El Gobierno prepara cambios en el modelo de oposiciones de los funcionarios de mayor rango, los subgrupos A1 y A2 de la Administración General del Estado (AGE). La reforma prevé que tengan que realizar dos años de formación obligatoria en escuelas de posgrado antes de poder acceder a la plaza de funcionario.

Los aspirantes deberán realizar pruebas de acceso a esos institutos y escuelas de Función Pública, donde se medirá "su potencial". Con ello, el ministerio que dirige Óscar López espera poder "reclutar un número mayor de aspirantes que de plazas de personal funcionario".

Después, "se mantendrán las pruebas clásicas de la fase de oposición de cada cuerpo y escala con el fin de determinar la aptitud y establecer un orden de prelación entre los aspirantes hasta el total de plazas convocadas". Aquellos que no obtengan la condición de personal funcionario de carrera, pero que sí hayan superado el proceso formativo, podrán obtener un título de posgrado con carácter oficial.

Se diseñarán itinerarios formativos basados en el ecosistema competencial medidos en ECTS (120 ECTS para los cuerpos y escalas del subgrupo A1; 90 ECTS para el subgrupo A2; 60 ECTS para el grupo B; 30 ECTS para el subgrupo C1 y 10 para el subgrupo C2). La formación, en el caso de los C1 y C2 se recibirá en el puesto de trabajo.

"Se avanzará en un modelo consensuado que combinará el máximo rigor con la máxima igualdad de oportunidades, manteniendo la tensión competitiva entre los aspirantes y articulando alianzas con institutos y escuelas del espacio administrativo europeo", ha dicho la secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, en la presentación la estrategia de transformación de la Administración, titulada 'Consenso por una Administración Abierta'.

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes convocará anualmente un sistema de becas y ayudas al estudio con base en el real decreto de umbrales de renta y patrimonio familiar para garantizar "la igualdad de oportunidades entre los aspirantes".