La reforma del modelo tradicional de oposiciones para los cuerpos superiores de la Administración que prepara el Gobierno ha soliviantado a las asociaciones de altos funcionarios. Tras la polémica reforma del acceso a la judicatura que impulsa Félix Bolaños,el de Óscar López que impone un curso de dos años en escuelas de la Administración previo al examen de oposición ha sido recibidos con pocos halagos y muchas críticas.

"No creemos que vayan a mejorar la función pública y el servicio al ciudadano, sino que están intentando rebajar estándares para que se puedan cubrir vacantes aunque sea con gente menos preparada", explica a El Independiente Alberto Bravo, portavoz de la Federación española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca).

El nuevo sistema que prepara el Ministerio de Transformación Digital y de Función Pública mantendría los tradicionales ejercicios de oposición, pero obligará a los aspirantes de los grupos A1 y A2 (inspectores de Hacienda, administradores civiles, técnicos comerciales...) a realizar un curso de posgrado de dos años en escuelas que habilite el Ministerio antes de presentarse al examen final.

A esos cursos entrarán más candidatos de las plazas de funcionario que se oferten. Y los colectivos de funcionarios afectados se muestran inquietos porque el acceso a esas escuelas sea demasiado laxo y temen que en las posteriores oposiciones se eliminen ejercicios o se introduzcan cada vez más elementos de valoración subjetiva como la motivación o la empatía del candidato.

"Esto nos preocupa porque es una puerta de entrada a prácticas de nepotismo", dice Bravo. Es decir, al enchufe de familiares o amigos en determinados empleos públicos al margen del principio de mérito y capacidad. "Son elementos que no van en la línea de la mejora y la excelencia, sino que degradan el acceso en lugar de prestigiarlo", agrega sobre los puntos de la reforma presentada este lunes.

Desde la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) se muestran aún más duros y creen que el modelo "pretende que una 'selección' de personas que acceden a una escuela por medio de un examen de conocimientos generales, puedan luego -cuando ya se conocen sus nombres y apellidos- ser seleccionados para lograr la plaza en cualquier área competencial de la AGE, previamente diseñadas con una ambigüedad que roza el absurdo".

Los Inspectores, en guerra abierta con el Gobierno por la cesión de la gestión de impuestos a Cataluña, avisan de que "la captación de talento no puede implicar bajo ningún pretexto que se introduzcan criterios que se traduzcan en una desaparición de la actual objetividad que emana de nuestros sistemas de acceso a la función pública o en una rebaja de criterios para el acceso a la misma". "La injerencia política será una realidad sin precedentes en la democracia española", rematan.

El Gobierno ha plasmado sus intenciones en un documento llamado Consenso por una administración abierta. "Es un papel lleno de ambigüedades, palabras incomprensibles y vacías, incongruencias y conclusiones que entrañan un gravísimo peligro para el futuro de la función pública española", critican los Inspectores.

A ojos de las asociaciones de altos funcionarios, el posgrado impulsado desde la secretaría de Estado de Función Pública que dirige Clara Mapelli es "claramente insuficiente", pues conseguir una plaza de A1 requiere al menos dos años de preparación de la oposición con dedicación exclusiva. "Si van a estar por la mañana en el máster, el tiempo de estudio se va a reducir", reflexiona Bravo.

Los aspirantes que no obtengan la condición de personal funcionario de carrera tras realizar los dos años de curso, aunque lo hayan superado, podrán obtener un título de posgrado con carácter oficial. Es decir, se irán con un máster bajo el brazo.

No resuelve los problemas actuales

Desde Fedeca ven que los planes puestos encima de la mesa por Óscar López como "excesivamente ambiciosos sin haber solucionado antes los problemas actuales". El tránsito que parece dibujar el Gobierno podría tener similitudes con el modelo francés y su Escuela Nacional de Administración (ENA). Pero "no es tan sencillo, no tenemos la tradición de las escuelas de formación", agrega el portavoz de Fedeca.

Entre las asociaciones recuerdan cómo los procesos selectivos ordinarios se alargan ya en exceso desde que se convoca la plaza, se realizan los exámenes y se toma posesión. El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, asegura que la lentitud de esos procesos selectivos lleva "a que cada año caduquen miles de plazas por inactividad de las administraciones", y una tasa de reposición "que impide reforzar y dimensionar las plantillas".

Además, critican que no ha habido el consenso del que presume el Gobierno para acometer la reforma. Función Pública les ha convocado, denuncian, para contarles su modelo, no para que se pueda construir uno con sus aportaciones. De momento, el ministerio se reunirá la próxima semana con Fedeca. Pero "si no cuenta con el respaldo de los funcionarios, el plan estaría abocado al fracaso", concluye Bravo.