Congreso una proposición de ley firmada por socialistas y republicanos catalanes. Y solo para transferir la gestión y recaudación del IRPF y otros tipos impositivos habrá que modificar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Algo que, a la vista de la aritmética parlamentaria, pondrá a prueba los apoyos con los que cuenta el presidente del Gobierno, que consiguió salir vivo de su comparecencia de este miércoles ante el Congreso de los Diputados.